Pactan Harfuch y los gobernadores combatir las extorsiones en el país
Los Estados con más afectaciones por este ilícito son: México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la puesta en marcha del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, una estrategia conjunta con los gobernadores para reforzar el combate a este delito, homologar la legislación federal en todas las Entidades y crear las áreas especializadas dentro de las Fiscalías.
En la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional, explicó que el acuerdo plantea cinco ejes: perseguir la extorsión de oficio, armonizar los marcos legales estatales, fortalecer el funcionamiento del número 089, consolidar unidades especializadas y establecer un manual nacional que unifique los procesos de denuncia, investigación y judicialización.
Con este acuerdo, la Federación y los 32 Gobiernos estatales buscan consolidar un frente común que permita reducir de manera efectiva uno de los delitos que más afecta a la población y al sector productivo del país, ya que entre 2019 y 2025 creció 23.1%. Es el único delito de alto impacto que aumentó en ese periodo.
Los Estados con más afectaciones por este ilícito son: México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión (en junio pasado), se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncia y se han detenido a más de 615 personas en 22 Estados. Subrayó que el objetivo es brindar mayor certidumbre a las víctimas y garantizar que las autoridades de todos los niveles actúen bajo criterios uniformes.
La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación unánime del acuerdo y afirmó que el combate a la extorsión será uno de los retos más importantes. Explicó que la reciente modificación constitucional permitirá que este delito sea considerado también de índole federal, investigado por la Fiscalía General de la República y perseguido de oficio, sin depender exclusivamente de la denuncia de la víctima. “Si juntos hemos reducido 37% los homicidios dolosos, también podemos disminuir de manera importante la extorsión”. Agregó que el nuevo registro telefónico nacional será clave para frenar las extorsiones vía celular, una de las modalidades más comunes.
El Gobierno federal ya identificó también que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar. Una tercera parte ya fue bloqueada y se prevé que, durante el primer trimestre del próximo año, se elimine el uso telefónico en los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.
El gobernador Pablo Lemus participó en la reunión y destacó la coordinación con el Gobierno federal para reducir los índices delictivos. Respaldó la propuesta federal de homologar leyes para combatir de oficio el delito de extorsión y fortalecer la atención a personas desaparecidas. También reiteró la necesidad de reforzar la seguridad en las centrales camioneras y reformar la Ley de Disciplina Financiera para que Estados como Jalisco puedan contratar más policías.
Con nueva ley, procesan a dos hombres en Jalisco
Por primera vez en Jalisco, dos hombres fueron vinculados a proceso bajo la reciente reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, informó el fiscal Salvador González de los Santos. Se trata de Alejandro “N” y Óscar Alejandro “N”, detenidos en flagrancia por un hecho registrado el 30 de noviembre en la colonia Infonavit Río Nilo, en Tonalá.
Según las indagatorias, ambos llegaron a una tienda de conveniencia, donde Alejandro “N”, presuntamente armado, obligó a un empleado a realizar un depósito bancario por cinco mil pesos. Tras la activación del botón de pánico, elementos de la Comisaría de Tonalá acudieron al lugar y aseguraron a los sospechosos.
El pasado 7 de diciembre, un juez los vinculó a proceso por extorsión agravada en grado de tentativa. Permanecerán en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
La reforma permite perseguir el delito de oficio -sin denuncia- y establece penas de 10 a 45 años de cárcel. Además, el uso de una cuenta bancaria en el intento de cobro posibilita que sean procesados por extorsión y no solo por robo, como ocurría antes.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para obtener una sentencia.
CT