Además de la muerte de dos sacerdotes jesuitas la semana pasada en Chihuahua, el tema de la violencia continúa ligado a la iglesia católica. El domingo el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien fue detenido en la carretera por grupos delincuenciales cuando viajaba en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero, denunció que ahora las parroquias se ven obligadas a pedir permiso a los jefes de las plazas para poder llevar a cabo las fiestas patronales y se ven forzados a entregar el 50 por ciento de lo recaudado a los malhechores.La misma semana pasada el Obispo de Zacatecas, Sigfrido Noriega Barceló, dijo que sufrió una experiencia similar cuando transitaba cerca de Huejuquilla el Alto, cuando se le detuvo, se le obligó a identificarse y a responder a algunas preguntas antes de poder continuar con su camino.Y en otros hechos que muestran el control que estos grupos tienen en muchas regiones del país, habrá que recordar lo sucedido el pasado 28 de mayo en Sinaloa, cuando hombres armados interceptaron -para interrogarlos- a varios periodistas que cubrían la gira del presidente López Obrador, cuando se encontraban a media hora del rancho La Tuna, donde vive María Consuela Loera, madre de Joaquín “Chapo’ Guzman. Ni tampoco se puede dejar de mencionar el control que tiene la delincuencia como sucede con los aguacateros de Michoacan, los productores de limón en Colima, los distribuidores de pollo en Guerrero o el control de centrales de abasto en Chiapas.Son muchas las denuncias y los ejemplos recientes del dominio de los grupos delictivos que posiblemente dejan una falsa impresión de que son atribuibles estrictamente por la fallida política de “abrazos, no balazos” de la actual administración. Debemos dejar muy claro, que las actuales directrices oficiales mucho tienen que ver en los incrementos de delitos y muertes que por decenas se cuentan todos los días, pero el control que estos grupos vienen ejerciendo en varias partes del territorio, así como la corrupción, con el involucramiento de funcionarios y cuerpos policiacos viene de años atrás.En un editorial de la revista Siempre el 10 de septiembre de 2011, se hablaba de “lo que es característico del crimen organizado es su capacidad de protegerse frente a quienes reten el desempeno de sus actividades delictivas, ya sean grupos antagónicos o de autoridades encargadas de su persecución”. Y acusaba que la corrupción gubernamental “que protege al crimen organizado, ha permitido la formación de bandas con ilimitado poder de acción, llegando al extremo de la protección pública”.El 4 de diciembre del 2014 la Fundación Insight Crime - dedicada al estudio de las principales amenazas a la seguridad en América Latina- decía en un reporte que en México “el crimen organizado busca corromper a los funcionarios del Estado a base de sobornos e intimidaciones…y si son detenidos o condenados, desde las prisiones la delincuencia desarrolla ‘universidades’ para continuar teniendo el control”. Mientras que un editorial del diario estadounidense Washington Post del 29 de octubre de 2020, señalaba que “los carteles de hoy están penetrados en las comunidades, fuerzas policiales y alcaldías, no solamente distribuyendo droga, sino traficando con migrantes y extorsionando negocios”.Por supuesto que es muy criticable la inacción desde Palacio Nacional y las dudas que se generan ante la violencia que se vive, del control que la delincuencia tiene en muchos territorios en la República y los ‘acercamientos’ de López Obrador al Triángulo Dorado, que nos hacen pensar, ¿hasta donde es culpable AMLO? Porque habrá de estar conscientes de que el problema lo venimos arrastrando desde hace varios lustros y en el balance final puede ser corresponsable, pero no totalmente culpable. ¿Usted, qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net
