Lejos de avanzar y acercarse a una clara legislación que libere las designaciones públicas y garantice que lleguen los y las mejores aspirantes a los puestos públicos, pero en especial a los organismos autónomos que deben ser un contrapeso y vigilantes de la clase política y gubernamental que maneja los recursos públicos producto de nuestros impuestos, la actual Legislatura LXIII, también de mayoría naranja, parece estar dispuesta a superar el desaseo en que incurrieron sus antecesores en estos procesos en el Congreso local.La bochornosa exhibición de trácalas y componendas en las que han degenerado hasta ahora las dos convocatorias para elegir a la nueva titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, no han hecho más que recordar el también obsceno espectáculo que dieron de madrugada las y los diputados de la LXII Legislatura, cuando mientras los jaliscienses dormían, atracaban el Consejo de la Judicatura con la imposición de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, de Iván Novia Cruz y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los dos primeros cercanos al gobierno alfarista y la tercera prometida por los emecistas al PAN).Lo más grave de aquel episodio fue que no se respetó la convocatoria original y por medio de un acuerdo de última hora ignoraron el requisito de que las y los aspirantes debían lograr al menos 80 puntos en el examen.Esa arbitrariedad significó una burla para los 67 hombres y mujeres que creyeron en la promesa del Poder Legislativo de que habría una competencia limpia y transparente; para el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que evaluó los perfiles; y para las universidades más importantes del estado que participaron en el diseño del examen y se les culpó, injustamente, de hacerlo mal para poder cometer la simulación.Como la historia quiere repetirse corregida y aumentada, tanto el CPS, como las universidades, y ahora también el Consejo Consultivo del Itei, que por ley debe avalar este proceso de designación, han rechazado participar para que no les pase lo del Consejo de la Judicatura, pero sobre todo para no avalar procedimientos ilegítimos, que ya provocaron incluso que el concurso se haya judicializado al ser impugnado por la única aspirante que en la primera convocatoria pasó el examen.La petición, a la que sumaron ayer las cúpulas empresariales del estado, es que se reponga el proceso y se lance una convocatoria que garantice piso parejo para no volver a timar a las y los concursantes.Sería muy grave que nuevamente la mayoría de diputados y diputadas de la actual legislatura ignoraran este clamor e impusieran un perfil previamente acordado. Sería optar por hundir más en el desprestigio al Congreso y dejar un muy mal precedente de lo que harán para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las magistraturas del Poder Judicial que vienen.jbarrera4r@gmail.com
