“A confesión de parte, relevo de prueba”. El principio general de derecho condensado en esas siete palabras, aplica al caso de la flamante -y acaso espuria- presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra. Claro indicio -por no decir “prueba plena”- de ello, que ella misma declaró haber renunciado a su militancia y a su carácter de dirigente nacional de Morena, el pasado 7 de noviembre; es decir, menos de una semana antes de su polémica designación por parte de la Cámara de Senadores. La Ley de la CNDH establece expresamente que los aspirantes o candidatos a la presidencia de la misma que hubieran militado en un partido político, deben haberse desvinculado del mismo “un año antes” de su elección.Más claro, agua.La historia registra casos, verdaderamente ejemplares, de funcionarios que anteponen el respeto a la ley y la fidelidad a su conciencia, al compromiso con los gobernantes que los designan. El de Tomás Moro con respecto a Enrique VIII sería el paradigma por excelencia. Imitarlo sería, por cierto, una honrosa excepción a la regla de que difícilmente puede ser crítico -o juez, como de ordinario debe serlo un funcionario de la CNDH, en cuanto defensor del ciudadano con respecto a quienes gobiernan- quien públicamente ha externado su simpatía e incluso afinidad política... con el gobernante.Más allá del ya señalado impedimento formal para ser elegida -ostensiblemente desestimado por sus electores-, Rosario Piedra arrastra varios lastres adicionales. Uno, la declaración del Presidente López Obrador, al confesarse “contento con esta decisión” -su nombramiento-, porque su calidad de “víctima” (por la desaparición de su hermano en los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco) la califica para el cargo mejor que la acreditada ciencia jurídica o la probada experiencia en encomiendas afines. Otro, que las inconformidades por su designación pueden promoverse “en la OEA o en cualquier organismo internacional”… aunque él mismo, al proponer su candidatura, quebrantó su “protesta” de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”, y, de paso, su elocuente coletilla adicional de que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.Pudiera ser que Rosario Piedra, en los hechos, llegara -como Tomás Moro- al heroísmo en grado de santidad, en respeto a la ley y fidelidad a su conciencia. Así legitimaría lo que ahora parece ser ilegítimo.Como diría José Feliciano: “Ya veremos…”.
