Luego de lo que vimos el mes pasado en el atraco de la Legislatura LXII al Consejo de la Judicatura con la violación de la convocatoria y de la recién aprobada Reforma Judicial, para la imposición de dos consejeras y un consejero en ese órgano colegiado, no podemos estar seguros de si el haber tenido una Ley de Designaciones Públicas, como estaba prometido por diputados y diputadas, lo hubiera evitado.Si algo quedó claro es que si para algo es buena la mayoría de las y los legisladores de todos los colores es para ponerse de acuerdo entre ellos y de espaldas a los ciudadanos que dicen representar, darle la vuelta a la Ley con triquiñuelas y repartirse el botín de puestos públicos, beneficiando a sus incondicionales, aunque no sean los de mejor preparación, capacidad y reputación.Pese a este tropiezo y nueva burla que nos propinaron desde el Congreso, la renuncia esta semana de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fela Pelayo, por ostentar un grado académico que no tenía y que la norma exigía como requisito para ocupar ese cargo, y que fue como la gota que derramó un vaso que ya estaba lleno de reclamos de grupos feministas a los que su trayectoria y labor nunca convenció, debe hacernos no quitar el dedo del renglón, y exigir que en el Congreso local legislen ya esta Ley, que al menos sería un candado más para contener la voracidad y seguir combatiendo la visión patrimonialista que tiene nuestra clase política y gubernamental de los puestos que ofrece la administración pública. La Ley de Designaciones Públicas, cuyo objetivo sería acabar con la siempre dominante lógica de los influyentismos, para darle a los cuates puestos aunque no cumplan los requisitos legales, o para colocarlos de acuerdo a los pactos en lo oscurito de los partidos políticos como cuotas de poder, está contemplada en la Reforma Anticorrupción 2.0, cuyo dictamen duerme el sueño de los justos en los sótanos naranjas del Congreso local desde principios de diciembre del año pasado.No extraña que se mantenga ahí celosamente custodiada para evitar su dictaminación en las comisiones legislativas y su aprobación en el pleno, por tratarse de una iniciativa ciudadana, contraria a los intereses de la partidocracia, fruto del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo del 2019 el líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara.Hace un año, la Legislatura LXII simuló apertura y aceptó transitar esta propuesta en un proceso de parlamento abierto, para lo que instaló seis mesas de trabajo en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados, y que concluyeron sus trabajos en julio pasado. No debe haber pretextos, pues, para que de una buena vez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, y su correligionaria Mirza Flores, diputada que presidió el parlamento abierto, liberen el dictamen que debe ser aprobado ya y de forma unánime. De lo contrario habrá que sumar otra farsa y fraude mas tejido en la Avenida Hidalgo 222 y anotar bien quiénes son sus principales inquilinos.jbarrera4r@gmail.com
