Como ya se habrá quizá dado cuenta usted, lector, el día de ayer dizque arrancaron las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, (AISL) aeropuerto que por cierto seguramente terminará como elefante blanco o, en el mejor de los casos, como una ampliación innecesaria del militar, actualmente ahí ubicado. Porque terminaría estorbando en lugar de ayudar al ya rebasado desde hace años AICM. Las 8 suspensiones definitivas dentro de los más de 100 amparos interpuestos que las tenían detenidas, fueron levantadas, se presume, bajo una presión indebida del Presidente mediante la Defensa Nacional. Sin embargo, es muy importante hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, de acuerdo con el colectivo #NoMasDerroches, los litigios se seguirán hasta su conclusión.Además, los requisitos incumplidos para su construcción ahí siguen y de continuar adelante con las obras se estarían incurriendo en verdaderos ilícitos. #NoMasDerroches nos advierte de los siguientes: “El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. La Sedena evidentemente no cumple con este requisito. No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado. Aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie. La empresa NAVBLUE SAS no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal. No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la SEMARNAT en la Autorización de Impacto Ambiental. No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social. Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez.”Además, el propio colectivo de nuevo hace un extrañamiento por la reserva hecha por la Sedena en septiembre sobre toda la información del proyecto por lo menos hasta finalizar el sexenio, fundándose en que pudieran cometerse “delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”. Se preguntará el lector si es en serio. Sí, lo es.Evidentemente todo esto vuelve a confirmar el carácter poco aseado, obscuro, poco o nulo acatador de la Ley y la Constitución, por parte del gobierno federal lopezobradorista. Yo no se quiénes serán los valientes, pero también imprudentes y quizá ignorantes o valemadristas funcionarios públicos incluyendo militares, que se animarán a autorizar y firmar tanta ilicitud, aún sabiendo que cargarán responsabilidades desde penales, administrativas y civiles, poniendo en riesgo tanto su libertad, como su patrimonio, o la posibilidad de continuar sirviendo como tales.En resumen. Esas 8 suspensiones definitivas se cayeron. Eso no implica que pueda haber otras. Aun así, los más de 100 amparos siguen su curso esperando la autoridad y los jueces no los alarguen deliberadamente. Y ponerse a construir así como están las cosas representaría una incontable cantidad de sanciones a los funcionarios públicos que intervengan. Ahí sabrán.
