Jueves, 22 de Octubre 2020

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Participación ciudadana... Va

Por: Laura Castro Golarte

Participación ciudadana... Va

Participación ciudadana... Va

A pesar de que hemos avanzado, mal que bien, a tiros y a tirones, en la construcción de una cultura democrática en México, resulta que, en general, los ciudadanos no estamos muy acostumbrados a que se nos convoque para tomar en cuenta y en serio nuestras opiniones. 

Hemos sido testigos, eso sí, sexenio tras sexenio, de ejercicios simuladores como las famosas y costosísimas consultas para el plan nacional de desarrollo, por ejemplo; replicadas luego en los gobiernos de los estados y de los municipios con la instalación de mesas y toda una parafernalia protocolaria e innecesaria que daba la idea de que sí se atendían las demandas ciudadana expuestas directamente por la sociedad civil.

Para esos planes y para otros, en cuyas aperturas e inauguraciones gobernantes de todos los partidos se han llenado la boca asegurando que impulsaban la participación ciudadana, se dizque convocaba, pero a la hora de la hora, nada era considerado realmente porque ya tenían los documentos enjuagados, lavados, planchados y listos para usar en sus portafolios o escritorios.

La evidencia más clara de que todo esto era pura simulación, teatro y faramalla, es que las demandas auténticas y urgentes de la sociedad empezaron a expresarse en marchas, mítines y plantones para exigir respuestas por los agravios derivados de omisiones y abusos de las autoridades.

Y entonces la clase política, tan pronta a incluir en sus discursos la importancia de la participación de la sociedad civil y del desarrollo democrático, empezó a criminalizarla y a descalificarla; y cuando vio que no era fácil, decidió infiltrarla para, desde adentro, boicotear los movimientos, para desvirtuarlos, para tergiversar las causas y manipular a su antojo con la clara intención de dividir a la población. Lo hemos visto en movimientos estudiantiles, desde hace décadas, dolorosamente; en movimientos feministas; entre los que defiendan causas ambientales, de derechos humanos en general o que combaten la globalización; en las manifestaciones de maestros y en otros movimientos sociales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. 

Hacer esta consulta es constitucional y a partir de lo que resulte, se llevarán a cabo las acciones pertinentes. ¿Dónde está el problema? ¿Qué causa confusión? 

En respuesta a tendencias mundiales, para no ser cuestionados o juzgados por la comunidad internacional, supongo, México ha avanzado en la reforma y creación de instituciones democráticas y progresistas que forman parte del andamiaje democrático en el mundo: comisiones de derechos humanos, organismos ciudadanizados de acceso a la información pública y para organizar las elecciones, mecanismos para la rendición de cuentas, tribunales, fiscalías, procuradurías y, por supuesto, mecanismos para alentar la democracia participativa específicamente con el diseño (barroco y complicado como todo lo que quieren dizque abrir a la sociedad) de mecanismos o herramientas como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la consulta ciudadana. Cada una tiene sus especificaciones, métodos y protocolos y varías de un estado a otro, pero así en general.

Bueno, porque son complejas o porque no estamos acostumbrados o porque pensamos que a la hora de la hora ni van a tomar en cuenta nuestras opiniones, por desconfianza, se usan apenas. Quizá es una combinación de poco de todo, o mucho.

La cuestión es que ahora, que se abre la posibilidad de una consulta popular con la intervención a favor de los tres poderes del Estado mexicano: Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay quienes señalan y confunden. A estas alturas por supuesto, con estos antecedentes, el lector sabe a dónde voy: el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la realización de una consulta para preguntar a los ciudadanos mexicanos si estamos “de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes, con apego al marco institucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas”.

Hacer esta consulta es constitucional y a partir de lo que resulte, se llevarán a cabo las acciones pertinentes. ¿Dónde está el problema? ¿Qué causa confusión? Es para celebrar. Por primera vez se plantea un asunto de esta magnitud y se nos van a tomar en cuenta, tendrá que ser un ejercicio impecable, la consulta y lo que venga después.

Por un lado, la SCJN deja la puerta abierta para la participación ciudadana, el Presidente defiende ese derecho y lo reconoce con todo y que consideró “genérica” la nueva pregunta sin los nombres de los expresidentes (se amplió a “actores políticos”; mejor); y, por otro lado, se reconstruirá la memoria colectiva sobre los delitos del pasado con la idea de que sea un proceso de catarsis sí, pero también de desagravio y, sobre todo, de justicia.

lauracastro05@gmail.com

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