Mal parado quedó el contralor interno del Congreso luego de que su investigación contra supuestos aviadores no fue respaldada.Lejos de aplicar la sanción contra una empleada acusada de sólo ir a checar y no presentarse a trabajar, en el Congreso la premiaron con un bono de 33 mil pesos por cumplir una década de antigüedad.La suspensión que se le aplicaría aún no surte efecto para seguir el debido proceso.El colmo del surrealismo fue que en la entrega de reconocimientos, desde la tribuna del salón de plenos algunos lanzaron gritos de “aviador, aviador”, cuando se nombró a algunos de los homenajeados.No estaría mal que, ahora para el desfile del 16 de septiembre, se incluya un contingente de la Fuerza Aérea Legislativa que cobra sin trabajar y recibe estímulos económicos por esa noble tarea.El Sheriff legislativo, Salvador Caro, logró colgarse otra medallita adicional a la creación del flamante Canal de televisión del Congreso.Para estos festejos patrios quedó casi lista la remodelación de la fachada del edificio del Legislativo, otro proyecto prioritario impulsado por él.Enchular el inmueble nada más costó 7.5 millones de pesos. Algunos críticos afirman que salió muy “caro”.Los planes inmobiliarios de Caro ahora apuntan a concretar la compra del terreno para construir un nuevo edificio administrativo para el Legislativo y deshacerse del que tienen en Juárez y Corona; el costo de este proyecto ronda los 60 millones de pesos.La inhabilitación por dos años y seis meses a las empresas Lomedic y Solfran de Carlos Lomelí le salió muy barata.Ya había dicho que no sería contratista del gobierno actual a través de compañías que sí reconoce como suyas, entre ellas las dos mencionadas.En otras palabras, ya tenía presupuestada para todo el sexenio esa “inhabilitación”. Por eso, nos preguntamos, ¿qué hay de la veintena de empresas que operan sus cercanos? ¿Y no habrá inhabilitación para él? Recuerden que ha dicho que regresará con o sin programas sociales para estar en la boleta.Esperemos que estos sean apenas los primeros resultados de las siete investigaciones que tiene la Función Pública abiertas contra el empresario farmacéutico.
