A principios de mes, el gobernador Enrique Alfaro reclamó fuerte al gobierno federal, pero en particular al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su oposición a que el gobierno de Jalisco adquiriera pruebas rápidas para la detección del COVID-19.Sugirió incluso que el funcionario federal pudiera incurrir en el delito de traición a la patria si se descubría que su rechazo al uso de los test rápidos se debiera en realidad a la intención dolosa de tratar de maquillar las cifras y ocultar la verdadera dimensión de la pandemia de coronavirus en México.En aquel momento López-Gatell no se enganchó en la provocación y simplemente argumentó que en la estrategia nacional para enfrentar esta emergencia sanitaria no se utilizaban esas pruebas rápidas porque no eran cien por ciento confiables para la detección del nuevo virus. Se remitía al hecho de que la FDA (Food and Drug Administration) no les daba su aval completo sino una “Autorización de Uso de Emergencia”, porque estaba comprobado que habían dado registros de “falsos positivos” o de “falsos negativos”.Ante la insistencia del gobierno de Jalisco de la necesidad de adquirir estos reactivos y salir a buscar los casos de COVID-19, sobre todo los asintomáticos, para medir el tamaño real de la pandemia, y por el desacuerdo con la estrategia nacional que mantiene a México como el país en el que menos pruebas de detección del virus se aplican por cada millón de habitantes, se pidió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) analizar el grado de confiabilidad de las pruebas rápidas que se querían aplicar.El gobierno estatal no esperó el dictamen final que el InDRE daría a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que emitiera o no los permisos de importación de las pruebas rápidas, y junto con la Universidad de Guadalajara lanzaron la semana pasada el Plan B de la aplicación masiva de pruebas, denominado estrategia Radar Jalisco, para aplicar no los reactivos rápidos, sino 500 pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) al día, con una inversión de más de 47 millones de pesos para la ejecución de 12 mil pruebas, en vez del plan inicial de aplicar 20 mil test rápidos a un ritmo de 600 diarios.Pues bien, el lunes pasado el InDRE finalmente emitió su dictamen, en el que si bien no aprueba las pruebas rápidas de anticuerpos como las que pretendía comprar el gobierno estatal, sí avaló las pruebas PCR en tiempo real Xpert Xpress, que dan resultados en 45 minutos, para la detección del coronavirus.Quedó así cerrado el debate y abierta la posibilidad de que la Cofepris le dé luz verde al gobierno de Jalisco para la importación de estás pruebas que complementen su estrategia de detección en marcha y se siga por la ruta correcta que se ha transitado hasta hoy en el manejo de la contingencia.jbarrera4r@gmail.com
