A menos de que en las próximas horas detengan a la mujer y al hombre a los que la Fiscalía del Estado tiene identificados como los asesinos materiales del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, mañana que se cumpla el primer año del cobarde crimen, el caso seguirá totalmente impune.Incluso en el muy remoto caso de que esas aprehensiones ocurran hoy, faltaría todavía saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen, el móvil de su muerte. Vamos, ni siquiera queda un solo detenido por el caso y la recompensa para dar con los culpables fue retirada desde febrero.Queda claro pues que el asesinato del antecesor de Enrique Alfaro es un crimen sin resolver, que desafortunadamente es muy posible que así quedará, como igual de desafortunadas fueron las recientes declaraciones del actual gobernador en el sentido de que este magnicidio estaba resuelto porque se tenían identificados a los agresores y que ya sólo faltaba detenerlos.Aunque en un primer momento el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez respaldó esa desatinada percepción, días después reconoció que el caso de Aristóteles seguía abierto e incluso mencionó por primera vez que una línea de investigación es la posible intervención de la delincuencia organizada. Pese a la tardanza oficial en aceptar esa posibilidad, esa hipótesis fue la que extraoficialmente se empezó a construir desde los instantes después de cometido el artero asesinato y que se fue consolidando por los videos recuperados en los que queda claro toda una acción orquestada para borrar las evidencias del crimen y antes el distractor que se dio en el boulevard principal de Puerto Vallarta a donde llegaron sicarios a accionar sus armas justo cuando el ex mandatario estatal se dirigía al baño donde fue baleado. Más aún por la tardía respuesta de la policía de Puerto Vallarta y del resto de corporaciones estatales y federales, incluidas las bases de la Marina y del Ejército con sede en el puerto, como también ocurrió con el sonado asesinato de Felipe Tomé, 26 días antes en la misma avenida principal de Puerto Vallarta. Señales claras del control de las mafias en ese municipio costero.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), primero, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con base a expedientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) después, fueron más allá al congelar las cuentas al mexico-colombiano Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, a Francisco Javier Muñóz Ramírez “El Charro” (detenido), al señalarlos como los que orquestaron el asesinato junto con Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Rey Sapo”, considerado el mando del CJNG en Puerto Vallarta y con la participación de Alejandro Chacón Miranda, dueño de la agencia de viajes Dale Tours, junto con Javier Gudiño “La Gallina”.Lo preocupante es que por las evidencias encontradas, expertos señalan que no sólo podría tratarse de la mano de la delincuencia organizada, ya que es muy poco habitual, y de hecho nunca había ocurrido, que los capos se preocupen por limpiar los lugares que atacan. Esto implicaría, insisten, que habría otros interesados en eliminar al ex mandatario estatal con o sin la ayuda de las mafias.Pero por el poco avance en la investigación todo está en el terreno de las especulaciones y pasado este primer año, el asesinato de Aristóteles parece ir en el rumbo de lo que ha pasado en la historia reciente de México con otros magnicidios de los que nunca se ha conocido la verdad o se ha esclarecido, ya sea por las complicidades mismas del poder o por la profunda desconfianza en las autoridades y en la procuración de justicia en este país. El caso del ex gobernador no fue, al menos este primer año, la excepción a la impunidad que siempre ha reinado en este país. jbarrera4r@gmail.com
