Nueva York se convirtió el martes en el primer estado de Estados Unidos en declarar una emergencia generada por la violencia con armas de fuego, y aprobó dos legislaciones que limitan su venta y responsabilizan a sus fabricantes de las consecuencias de actos cometidos con ellas."La única industria en Estados Unidos de América que es inmune a las demandas son los fabricantes de armas, pero ya no defenderemos más eso", dijo el gobernador Andrew Cuomo al firmar una ley que pone fin a la inmunidad de los productores frente a demandas legales, en momentos en que la criminalidad está en alza tanto en Nueva York como en el resto del país.Cuomo también ratificó otra ley que prohíbe la venta de armas a personas con órdenes judiciales activas por haber cometido una ofensa seria o un delito, "cerrando el destructivo vacío legal de (la era del expresidente republicano Donald) Trump", añadió.La declaración de emergencia considera a la violencia con armas de fuego en el estado de Nueva York como una crisis de salud pública y permite canalizar recursos del estado a las comunidades más afectadas para hacer frente al problema de manera inmediata, precisó Cuomo en un comunicado."Si miran las últimas cifras, hay más gente que muere por armas de fuego y criminalidad que por COVID. Es un problema nacional que debemos afrontar, porque de eso depende nuestro futuro", sostuvo el gobernador."Como con el COVID, Nueva York va a dar el ejemplo al resto del país con un acercamiento global", añadió.La nueva estrategia contempla la creación de una oficina de prevención de violencia con armas de fuego y requiere a las comisarías compartir información sobre incidentes para ubicar las zonas más problemáticas de manera semanal y desplegar recursos donde más se necesite.También prevé una inversión de más de 138 millones de dólares en programas de intervención y prevención. Una nueva unidad de la policía estatal intentará evitar el contrabando ilegal de armas hacia Nueva York desde otros estados, y reforzará una colaboración con la Facultad John Jay de Justicia Penal para ayudar a las ciudades a implementar reformas policiales.JM
