Miércoles, 19 de Febrero 2020
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Envenenamiento de niños: crimen de Estado

Por: Rubén Martín

Envenenamiento de niños: crimen de Estado

Envenenamiento de niños: crimen de Estado

Los niños que viven en las poblaciones aledañas al Río Santiago se están envenenando. En El Salto, 98% están expuestos al cadmio; en Juanacatlán, 94% de la población tiene plomo por encima de lo recomendable; en Puente Grande (Tonalá), 60% presenta mercurio; en La Cofradía (Juanacatlán), 45% tiene arsénico.

Los datos provienen de un estudio encargado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) en 2009 a un equipo de investigadores encabezado por la doctora Gabriela Domínguez Cortinas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Era parte de los estudios del impacto ambiental que podría tener la construcción de la Presa de Arcediano, en la barranca del Río Santiago. La obra al final quedó cancelada, pero la contaminación siguió.

El equipo de investigadores que encabezó la doctora Domínguez midió la exposición a agentes tóxicos en población infantil en seis comunidades: Juanacatlán, La Cofradía, El Salto, Puente Grande, Colonia Jalisco sección II y Jardines de la Barranca.

Los resultados sorprendieron a los investigadores, contó la doctora Domínguez en entrevista en Radio Universidad de Guadalajara el jueves 23 de enero. Tales niveles de agentes tóxicos sólo se han encontrado en adultos que viven o trabajan en zonas industriales como las petroleras. Los niveles de metales pesados encontrados en 330 niños monitoreados fueron varias veces lo que el cuerpo puede tolerar.

La doctora Domínguez entregó los estudios a la CEA y ésta, al ver la gravedad de los resultados, los entregó a la Secretaría de Salud. El estudio fue obtenido, vía Transparencia, por el periodista José Carlos Rodríguez Toral, al tiempo en que organizaciones de las comunidades afectadas han empezado a difundirlo en varios medios nacionales y mundiales. Iniciaron, además, una campaña nacional para solicitar que los responsables de ocultar el estudio vayan a la cárcel.

Es muy grave lo que ocurrió, porque confirma que funcionarios del más alto nivel en el Gobierno de Emilio González Márquez sabían que la contaminación por metales pesados arrojados por las empresas del corredor industrial al Río Santiago estaban provocando enfermedades a la población en general, especialmente a los niños.

Del estudio estuvieron enterados el entonces titular de la CEA, el secretario de Salud y probablemente el secretario de Gobierno. Sería muy improbable que no estuviera enterado el entonces gobernador, Emilio González Márquez. En su sexenio, las comunidades de El Salto y Juanacatlán exigieron en repetidas ocasiones declarar emergencia ambiental en la zona para iniciar un proceso de remediación en el Río Santiago. Para ello se manifestaron en repetidas ocasiones, pero fueron ignorados.

Luego, en febrero de 2008 ocurrió el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, por arsénico, tras caer accidentalmente a un canal aledaño al río.

Es decir, Emilio González y los más altos funcionarios de su Gobierno sabían de la grave contaminación del Santiago y las enfermedades que éste provocaba en la población. Ellos siempre negaron que hubiera una relación directa entre contaminación del río y las enfermedades en la población.

El estudio se entregó en octubre de 2011, pero apenas es conocido públicamente. Lo ocultaron deliberadamente y, peor aún, no tomaron las medidas necesarias para evitar que la población siguiera expuesta a enfermedades. Peor aún, sabían que los niños se estaban envenenando y lo permitieron.
No debemos permitir que una conducta criminal de estos ex servidores públicos quede impune. Deben pagar por ello y, de una vez por todas, dejar de contaminar el río, empezar a limpiarlo y ofrecer salud a toda la población afectada.
 

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