Con más de 10 mil personas desaparecidas, Jalisco arrastra un rezago de más de dos años en la aprobación de las leyes para reforzar los trabajos de prevención, búsqueda y sanción de este tipo de delitos.El asunto no ha prosperado en el Congreso del Estado, y eso que fue heredado de la Legislatura local anterior a la actual. Y con casi dos años en el cargo, actualizar el marco legal para la atención de la problemática de las desapariciones forzadas y la atención a las víctimas no ha sido una prioridad para los diputados.Esto es todo lo que ha transcurrido sin que las leyes locales se hayan adecuado a las federales, lo que impide formalmente que las autoridades en Jalisco atiendan esta realidad como es debido.CASO GIOVANNILa manifestación del 5 de junio, tras la muerte del joven Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, ventiló una serie de irregularidades en el actuar del personal operativo de la Fiscalía del Estado que derivó en el arresto arbitrario de jóvenes que intentaron protestar a las afueras del edificio sede de esa dependencia.Los funcionarios fueron captados a bordo de vehículos no rotulados, armados con palos y sin llevar identificación alguna, amedrentando a los ciudadanos que se acercaban con pancartas al edificio ubicado en la Zona Industrial de Guadalajara.Según los testimonios recabados por algunos de los detenidos, éstos fueron ingresados a “jaulas” que hay en el interior de la Fiscalía, o bien llevados a puntos distantes de la ciudad para dejarlos allí y evitar que se manifestaran, como sí sucedió un día antes en el Centro tapatío.Esos eventos fueron calificados por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, como “ilegales y arbitrarios”. Los jóvenes, además, fueron despojados de sus teléfonos y amenazados.“Las detenciones fuera de protocolo y causa legal pueden calificarse como desapariciones forzadas al no tener información de su paradero (de los detenidos)”.Como medida cautelar, la Comisión pidió al Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, como la Fiscalía, entablar una mesa de diálogo con los familiares de las víctimas, asociaciones civiles, representantes de estudiantes y ciudadanía, con el fin de atender las exigencias a las protestas.JL
