Las mafias lo volvieron a hacer y ahora decidieron eliminar al ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, quien apenas en noviembre del 2018 había terminado su sexenio, en el que de principio a fin tuvo constantes sobresaltos por episodios que involucraban al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y entre los que destacan el asesinato de Jesús Gallegos, su secretario de Turismo a 9 días de iniciado su gobierno, el derribo de un helicóptero de Ejército y los narcobloqueos cuando se intentó detener al líder del Cartel, Nemesio Ocegueda, alias “El Mencho”, y el atentado contra quien fue su fiscal, Luis Carlos Nájera, cuando ya se desempeñaba como Secretario del Trabajo.Este crimen significó una escalada más de los grupos delincuenciales en el nivel de sus desafíos abiertos al Estado mexicano y a sus corporaciones policiales federales, estatales y municipales, a las que si no cooptan, someten.Esta agresión, que ocurrió a 26 días del ataque mortal al desarrollador inmobiliario Felipe Tomé registrado también sobre el boulevar principal de Puerto Vallarta en el que está el restaurante-bar Distrito 5 en el que asesinaron arteramente al ex gobernador de 46 años de edad, habla del amplio y casi absoluto control que tienen los mafiosos en ese municipio turístico, que ya había asomado desde agosto del 2016 cuando secuestraron, en ese mismo boulevar, a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a los que sacaron con toda facilidad del restaurante La Leche, sin ninguna reacción policial civil alguna, ni de los elementos de la Marina o del Ejercito que tienen grandes bases en el Puerto.Ese control territorial, que se atribuye al CJNG, quedó expresado en toda su dimensión otra vez en la tardía respuesta policial, pero más aún, en el hecho de que los empleados del establecimiento inmediatamente después de la ejecución, se encargaron de lavar el baño y levantar toda evidencia alterando por competo la escena del crimen, lo que constituye un claro delito.Esa facilidad para transitar armados, en la vía pública y al interior de restaurantes, bares y antros de Vallarta, se sumó a la vulnerabilidad con la que llegó al lugar Aristóteles, con sólo dos de los 15 escoltas que le dejaron, y que deben custodiar a su familia y rolar turnos. Esta reducción de protección vino luego de que a inicios de su sexenio el gobernador Enrique Alfaro consideró “absurda e irracional” la cantidad de personal asignada al cuidado del su antecesor, luego de lo cual promovió la llamada Ley de Protección a Funcionarios y Exfuncionarios, que se aprobó el 26 de febrero de 2019 y se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 2 de marzo del mismo año.Este nuevo desafío del hampa al Estado debe sacudir a las autoridades y obligar al gobierno federal y al estatal, a hacer a un lado sus revanchas políticas, ajustar estrategias, y cumplir la tan pregonada, pero más incumplida, coordinación entre mandos castrenses, y policías federales, estatales y municipales para recuperar no sólo Vallarta, sino la paz en todo el estado y en el País. O reflexionar seriamente si pueden o no con la tarea que prometieron realizar para resolver la crisis de inseguridad que alcanzó a un ex gobernador pero que han sufrido calladamente miles de familias jaliscienses que han perdido a seres queridos en esta vorágine de violencia.
