Como era de esperarse, la irritación social que hoy como nunca antes se expresa en las redes sociales, inundó el escenario público inmediatamente después de que la Fiscalía General de Jalisco reveló el espeluznante final de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) raptados desde el 19 de marzo pasado en Tonalá.Es la prueba de la más grave crisis de credibilidad en las instituciones públicas, por la que atravesamos, por años y años de ineficiencias, abusos, corrupción impune e infiltración delincuencial en y de la clase política y gubernamental que las maneja.Al Gobierno estatal se le exigió encontrarlos con vida. Investigar y resolver el caso. No lograron lo primero. La inédita movilización por estas desapariciones, además de visibilizar y sensibilizar este añejo y creciente problema en Jalisco, ejerció desde el día del secuestro de los estudiantes una enorme presión a las autoridades. Por eso se hicieron múltiples diligencias. Como debiera ser en todos y cada uno de los casos. La línea de investigación que ligaba al narco en la tragedia se consolidó desde los primeros días pero se guardó por los reclamos de no criminalizar a las víctimas ni revictimizar a sus familiares. Días atrás el recién nombrado fiscal para Desaparecidos, José Raúl Rivera, me decía que encontró un trabajo serio e intenso de investigación por este suceso criminal en la Fiscalía. Que en Chile y Argentina, donde históricamente operan los más experimentados equipos de búsqueda de desaparecidos, tardan entre dos y tres meses para resolver las desapariciones, por lo que consideraba extraordinaria la labor de los policías investigadores de la Fiscalía. Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la organización social Alto al Secuestro, reconoció también que hubiera detenidos por el caso ante la casi absoluta impunidad que reina en el país. El problema es que entre los familiares de las víctimas y organizaciones sociales que por años han luchado contra las desapariciones todos ponen en entredicho la investigación.Para los agraviados, se trata de una nueva versión de “verdad histórica” que el Gobierno estatal fabricó para salir del paso, tal y como se reclamó al Gobierno federal por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tienen, desde luego, todo el derecho, incluso, la razón en dudar. En ese sentido, las autoridades deben no sólo aceptar, sino facilitar en todo lo que esté a su alcance, el trabajo de los peritos independientes, que como en el caso Iguala, quieren traer los familiares de las víctimas.La CEDHJ debe ser la garante de estos derechos y quien revise la actuación de las autoridades civiles y policiales en este episodio, para confirmar o corregir la investigación oficial, con el absoluto respeto al principio que la justicia no es cuestión de mayorías.jbarrera4r@gmail.com
