Los diputados locales se tomarán un poco más de tiempo para revisar las reformas propuestas para endurecer sanciones por el homicidio de policías, y aunque tardaron más de un año para retomar el asunto, en el Poder Legislativo se dieron de plazo este mes para finalmente votar el tema.La reforma al Código Penal estatal, presentada por el diputado Salvador Caro, plantea aumentar el castigo en siete delitos cuando las víctimas sean policías. Además del homicidio, en el catálogo entran ilícitos como privación de la libertad, daño en las cosas, desaparición forzada, tortura, lesiones y hasta amenazas.La pena que se busca para los asesinos de policías es de 40 a 70 años de cárcel, que también aplicaría en agresiones contra defensores de derechos humanos, agentes del Ministerio Público y jueces. “Buscamos que los policías tengan respaldo institucional y se les reconozca como garantes de la vida, de la propiedad y del ejercicio de las libertades de los demás ciudadanos”.Salvador Caro confió que sus homólogos respaldarán que la reforma se apruebe este mes. El año pasado se presentó una iniciativa similar que no fue aprobada y se mandó al Congreso federal como acuerdo legislativo.Los diputados también presentaron un exhorto para solicitar que se reserve la información personal de los policías en las nóminas publicadas en los portales de transparencia, pues fueron detectadas algunas páginas de ayuntamientos en donde además del nombre también se revela su dirección y patrimonio.El diputado priista, Antonio López Orozco, presidente de la Comisión legislativa de Seguridad, apoyó la propuesta y restó importancia a que anteriores iniciativas no hayan prosperado. Dijo que la reforma en puerta debe considerar apoyo a policías de municipios del interior del Estado para darles seguridad social, mejorar su sueldo y darles el equipo necesario para desarrollar su trabajo. LA VOZ DEL EXPERTOFernando Espinoza de los Monteros (investigador de la UdeG)Incrementar las penas por el asesinato de policías no es una medida que resuelva el problema de fondo y sólo se centra en los efectos, afirmó el investigador. En su opinión, lo mejor es un cambio estructural en el modelo de seguridad: apostarle a la capacitación y el combate a la corrupción.“¿Para qué aumentas las penas si no vas a resolver nada? Los responsables de las administraciones deben invertir más en capacitación a los policías y desterrar la corrupción de las corporaciones. Muchas de ellas están involucradas con los criminales y eso puede motivar que los asesinen; bien porque están vinculados o porque no lo están”.El académico criticó las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado en materia de seguridad. Las calificó como planteamientos hechos “con el estómago y no con el cerebro”. Cuestionó los efectos que tendría la medida en una persona que vive en la ilegalidad y desafía a las instituciones.“Todo lo que sea aumentar penas es una tontería. Aumentando las penas no vas a resolver el problema, que es estructural y los diputados no saben lo que hacen. Es una reacción estomacal”.GUÍALa iniciativa que busca inhibir las agresiones en contra de representantes de la autoridad en el Estado llega tarde. Dentro de la administración en curso se han registrado casos graves que han cobrado la vida a oficiales de los tres niveles de Gobierno. Estos son algunos casos:Ataque a soldadosEn mayo de 2014, un vehículo oficial de la Sedena en el que iban seis soldados fue emboscado por un grupo armado en el municipio de Guachinango. Cuatro de los tripulantes murieron cuando los sicarios prendieron fuego a la unidad.Contra la GendarmeríaEn marzo de 2015, cinco agentes de la Gendarmería Nacional y seis civiles murieron en una agresión registrada en Ocotlán. La delincuencia organizada tendió una trampa a los agentes federales en una zona habitacional de la Colonia San Juan.Emboscada a la FURQuince oficiales de la Fuerza Única Regional (FUR) fueron asesinados en abril de 2015, cuando viajaban en convoy sobre la carretera Mascota-Las Palmas. Los homicidas se ubicaron sobre unas laderas y desde allí comenzaron a disparar al grupo cuando éste pasaba.Helicóptero abajoEn el arranque del “Operativo Jalisco”, en mayo de 2015, siete personas fallecieron. El cártel Nueva Generación bloqueó 39 puntos carreteros, 11 sucursales bancarias, cinco gasolineras y dos comercios fueron incendiados, y un helicóptero artillado de las Fuerzas Armadas fue derribado. Ocho soldados y un agente de la Policía Federal murieron en la agresión.En videoTres agentes de la Policía de Tlaquepaque fueron ejecutados a bordo de una camioneta sobre la avenida Revolución. La agresión, que quedó captada en video, hizo que el comisario de seguridad y el director operativo, Martín Maldonado y Gregorio Martínez, renunciaran. La alcaldesa, María Elena Limón, dejó en manos del Estado la seguridad del municipio.No reaccionaron a la coyuntura. En temas de seguridad, y en particular en garantizar la protección de los agentes policíacos del Estado, los integrantes de la actual Legislatura reprobaron.Mientras se apostó por incluir nuevos delitos en el Código Penal local e incrementar algunas de las penas, el aumento en los índices de robos y homicidios, la proliferación de fosas clandestinas y los ataques en contra de representantes de la autoridad no motivaron reformas.En una revisión hecha por este medio, se identificó que, durante los casi tres años de la LXI Legislatura, las modificaciones más resaltadas, en su mayoría, fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Un ejemplo: aumentar a 70 años el castigo por feminicidio.Otro caso fue la reforma para incrementar la pena por el robo con violencia de automóviles y el robo de autopartes.Por iniciativa de los legisladores, al Código Penal se añadieron sanciones por publicar en internet videos o fotografías íntimas sin el consentimiento de los involucrados, con pena de cuatro a ocho años de prisión.Otra reforma aprobada fue para castigar la instigación al suicidio, con sanción de tres a 10 años. En el caso de que se trate de un menor de edad, el castigo quedó en el rango de 20 a 40 años.Los legisladores también han avalado reformas para sancionar el robo de identidad o castigar el uso de armas de juguete al cometer un asalto. Incluso remitieron a la Cámara de Diputados solicitudes para hacer modificaciones al Nuevo Sistema de Justicia. Sin éxito, plantearon ajustes a artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y al Artículo 19 de la Constitución, que plantea los tiempos de detención ante la autoridad judicial.Antonio López Orozco, presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad, defendió el trabajo que han hecho y negó que su desempeño quede por debajo de las necesidades sociales ante el aumento de la inseguridad.La homologación de sueldos que se prometió a los policías del Área Metropolitana de Guadalajara desde el 1 de enero será un tema que deberán aterrizar la próxima administración estatal y la nueva Legislatura. El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Salvador Caro, refirió que eso y los cambios al modelo de seguridad estatal serán iniciativas que presentará el gobernador electo, Enrique Alfaro.El ajuste salarial a los policías metropolitanos se incluyó en el presupuesto de este año con una bolsa de 100 millones de pesos, pero no se aplicaron por las diferencias de opiniones entre los presidentes municipales y la administración estatal.El principal punto en el que no coincidieron fue que los recursos complementarios del subsidio sólo se utilizarían para cubrir 50% de la diferencia entre el sueldo homologado y el sueldo percibido antes de la homologación, lo que excluía conceptos como aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales.La Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) remitió al Congreso del Estado un oficio para solicitar que, en el presupuesto 2019, se incluyan recursos suficientes para la continuidad del programa de homologación salarial de los policías municipales. Salvador Caro Cabrera comentó que esperan que antes los ayuntamientos se pongan de acuerdo para retomar el asunto.
