Domingo, 19 de Enero 2020
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Recuperar los derechos humanos

Por: Mario Luis Fuentes

Recuperar los derechos humanos

Recuperar los derechos humanos

México es un país en el que de manera sistemática se ha incumplido, de manera generalizada, un amplio número de derechos humanos, y de manera señalada, esto ha ocurrido en el ámbito de los derechos económicos, sociales ambientales y culturales de la población.

El orden jurídico nacional es ampliamente protector en ese sentido; y constituye un marco de referencia, pero también de mandatos específicos para el Estado mexicano en su conjunto. De manera lamentable, aún cuando ya casi ha transcurrido una década desde la reforma constitucional de junio de 2011 en esta materia, la comprensión de lo que implica el contenido de los artículos 1º, 4º y 26º de la Constitución, no ha permeado, ni en las estructuras del gobierno federal, ni mucho menos en las de los gobiernos estatales y municipales.

Luego de la polémica designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del reiterado señalamiento del presidente de la República respecto de que este organismo no fue sino “tapadera” de los gobiernos anteriores, es de singular relevancia avanzar decididamente en su fortalecimiento, pero también de los organismos estatales de protección de los derechos humanos. Porque si algo es cierto es que son pocos los organismos que, en las entidades de la República y la Ciudad de México, constituyan referentes destacados en cuanto a su autonomía y capacidad de incidencia en las decisiones públicas.

El día de mañana, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con el propósito de mantener vigente la aspiración global de que sean éstos los que sirvan de base para construir sociedades de bienestar y de paz; y para que los valores de la fraternidad, la igualdad y la libertad sean los pilares sobre los que se construyan sólidas democracias que garanticen las mejores condiciones de vida posibles para todas y todos.

Desde esta perspectiva es importante recuperar el conjunto de mandatos constitucionales que tenemos en esta materia, pues si un reto tiene hoy la sociedad civil, organizada y no organizada, y en lo particular cada una de las y los ciudadanos de nuestro país, se encuentra en cumplir con los derechos humanos, coadyuvar con los demás a hacerlos efectivos, y desarrollar las capacidades para la exigencia individual y colectiva al Estado para su cumplimiento.

Lo anterior es relevante porque, a pesar de que cada gobernante tiene una visión de la realidad, lo cierto es que esa visión no pude ni obviar ni ir en contra de lo que dice la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 26 se establece que “Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática”.

Si se es estricto en la interpretación de este artículo, los fines del desarrollo nacional no pueden ser otros sino el cumplimiento universal, integral y progresivo de los derechos humanos, en concordancia con lo que establece el artículo 1º, el cual dice, en su tercer párrafo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

Por todo esto, no debería haber duda de que todos los programas y acciones públicas, cada peso que el Estado mexicano eroga, debe tener como meta cumplir uno de los dos grandes objetivos establecidos en la Constitución: a) Garantizar a plenitud los derechos humanos; o, b) fortalecer y potenciar a la democracia como forma de vida.

Lograr la urgente y rápida reducción de la mortalidad evitable en México, avanzar decididamente hacia la erradicación de la pobreza; atemperar las desigualdades; garantizar cobertura universal en educación y salud, con calidad y pertinencia; garantizar las libertades públicas desde el criterio más amplio posible, son todas metas obligadas del gobierno federal, pero también, debe insistirse, de los gobiernos estatales y municipales.

Necesitamos avanzar hacia nuevos mecanismos para el diseño de presupuestos públicos y de programas que los ejecuten de manera adecuada con el propósito de garantizar perspectiva de género, perspectiva de igualdad y no discriminación y perspectiva de los derechos de la niñez, todo ello como ejes transversales de las políticas y programas públicos. Si esta administración lo logra, podríamos estar, en serio, ante la posibilidad de cimentar un auténtico cambio de régimen.

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