Johannesburgo. Debido a las inundaciones que han causado por lo menos 448 muertos en la ciudad oriental de Durban y la provincia circundante de KwaZulu-Natal, Sudáfrica destinó 67 millones de dólares para ayudar a los damnificados, al declarar estado nacional de catástrofe. Las crecidas de agua y los aludes de tierra provocados por las intensas lluvias han dejado cerca de 4 mil viviendas destruidas y más de 40 mil personas han sido desplazadas, informaron este martes funcionarios provisionales. Según autoridades, más de 40 personas continúan desaparecidas y unas 600 escuelas han sufrido daños valuados en unos 28 millones de dólares. La llamada Operación Chariot ha desplegado a 10 mil elementos del ejército para ayudar con la búsqueda y rescate de los desaparecidos, para la entrega de alimentos, agua y ropa a los damnificados, así como para reconstruir las carreteras y puentes colapsados. Además, se han enviado camiones cisterna con agua potable a las zonas donde se ha interrumpido el servicio, y los equipos están trabajando para restablecer la electricidad en las zonas afectadas. El presidente Cyril Ramophosa culpó al cambio climático por las lluvias sin precedentes, las más intensas en al menos 60 años. Al anunciar el estado del desastre en un discurso televisado el lunes por la noche, Ramaphosa prometió que los fondos del gobierno para las víctimas de las inundaciones no se perderán debido a posibles actos de corrupción. "No puede haber lugar para la corrupción, la mala gestión o el fraude de ningún tipo", aseguró Ramaphosa. "Gracias a lo aprendido de la experiencia durante la pandemia de COVID-19, estamos reuniendo a varias partes interesadas para que formen parte de una estructura de supervisión que garantice que todos los fondos desembolsados para responder a este desastre se contabilicen adecuadamente y que el Estado reciba una buena relación calidad-precio", afirmó. Ramaphosa habló después de que la Unidad de Investigación Especial del Estado descubriera actos de corrupción con fondos estatales que se suponía ayudarían a la nación a responder a la pandemia de COVID-19. El exministro de Salud Zweli Mkhize renunció después de que la investigación descubriera que empresas vinculadas a su familia se beneficiaron de contratos inflados. SE
