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Viernes, 19 de Octubre 2018

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Lo resolvieron, pero no están vivos

Por: Jorge O. Navarro

Lo resolvieron, pero no están vivos

Lo resolvieron, pero no están vivos

El misterio quedó resuelto: los tres estudiantes de cine desaparecidos fueron golpeados, asesinados y disueltos en ácido sulfúrico. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Jalisco este 23 de abril, y esta versión, acompañada de un video explicativo de manufactura tan fina que resulta hasta chocante, puede ser tomada como la versión oficial del Gobierno estatal encabezado por Aristóteles Sandoval Díaz.

Citar los nombres de los tres jóvenes es indispensable, por respeto y por abono a la memoria colectiva: Salomón Aceves Gastélum (25 años), Jesús Daniel Díaz (20 años) y Marco Ávalos (20 años).

Fueron confundidos, detenidos, torturados y asesinados porque sus ejecutores creyeron que estaban coludidos con sus rivales 

De acuerdo con la explicación oficial, que pretende agotar un período de crisis por inseguridad que ha golpeado a la administración pública, los jóvenes fueron víctimas del infortunio: se hospedaron, mientras hacían un trabajo escolar, en una casa propiedad de un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico (cártel Nueva Plaza) que es a su vez, rival del llamado cártel Nueva Generación.

Fueron confundidos, detenidos, torturados y asesinados después. Para acabar finalmente diluidos, por la única y caprichosa circunstancia de que sus ejecutores creyeron que estaban coludidos con sus rivales de plaza.

Como podrá notarse, en apenas cuatro párrafos pequeños cabe la historia. La historia oficial.

Durante años, 12 al menos, el Gobierno de Jalisco ha invertido recursos masivos para difundir una versión de la realidad que nos dejó fuera de la corriente trágica del destino que ha marcado a estados como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán o Guerrero. Sí tenemos problemas de inseguridad, pero no estamos tan mal, fue siempre la consigna.

Y de pronto nos hallamos frente a un caso muy parecido al de los 43 de Ayotzinapa: una serie de hechos terribles que le cuestan la vida a jóvenes, frente a una reacción oficial lenta y forzada por la presión social; con una explicación que invoca a la sospecha y una percepción de injusticia sin solución. Porque hay dos detenidos y ocho sospechosos; 400 encuestas y seis vehículos asegurados.

Pero también está la detención de una tía de uno de los jóvenes muertos.

Y muchas explicaciones pendientes.

Nada menos apenas el viernes pasado (20 de abril) el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, me aseguró que era muy complejo y lento el proceso de hallar pruebas para apenas presumir que los tres jóvenes hubieran estado en la finca del municipio de Tonalá donde supuestamente los ejecutaron; apenas habían encontrado unos cabellos y restos químicos de manchas hemáticas (sangre) que además, habían sido lavadas.

Si el gobernador Aristóteles Sandoval presionó también a la Fiscalía para obtener resultados, se enfrenta ahora a la protesta social. La noche del mismo lunes, una manifestación se plantó en Casa Jalisco y ayer hubo otras en Guadalajara y Ciudad de México.

El problema descomunal que reside en el fondo de esto es que apenas hallaron una posible explicación. Y están pendientes, según cifras oficiales, otros tres mil 080 casos de desaparecidos; y también la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que todas las corporaciones de seguridad en el Estado apliquen protocolos de acción contra las desapariciones. El punto es sencillo de entender: si se denuncia una desaparición de inmediato e igualmente se procede a la búsqueda, es más posible encontrarlos. Pero vivos.

Nadie lo hace.

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