Pareciera que es un asunto de políticos y periodistas y no de interés general. Que los dos mil millones de pesos en desfalco que se han detectado en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) sólo deben preocupar a quienes trabajan en la función pública porque son sus fondos los que están en riesgo y no los de todos los ciudadanos. Y no podríamos estar más equivocados.El quebranto multimillonario (porque eso es) en el Ipejal es un asunto de muchísima relevancia que demanda no desviar la vista de lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá al interior de ese edificio ubicado en la calle Magisterio.Imagínense que el ente público que, según su visión institucional, se encarga de “proporcionar las prestaciones de seguridad social a sus afiliados y pensionados de una manera responsable, eficiente, legal y transparente”, decide invertir montos desproporcionados que legalmente les corresponden a los trabajadores del Estado en empresas de altísimo riesgo para, tres doritos después, perderlos.Y esos dos mil millones son sólo “lo invertido” en dos empresas. Según las autoridades estatales, hay 24 más que podrían sumar otros 700 millones de pesos en pérdidas.Ya hay 13 denuncias penales presentadas, según el gobernador, pero en un Estado como Jalisco todos sabemos lo que eso significa: va a pasar nada. Y mientras tanto, el sistema pensionario del Estado encara el fin de su vida útil para el año 2029, ya que actualmente se gasta más en darle sus pensiones a los ex trabajadores que en las contribuciones de quienes todavía están en activo.¿Qué significa eso? Que, de seguir en esos mismos pasos, y con al menos 93 jubilados que se bañan en pensiones doradas, todos los jaliscienses eventualmente tendríamos que subsidiar al Instituto para que siga cumpliendo con esa visión institucional tan falsa como la serenidad y paciencia del gobernador en rueda de prensa.Para hacerlo más simple: después de 2029 habrá menos obra pública y más Chemas Martínez con su cartera repleta de billetes con cargo a nosotros. De nada, Chemas Martínez.Si la autoridad en turno realmente salió a denunciar los desfalcos de los trabajadores del Estado, y no sólo a meter este tema de discusión por encima de la pandemia, de la inseguridad o la cada vez más lejana carrera presidencial de Enrique Alfaro, es indispensable que se voltee hacia las épocas de Emilio González Márquez, a proyectos como Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad, y sí: la Villa Panamericana. Todas, envueltas en un oscuro halo de corrupción.Y si esas denuncias penales, y si la labor de la Fiscalía Anticorrupción realmente conduce a algo, que sea a la recuperación de esos recursos, al castigo de los responsables que estuvieron (y algunos de ellos todavía están) en ese Comité de Inversiones que aprobó usar dinero de otros para, deliberadamente, perderlo.El Ipejal es una bomba de tiempo, y poco o nada servirá la verborrea y las buenas intenciones de las autoridades en turno si sólo seccionan cuáles son las administraciones que se eligen para apuntar el dedo en llamas... como ha ocurrido siempre en este bello, pero poco transparente, Estado de Jalisco.
