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Miércoles, 16 de Octubre 2019

Hacienda y empresarios alistan el tema de las facturas falsas

Arturo Herrera señala que discuten el retiro de la palabra “dolo” en la legislación

Por: El Informador

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante la la Reunión Anual de Industriales. EFE/L. Ramírez

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante la la Reunión Anual de Industriales. EFE/L. Ramírez

Los acuerdos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el sector privado sobre las modificaciones a las iniciativas legislativas en materia fiscal deben definirse durante los próximos días y lo acordado deberá hacerse llegar a la Cámara de Diputados, aseguró el titular de la dependencia federal, Arturo Herrera Gutiérrez.

“Hemos estado teniendo reuniones desde hace algunas semanas, yo creo que estamos ya completamente de acuerdo en el fondo”, comentó el titular de Hacienda.

Durante la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2019, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), expuso que el sector empresarial “lo que quisiera es que refináramos un poquito el tema”.

Dijo que entre ambas partes analizan la posibilidad de retirar la palabra “dolo” de la redacción, aunque “no es necesario, porque es implícito cuando alguien presenta facturas falsas o solicita devoluciones de gastos no realizados”.

Herrera señaló que para la SHCP “claramente hay un dolo, entonces, en esas estamos solamente viendo si es necesario o no, pero yo diría que en el fondo estamos completamente de acuerdo”.

El sector privado solicitó hacer cambios en la redacción del Artículo 113 Bis para dejar claro que la aplicación de esa ley es sólo quienes emiten facturas falsas, con la intención de justificar operaciones inexistentes o simuladas.

El cambio descartaría a quienes sí son contribuyentes y sí tienen actividades reales. “Los empresarios están de acuerdo en castigar fuertemente a las compañías abusivas de las leyes”, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

La posición del procurador fiscal es que la redacción deja claro que únicamente afecta a aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional, es decir, a aquellas sin ingresos, relaciones económicas o ventas, expuso Herrera Gutiérrez. 

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