Ojalá las siglas poco conocidas atraigan su atención. Una vez aquí, la invitación es voltear al gran trabajo hecho por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, (JCM) sobre el muy espinoso tema del documento llamado Informe Policial Homologado (IPH) que es el inicio de cualquier episodio de investigación y búsqueda de justicia.Platiqué ayer en radio con Augusto Chacón, el director de JCM, y concluimos que el grito que constituyen las 341 encuestas con policías de Guadalajara y 11 jueces del Poder Judicial, que a diario se enfrentan a elaborarlo los primeros y a analizarlo los segundos, es que el nombre del juego se llama capacitación.Algo tenemos que hacer urgentemente para que los llamados primeros respondientes sepan que ese primer eslabón de la cadena de justicia es clave para empezar a abatir nuestros absolutos índices de impunidad total.Pero a lo que nos obliga Augusto y su equipo es a voltear atrás y revisar el camino mal andado cuando todos sabíamos de nuestro extravío, pero nadie llamaba a poner atención en la brújula.La cartografía de ese orientador, tenemos que recordar, es el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que en teoría iniciamos a construirlo en 2008 para ponerlo en práctica en 2016, con el que el anhelo era sustituir el viejo modelo inquisitivo que colapsó por sus altos niveles de corrupción. La meta era transitar a una justicia oral, que implicaba según las iniciativas debatidas y acordadas en San Lázaro a “una transformación de las instituciones hacia un modelo que permite abatir la impunidad (…) que ubique a las personas en el centro del sistema, sean víctimas o imputados”.En Jalisco llegamos tarde a aquel arranque. La primera sala de juicios orales operó hasta octubre de 2014 en el sexto distrito judicial con sede en Ciudad Guzmán y con jurisdicción en 20 municipios. Las restantes se inauguraron sin estar terminadas por completo. Fue una improvisación de forma, pero lo peor, de fondo. Los miles de millones de pesos destinados a la implementación y capacitación de toda la cadena jurídica para despegar el nuevo modelo de justicia, se entramparon en los laberintos de la corrupción.Por eso los policías municipales, que en este nuevo sistema penal son el primer eslabón del proceso judicial, nunca tuvieron la capacitación técnica ni la observancia de los derechos humanos para poder llevar o no a juicio a un presunto delincuente. Por eso hoy, a cuatro años de vigente el NSJP estamos lejos de lo proyectado. La prueba es que los índices delictivos siguen al alza porque más de la mitad de los detenidos son liberados por considerar que las detenciones fueron ilegales.Poner la lupa hoy en lo que pasa en el primer momento de la ruptura de la paz social, que es lo mismo que la comisión de un delito, es más que valioso. Atendamos el llamado.jbarrerar@gmail.com
