El primer grito de denuncia y de auxilio por la privación forzada de la libertad de Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) la noche del lunes 19 de marzo, fue ignorado.Se perdieron así minutos clave para iniciar su búsqueda y rescate, y disparar el operativo policial para dar con el comando armado que a bordo de dos vehículos se llevó a los tres jóvenes.Los que no atendieron la petición fueron los policías de Tonalá, cuatro hombres y una mujer, que patrullaban ese día la zona.Ocurrió cuando fueron los primeros en llegar al punto del Nuevo Periférico donde estaban los dos autos en los que viajaban los estudiantes, el Sentra y el Chrysler que se descompuso, incidente que aprovecharon los malandrines para secuestrar a Javier, Daniel y Marco. Los raptores estuvieron a punto de llevarse también a la novia de uno de los estudiantes que los acompañaba, pero al consultar qué hacer con la chica, recibieron instrucciones de dejarla libre en el lugar.Fue ella y otros familiares que ya habían llegado al sitio para acompañarla, quienes al ver llegar a los policías tonaltecas les contaron que se habían llevado a los muchachos. Su respuesta fue que ese incidente debían reportarlo a la Fiscalía y no a ellos.Por esta negligencia, elementos de la Fiscalía estatal los detuvieron el jueves pasado, ya que su deber era reportar el caso a sus superiores y levantar el Informe Policial Homologado (IPH), que se obliga en el procedimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y al que todos los uniformados buscan la forma de evadir.Sin embargo, un juez de control consideró que la detención de estos policías había violado el debido proceso, al que también obliga el NSJP, y ordenó su liberación el lunes pasado. Concluyó que la detención había sido ilegal y hecha sin pruebas, ya que los policías investigadores habían dicho a los policías que sólo los iban a declarar, cuando en realidad los detuvieron y los pusieron en el término legal de 72 horas, en el que según los policías, los “interrogaron con uso de fuerza”.Esta doble pifia exhibe por enésima ocasión, no las fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino la falta de capacitación y supervisión para su cumplimiento. Mal si los policías de Tonalá no auxiliaron por evitar hacer el IPH. Pero peor si lo hicieron para no molestar o encubrir a los agresores. Preocupante, que el juez no haya llegado al fondo del caso y que los malos procedimientos de la Policía investigadora hayan contribuido a ello. Luego de esta serie de actos fallidos el nombre de la obra siempre es impunidad.jbarrera4r@gmail.com
