Sábado, 20 de Abril 2024

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Un martillo para obtener confesiones en la Unidad Antisecuestros

Por: Isaack de Loza

Un martillo para obtener confesiones en la Unidad Antisecuestros

Un martillo para obtener confesiones en la Unidad Antisecuestros

Por donde se le analice, esta historia resulta horrible. Sus aprehensores se convirtieron en verdugos, la autoridad se volcó en su contra y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco advirtió del caso nada más 11 años después de que prácticamente todas las instituciones le pasaran por encima.

A la víctima la vamos a llamar Roberto. En la Recomendación 030/2023 de Derechos Humanos evidentemente se elimina el nombre para evitar que alguien más lo pisotee.

El tema es que, en agosto de 2010, Roberto afirma que se encontraba privado de la libertad en un hotel ubicado en Zapopan, que un grupo del crimen organizado se lo llevó y lo mantuvo ahí. Por “fortuna”, el día 26 de ese mes, personal de la Unidad de Combate al Secuestro, que entonces pertenecía a la extinta Procuraduría de Justicia, llegó a “rescatarlo”.

El mismo Roberto narra que, lejos de salvarlo de la reclusión, los elementos lo llevaron a un anexo de la Procuraduría donde lo vendaron de los ojos, lo ataron de los pies y lo golpearon en las manos con un martillo. ¿Con qué motivo? Para que él reconociera que había cometido dos secuestros y ser miembro del crimen organizado.

Por el terror de que lo siguieran torturando, o bien, que lo mataran, terminó por reconocerse como miembro de “la maña”.

Evidentemente, ningún abogado estuvo presente y, de la manera más sencilla, lo llevaron a prisión. Once años han pasado desde entonces, y ningún juez se ha tomado la molestia de revisar su expediente. Simplemente lleva más de una década en prisión y, aunque existe un dictamen especializado en psicología y medicina conforme al Protocolo de Estambul, sus papeles se encuentran debajo de una pila eterna, o como lo llaman los jueces: “en periodo de juicio”.

Roberto señala a Octavio Rizo García, quien según su declaración “fue el directamente responsable de ordenar, ejecutar, materializar, tolerar y cesar cuando él creyó conveniente la tortura”, y a otra persona a quien sólo pudo identificar por un lunar en la cara. Esto, debido a que logró verla a través de los huecos que había en las vendas con las que le taparon la vista.

La queja, con pruebas fundamentadas, se presentó el 11 de octubre de 2021, pero ésta la derivó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dieciséis días después, Derechos Humanos Jalisco acudió a Puente Grande para entrevistarse con él y se admitió el 8 de noviembre. Citó al agente del Ministerio Público Octavio Rizo García, pero éste simplemente ignoró a la defensoría y nunca se presentó a dar su versión.

Para enero de 2022, un policía investigador identificado como Gustavo Martínez, quien cuenta con una recomendación de 2018 y dos expedientes de quejas, negó “tajantemente” cada aseveración de Roberto, aunque reconoció que sí tuvo contacto con la víctima. Éste asegura que se actuó conforme al protocolo y que, al entrar a la habitación del hotel donde estaba un hombre secuestrado, dos personas se arrojaron desde una altura de seis metros. Lastimados, ambos sospechosos fueron aprehendidos con facilidad. Uno de ellos, afirmó, era Roberto.

El investigador añadió que las heridas en las manos que tenía Roberto eran por la caída y no porque le estrellaran un martillo en ellas, y que en los interrogatorios siempre estuvo presente su abogado. Esa versión fue respaldada por otros elementos: Luis Fernando Ceballos, Luis Limón Hernández y Carlos Roberto Prado.

Fue hasta junio de 2022 cuando el encargado de la Comisaría de Sentenciados entregó el expediente clínico de Roberto a la Comisión. Ésta última indagó y dio con una pesquisa a la par que realizaba la Fiscalía Anticorrupción. Ahí encontraron la entrevista inicial que se le hizo a la víctima, en donde narró a detalle la tortura que padeció a manos de los investigadores.

El dictamen de mecánica de lesiones que se realizó entonces corroboró su versión: las heridas en sus manos fueron “por agentes contundentes”. Luego, dos dictámenes médicos psicológicos concluyeron que “existe evidencia suficiente de hallazgos relacionados a posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Derechos Humanos tomó en cuenta que el Comité contra la Tortura de la ONU también había constatado que esta “era una práctica común y generalizada” para que los detenidos aceptaran que cometieron delitos. Y, por si fuera poco, a Roberto no se le hicieron los exámenes médicos justo después de su arresto ni se reportaron lesiones en él. Por esas pruebas, la defensoría afirma que “no existe evidencia que demuestre las afirmaciones de los servidores públicos”.

La Comisión también le hizo una prueba psicológica a la víctima, en la cual confirmó que no hay trastorno por estrés postraumático, pero sí secuelas emocionales permanentes en su estado emocional y psicológico. En suma, se concluyó que sí fue torturado para que reconociera que era un secuestrador.

La conclusión, fuera del delito por el cual se le acusa y por el que no ha sido sentenciado, es que los entonces miembros de la Procuraduría sí violaron su derecho humano a la integridad y seguridad personal por tortura. Cometieron un crimen.

Ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exige una justa reparación integral del daño para Roberto, ya que sufrió un detrimento físico, mental y emocional al ser martillado en las manos por agentes del Estado. Por ello, pidió atención médica y psicológica, una disculpa pública del titular de la Fiscalía en la que se acepte la responsabilidad de sus elementos, que se cubran gastos médicos y mentales, y se garanticen medidas de no repetición.

Eso, y sancionar a los servidores públicos que, por la naturaleza de sus actos, no deberían estar en una tarea operativa que involucre martillos para obtener confesiones. Y acá quedamos a la espera del procedimiento de responsabilidad administrativa contra Gustavo Martínez Díaz, Luis Fernando Ceballos Guerra, Luis Limón Hernández, Carlos Roberto Prado Sánchez y Octavio Rizo García, quienes ya están inscritos en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos.

Y sí: acá nos quedamos en esta realidad Kafkiana donde todo absurdo puede ser superado con una facilidad sorprendente y, sobre todo, aterradora.

isaac.deloza@informador.com.mx
 

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