Sábado, 04 de Diciembre 2021

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Desaparecidos: mezquindad presupuestal

Por: Rubén Martín

Desaparecidos: mezquindad presupuestal

Desaparecidos: mezquindad presupuestal

La tozuda negativa del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a reconocer que Jalisco vive una grave crisis humanitaria provocada por la crisis de personas desaparecidas, crisis forense y la incapacidad del Estado para contener estas aristas de la guerra informal tiene consecuencias que implican al resto del aparato del Poder Ejecutivo del Estado, como escribí la semana pasada. Ahora esta negativa a reconocer esta crisis humanitaria tiene consecuencias presupuestales que afectarán a las familias que están buscando a sus desaparecidos.

Al presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, reconoció ayer, a pregunta expresa, que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) tendrá una reducción presupuestal comparado con el gasto asignado este año. 

El año en curso la agencia estatal encargada de buscar a los desaparecidos tuvo un presupuesto de 39.6 millones de pesos y para el siguiente año se le asignaron 39.4 millones de pesos. La diferencia es mínima, si se quiere ver así. Pero si lo ponemos en contexto, es una reducción presupuestal injustificable en la entidad que encabeza el primer lugar nacional personas desaparecidas.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, hasta ayer Jalisco contaba con 14,597 reportes de personas desaparecidas; Tamaulipas, el segundo estado con más casos, tenía 2,800 casos menos que nuestro estado.  A escala nacional había 93,919 personas reportadas como desaparecidas, lo que implica que 15.5 de cada 100 desapariciones cometidas en México, ocurren en Jalisco.

De las más de 14 mil desapariciones que incluye el registro nacional, más de un tercio han ocurrido en los tres primeros años del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez: 2,485 en 2019, 2,022 en 2020 y 911 entre enero hasta el 30 junio de este año. En lo que va del sexenio de Enrique Alfaro se han cometido 5,418 desapariciones, de acuerdo al reporte oficial en Mide Jalisco, del Poder Ejecutivo del estado.

Como dejan ver en claro estas cifras, el fenómeno de las desapariciones es uno de los principales problemas, sino el principal, sociales y políticos que enfrenta la sociedad jalisciense. Por eso es incomprensible e injustificable que el brazo ejecutivo del gobierno decida reducir el presupuesto que destina a la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.

En la rueda de prensa el titular de la Hacienda Pública intentó justificar la reducción para esta comisión alegando que hay otras partidas para las tareas de búsqueda de personas que en conjunto aumentarán 22 millones de pesos. Pero es insuficiente para dotar a todas las dependencias responsables de encontrar a los desaparecidos y hacer lo necesario para que este fenómeno sea contenido eficazmente.

Pero al tiempo que se reduce el presupuesto para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se anuncian presupuestos robustos para áreas como la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, que tendrá el doble del presupuesto de la comisión de búsqueda y al área de Comunicación Social se destinarán 248 millones de pesos, seis veces más que a la comisión de búsqueda, según reportó Lauro Rodríguez (El Diario NTR, 2 noviembre 2021).

Más allá de las cifras, esta mezquindad presupuestal tiene consecuencias directas para la carga de trabajo y dolor que deben soportar las familias de víctimas cada día. Menos presupuesto implican menos personal, menos tecnología o herramientas para hacer las búsquedas. Menos profesionistas capacitado para atender debida y dignamente a las madres, padres, esposas e hijos que van a las oficinas a pedir o a llevar información. Esta mezquindad presupuestal es el reflejo de la desatención o incluso desprecio que el gobierno del estado da a las familias de víctimas.

Todas las aristas de la guerra informal que se padecen en Jalisco (desapariciones, asesinatos, fosas clandestinas, crisis forense) deberían ser una prioridad en la atención de quienes ocupan el poder público y esa prioridad debe reflejarse en el presupuesto. El proyecto de gasto anunciado ayer debe ser modificado y aumentar los recursos para que se mejore en trabajo en la búsqueda todos los desaparecidos que hay en Jalisco. 

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