Desde el viernes ocho de agosto, cuando trascendió la orden ejecutiva secreta para enviar tropas estadounidenses a países extranjeros para combatir narcoterroristas, la presión de Estados Unidos a México ha ido en aumento durante la última semana, luego del aparente entendimiento entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump, por el aplazamiento de 90 días en la aplicación del 30 por ciento de aranceles que entrarían en vigor el primer minuto de este mes.Se combinaron las alertas de viaje a sus connacionales para todo el país, excepto Yucatán y Quintana Roo; el envío de aeronaves no tripuladas; y la petición de nuevos traslados de capos del narcotráfico presos en México, como ya había pasado en febrero con otros 29, entre los que figuraba Rafael Caro Quintero; hasta que cerró el viernes pasado con la afirmación de que México hacía lo que Estados Unidos le dijera.En este contexto, y dentro de esta más reciente escalada de reclamos, se dio también el anuncio del miércoles pasado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre la sanción impuesta a 13 empresas acusadas de ser cómplices del Cártel de Nueva Generación para cometer fraudes inmobiliarios, principalmente de tiempos compartidos, además de un despacho de contadores, otro de operadores turísticos y hasta un taller de laminado automotriz en Puerto Vallarta, Jalisco. Negocios todos que habrían tenido relación directa o indirecta con Michael Ibarra Díaz Jr., Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, a quienes también sancionó el Tesoro de Estados Unidos con el bloqueo de sus cuentas y de las que tengan alguna relación comercial con ellos, por su presunta relación con la delincuencia organizada.La primera acusación de las estafas inmobiliarias que estaba cometiendo la delincuencia organizada la hizo el gobierno estadounidense en 2023. Desde entonces, como ahora, la Fiscalía de Jalisco asegura no tener ninguna denuncia contra las empresas señaladas.El jueves de la semana pasada, sin embargo, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, reconoció que ya comparten información y colaboran con las autoridades estadounidenses por el caso de los ocho jóvenes que trabajaban en un call center y que fueron plagiados en marzo de 2023, apareciendo días después sin vida en un barranco de Zapopan. Aunque no está esclarecido aún este multihomicidio, hay hipótesis de que pudiera estar ligado a esta trama de corrupción y actividad delincuencial.Se repitió, pues, la tendencia de que de las actividades de los grupos delincuenciales en nuestro país (como este negocio ilícito de 300 millones de dólares que ha afectado al menos a seis mil personas) siempre se enteran primero en Estados Unidos antes que la Fiscalía federal o las estatales, en este caso la de Jalisco, situación que alimenta la narrativa de Trump de que en México no se combate el crimen organizado porque las autoridades les temen.jbarrera4r@gmail.com
