El enfrentamiento entre dos grupos armados en la exclusiva zona de Andares, Zapopan, donde un hombre fue privado de la libertad, otro falleció y tres más resultaron heridos, confirma una vez más, por si alguien tuviera duda, del estado de guerra que viven Jalisco y el país.La “normalización” de los eventos de este tipo nos hacen perder de vista la gravedad de lo que ocurre. No es normal que en una zona habitacional (sea de ingresos altos o bajos) ocurra un enfrentamiento entre casi dos decenas de personas con intercambios de disparos, heridos, fallecidos y personas secuestradas. En este enfrentamiento hubo civiles, ajenos al conflicto, heridos (dos meseros del restaurante donde ocurrieron los hechos), y por fortuna nadie más resultó con lesiones o perdió la vida. Pero pudo ocurrir.No hay semana que no ocurran enfrentamientos de esta escala y magnitud, como el que ocurrió la semana pasada (3 de febrero) en la Colonia Lázaro Cárdenas, al Sur de Guadalajara, donde una brigada de la Guardia Nacional se enfrentó a un grupo de presuntos delincuentes, ocasionándoles la muerte. No cualquier muerte. Aunque circularon de modo indebido (las imágenes de los heridos o fallecidos no deberían reproducirse), las fotografías de los cuerpos de los presuntos delincuentes indicaban un despliegue de fuego armado de la Guardia Nacional aparentemente innecesario. Las imágenes de los cuerpos destruidos en la Colonia Lázaro Cárdenas bien pudieron tomarse en Afganistán, Siria o Yemen, zonas del mundo donde claramente hay conflictos bélicos bien establecidos.Y esto es lo que ocurre casi de manera cotidiana en Jalisco, no se trata de simples noticias de nota roja tradicional, del robo en el barrio, o del asesinato entre dos vecinos en conflicto. Se trata de episodios de otra magnitud y envergadura que rebasan la violencia que teníamos antes de que se declarara la guerra contra las drogas. No son, o deberían ser, meras notas rojas sino partes de la guerra que estamos padeciendo en Jalisco. Los vecinos de la Colonia Lázaro Cárdenas relataron que vivieron horas de angustia y terror; varias casas de la zona quedaron con impactos de bala. “Nos tiramos pecho tierra porque estaban como unos cinco metros de nosotros y empezaron a tirar, y duró como 45 minutos el enfrentamiento. Uno de ellos se les resistía, no se detenía ya hasta que lo lograron matar, pero después de 45 minutos”, narró una vecina a Román Ortega del diario El Occidental. Sólo para comparar, la refriega en Andares duró menos de cuatro minutos. No sólo los enfrentamientos entre grupos armados privados o entre estos y fuerzas de seguridad. Parte de la guerra que vivimos son la epidemia de desaparición de personas que tiene a Jalisco en los primeros lugares nacionales.Apenas el lunes pasado la señora Eva Ochoa dio a conocer que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le entregó los restos de su hijo Miguel Ángel Franco Ochoa. Miguel Ángel, un joven sordomudo que trabaja en una taquería en Tlaquepaque, fue privado ilegalmente de la libertad el 15 de mayo de 2019 junto a otras cuatro personas más. Se trató de una desaparición masiva que ninguna fuerza de seguridad impidió. Como tampoco el asesinato y desmembramiento de los cuerpos que quedaron en una fosa clandestina cuatro días después de su desaparición. A pesar de ya estar en el forense, las partes del cuerpo de Miguel Ángel fueron entregadas 16 meses después de a la atribulada madre. Miguel Ángel sufrió también la desaparición del Estado.Todos estos hechos, estos partes de guerra, son la terca realidad que viene a desmentir el discurso del Gobierno del Estado de que la inseguridad y la violencia van a la baja. Apenas el pasado 3 de febrero el gobernador Enrique Alfaro Ramírez divulgó un mensaje en redes sociales en el que enfatizó las cifras e indicadores a la baja de ciertos delitos. Y qué bueno que el patrimonio de los jaliscienses esté resguardado. Lamentablemente la vida de los habitantes de este Estado se encuentra en riesgo cotidiano por esta guerra que vivimos y que el gobierno se niega a reconocer y es incapaz de parar o detener por incapacidad o complicidad de algunos integrantes del aparato de gobierno.
