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Viernes, 17 de Agosto 2018

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Nubarrones

Por: Laura Castro Golarte

Nubarrones

Nubarrones

La guerra contra el crimen organizado que emprendió el panista Felipe Calderón en el sexenio pasado y que incrementó (la tendencia ha sido persistente por lo menos desde el sexenio de Zedillo y no se diga con Vicente Fox) la presencia del Ejército en todo el territorio nacional, tiene ya un sustento legal, como habían estado exigiendo representantes de las Fuerzas Armadas.

A raíz de la “estrategia” de Calderón el papel que ha jugado el Ejército en la lucha contra el crimen organizado ha generado conflictos severos, rechazo social, la observación y las recomendaciones de organismos naciones e internacionales defensores de Derechos Humanos; no ha sido una medida popular ni adentro ni afuera.

Pues bueno, con la Ley de Seguridad Interior que se aprobó apenas ayer luego de que el Senado la regresara con algunos cambios a la Cámara Baja, aporta el marco legal para la militarización del país, uno de los cuestionamientos generalizados por parte de la sociedad civil organizada y por periodistas y analistas conocedores y preocupados por la puerta que se abre con esta ley.

Falta que el Presidente la publique pero todo pinta para que así sea en los próximos días, justo cuando los mexicanos nos disponíamos (ya no) a celebrar las fiestas decembrinas por lo menos en paz y sin preocupaciones.

Tanto el iniciador de la ley como el Congreso de la Unión, soslayaron advertencias y llamados de la ONU por ejemplo, que ha llamado la atención sobre los siguientes asuntos: una ley, para que proteja a todos sin excepción, debe ser clara y, entre otras cuestiones, describir con lujo de detalles los conceptos que incorpora. Seguridad interior, amenazas a la seguridad interior, riesgo a la seguridad interior y acciones de seguridad interior, entre los principales. ¿Cuál es el problema? Que las definiciones o descripciones quedan sujetas a las consideraciones de quien aplique la ley. En otras palabras: discrecionalidad, una de las características que NO debe tener una ley, porque la interpretación entonces, es libre, puede depender del humor la autoridad, de sus intereses.

En este orden de ideas, las Fuerzas Armadas, de considerar riesgos y amenazas, pueden actuar de manera autónoma.

Con esta ley, la autoridad civil queda sometida al mando militar en todo el país. Por otra parte, el articulado previsto para la rendición de cuentas no la garantiza y algo más: “La Ley no contempla mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance de la implementación de las medidas previstas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior dirigidas a las autoridades estatales que la hubieran solicitado, privando a los poderes estatales de información de gran trascendencia sobre lo que sucede en su territorio  y en su ámbito de competencia, e incluso sobre un instrumento que les generará obligaciones”. Este punto me remitió de inmediato (no sé por qué) a la muy reciente disposición de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dada a conocer por el vicepresidente, en el sentido que “los mandatarios locales opositores que se pasen de la raya deberán ser puestos inmediatamente a la orden de la justicia”. 

Otras preocupaciones de los organismos defensores de Derechos Humanos son las siguientes: no se incluyen políticas para fortalecer a las instituciones porque si las Fuerzas Armadas toman el mando, las instituciones estatales creadas con fines de seguridad, no mejorarán sus procesos. Para qué.

Además de que la redacción no es congruente con la constitucional respecto a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, también se afecta la protesta social porque, como en otros aspectos, queda sujeta a la discrecionalidad de los mandos responsables de aplicar la ley.

Bueno, la información es abundante y está al alcance de todos vía internet. Como siempre invito en estos casos, por lo menos hay que estar informados, profundizar en los temas y que no nos encuentren desprevenidos. 

Con todo y eso, los tiempos que se avecinan son oscuros, cubiertos de nubarrones, en los que además, por si fuera poco, a los problemas laborales, los bajos sueldos, el encarecimiento descontrolado de productos básicos, las injusticias y otras cuestiones que venimos arrastrando, le va a reglar arresto domiciliario a Elba Esther Gordillo. Nubarrones, tormentas, tiempos oscuros, justo antes de la Navidad y del año electoral que estará cargado con millones y millones de spots que nadie quiere escuchar ver ni escuchar.

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