Por fin, algunos datos esperanzadores: 1) Pemex detectó 14 mil casos de gasolineras que reportaron “ventas superiores a las compras realizadas” a la paraestatal. El Gobierno atribuye esa diferencia, estimada en 10 mil millones de pesos -no se precisa en qué lapso- a la venta de gasolina robada.2) El Servicio de Administración Tributaria detectó, mediante una auditoría, “inconsistencias fiscales” por tres mil 217 millones de pesos, a cerca de 200 contribuyentes asociados a estaciones de servicio concesionadas por Pemex.3) El Gobierno ha bloqueado las cuentas de 14 funcionarios de Pemex sometidos a investigación, e iniciado procedimientos penales contra tres de ellos, por su presunta participación en “un sistema de robo a gran escala” en contra de la empresa.4) El Gobierno ha detectado asimismo un sistema de blanqueo de capitales resultantes de la comercialización del combustible robado: “transferencias internacionales que llegan a rondar los dos millones de dólares y la compra en efectivo de joyas y vehículos de lujo”, según informó ayer lunes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. (No se indicó si tras ese hallazgo ya se emprendieron acciones legales contra los presuntos responsables). -II- Ese es el primer paso. El siguiente debería consistir en que se pase de las denuncias y las acciones penales, al cese del huachicoleo. Desarticulado el esquema de comercialización de la gasolina robada, lo lógico es que cese el robo de gasolina… Si va en serio el discurso de que este es el primer round de la lucha contra la corrupción institucionalizada en México, sería aberrante que las personas presuntamente coludidas con ese delito fueran liberadas a la brevedad, y sometidas a sanciones irrisorias…, como sucedió, vía de regla, so pretexto de que el robo de combustibles no era delito grave, en los muchos casos denunciados en las administraciones anteriores. (Por cierto: es falso que la Procuraduría General de la República hubiera sido negligente -o, peor aún, cómplice por omisión- en esa práctica; simplemente era ineficaz, porque las leyes se quedaron muy por debajo de las dimensiones que había alcanzado el fenómeno). -III- Colofón: Plantear que apoyar la decisión gubernamental de luchar contra la corrupción implica aplaudir frenética e incondicionalmente incluso sus efectos perniciosos, conduce a un falso debate. La eficacia de la autoridad para combatir a los delincuentes no necesariamente implica sacrificar a los inocentes. La honradez y la justicia no tienen por qué estar reñidas con la sensatez y la prudencia.
