Estamos en el pico más alto de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace un año en Wuhan, China, y en medio de una de las crisis sanitarias más severas y difíciles que ha enfrentado la humanidad, las esperanzas se están depositando en producir, distribuir y aplicar lo más rápido las vacunas que ya han mostrado efectividad para prevenir el contagio del virus. Pero aún en medio de esta catástrofe sanitaria, el capitalismo reacciona como es su naturaleza: obteniendo ganancias y lucro de la crisis de salud. Si de verdad se quiere ganar terreno frente a la pandemia a lo largo de este año, debe haber una producción y distribución equitativa y suficiente para que la mayoría de los países apliquen la vacuna a la mayor cantidad de su población posible. Pero esto no está ocurriendo por dos razones: una es la concentración en los contratos de compra de vacunas que están acaparando los países ricos como Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea, mientras dejan en la cola del acceso a este reactivo a los países pobres (de eso trató mi columna anterior: https://bit.ly/2Xra893). El otro aspecto, igual de preocupante y aberrante, es que los laboratorios dueños de la propiedad intelectual de vacunas, medicamentos e implementos necesarios para combatir el COVID-19 se niegan a permitir que se liberen las patentes para que las naciones con menos recursos puedan tener acceso pronto y a bajo costo a estos recursos que pueden salvar millones de vidas de sus poblaciones.En una postura que sólo puede calificarse de mezquina, los gobiernos de países ricos que son las sedes de los mayores laboratorios médicos del mundo, se niegan a aceptar una propuesta presentada oficialmente por la India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio (el pasado 2 de octubre) para que se apruebe “una excepción temporal a la obligación de respetar las patentes registradas en relación a productos esenciales para terminar con la pandemia”. Lo que se pide es que se acepte esta propuesta durante el tiempo que tome que la población mundial desarrolle una inmunidad colectiva, alrededor de 70 por ciento de la población mundial. La propuesta lanzada por la India y Sudáfrica fue suscrita posteriormente por Kenia, Eswatini (antes Suazilandia), Pakistán, Mozambique y Bolivia y en total es avalada por 99 de 164 países suscritos a la OMC. México no aparece entre ellos. Del lado contrario, se oponen a que se liberen las patentes o propiedad intelectual de las vacunas, Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Estos gobiernos respaldan el argumento de las farmacéuticas de que liberar las patentes atenta contra un sistema de financiación de investigaciones por parte de los laboratorios privados. Pero en realidad la mayor parte del financiamiento para investigar y dar con las vacunas que ahora se están probando provino de los gobiernos, es decir, dinero de las sociedades. De hecho, se estima que se invirtieron unos 13 mil 900 millones de dólares (MDD) en el proceso de investigación sobre las vacunas contra COVID-19, de los cuales los gobiernos pusieron ocho mil 600 MDD (63 por ciento), ONG’s mil 900 MDD (12.6 por ciento) y las empresas tres mil 400 MDD (24.4 por ciento), según datos de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity citados por la BBC (https://bit.ly/3oxoIrM). Un comité de propiedad intelectual de la OMC iba a decidir al respecto sobre esta propuesta el pasado 18 de diciembre, sin embargo ante la falta de consenso (claramente hay dos bloques), se pospuso la decisión para este mes de enero.Varias organizaciones globales, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), han lanzado una campaña mundial para presionar a los gobiernos del mundo a que acepten la propuesta de liberar la patentes de las vacunas y medicamentos necesarios para proteger, curar y salvar el mayor número de vidas posibles. En esta grave crisis sanitaria debe exigirse, al menos, una pandemia sin patentes. rubenmartinmartin@gmail.com
