Hay una expresión coloquial que dice “darle digna sepultura” a un cuerpo cuando este deja la vida. La expresión parece significar que es necesario el trato digno para una persona que ya falleció, connota incluso un gesto de solidaridad para esa persona fallecida. Pero como otras expresiones e incluso hábitos, esa significación ha dejado de ser cierta en este contexto de guerra que tenemos en Jalisco y en el país. Ahora no todos los cuerpos tienen una “digna sepultura”, y por el contrario, debido a la intensificación de la guerra, y la indolencia y negligencia criminal de las autoridades, algunos cuerpos tendrán una “indigna sepultura”.Cuando en septiembre pasado durante varios días un tráiler refrigerado transportaba decenas de cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se reveló que tanto en Jalisco como en el país existía una crisis forense de proporciones no imaginadas.Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó dos documentos que revelan que esa crisis es mayor aún a la que nos imaginamos.Los documentos presentados ayer por el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, son: una recomendación por la violación a derechos humanos ante un manejo inadecuado de los cuerpos que están resguardados por el Estado en el IJCF; y dos, un “Informe especial sobre el proceso de inhumación de personas fallecidas no identificadas, realizado del 22 de septiembre al 7 de diciembre de 2018 en el contexto de la contingencia provocada por la acumulación de cadáveres en el IJCF”. Vale la pena revisar los dos documentos.El informe especial es un documento de 121 cuartillas que hace un recuento pormenorizado de lo que fue la “contingencia” como oficialmente se le llamó al manejo indigno de cuerpos del pasado mes de septiembre.El informe y la recomendación de la CEDHJ sobre las irregularidades en el IJCF sostiene que algunos cuerpos estuvieron sin identificar hasta casi cuatro años: “Se practicó la inhumación de las personas fallecidas no reclamadas hasta 3 años 9 meses después de su hallazgo, tiempo que permanecieron sin que se realizaran los procesos periciales y jurídicos con la debida diligencia y su posterior inhumación”, se asienta en la página 67 del informe especial. Fue tan negligente el personal del IJCF que debido al mal cuidado de los restos que 85 cuerpos no podrán ser identificados jamás debido a las condiciones de su descomposición.La crisis fue mayor a la que en su momento reveló el Gobierno estatal a cargo de Aristóteles Sandoval Díaz. El número total de cuerpos bajo responsabilidad del IJCF era de 605 y no 344 como se dijo en septiembre pasado.Debido a estas omisiones, la CEDHJ asegura que se violaron múltiples derechos a las víctimas por “incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia (…) relacionado con la identificación, clasificación, conservación y tratamiento de cuerpos de personas fallecidas, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.Como suele ser, el lenguaje jurídico liberal de las comisiones de derechos humanos pone un filtro que opaca la realidad.Lo cierto es que las agencias del Estado encargadas de preservar, identificar e inhumar dignamente los cuerpos bajo su resguardo, por su negligencia e ineficacia sencillamente dejaron que varios cuerpos se pudrieran para siempre, sin que sus familiares puedan saber nunca si ese cuerpo correspondía al de su familiar y sin poder darle una digna sepultura. (carlosloret@yahoo.com.mx)
