Privaciones

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2014).- Se diría que es asombrosa la manera en que hemos permitido que espacios, asuntos y objetos públicos se privaticen salvo porque no, no es sorprendente en lo absoluto, sino consecuencia de años acumulados de estatismo ineficaz y corrupto. Pero estos años terminaron hace  tiempo (se cuentan en nuestro país ya casi tres decenios de “apertura”) y la balanza se inclinó hacia otra parte: ahora las que privan (permítaseme el mínimo chiste) son la ineficacia y corrupción del sector privado.

Estas privatizaciones que llevan, pues, cinco sexenios de obsesionar a los gobernantes mexicanos, a veces son reguladas y transparentes pero generalmente resultan abusivas y son consumadas en oscuridad y secreto.  Y van de lo superficial a lo profundo y pocos sectores se ven libres de ellas. Sus manifestaciones están por todas partes: desde la señal de tránsito idéntica a las oficiales pero que nos informa que allí adelante, a 300 metros, se encuentran la concesionaria o refaccionaria fulana o mengana (como si ese fuera un aviso de interés general), hasta el crecimiento exponencial de las corporaciones de seguridad privada o las novísimas cárceles operadas por particulares.

Una de las constantes del discurso oficial (y, por supuesto, el de los empresarios) es la conveniencia innegable (y ay de quien ose mostrarse en desacuerdo) de que las empresas, los servicios y casi cualquier manifestación humana salga de las manos del Estado y se quede en las de quienes se aventuren a intentar convertir en negocio lo que no lo era o a “patrocinar” proyectos para los que las autoridades dicen no tener dinero (dejemos de lado, por lo pronto, que los presupuestos nacionales son multimillonarios y que el dinero se gasta en publicidad y cosas igualmente inútiles y suntuarias con una esplendidez oriental).

Así, por ejemplo, vemos esos lánguidos cuadritos de pasto en un camellón o glorieta que, pese a estar tan secos y cochambrosos como de costumbre, nos presumen solemnes cosas como: “Este espacio es conservado gracias a Tortillas Mencháquez, el sabor de los sabores” o “Talleres Automotrices MegaSupra conserva este espacio en beneficio de la comunidad”. Y el mejor de los casos veremos a un aburrido empleado de MegaSupra (con cachucha y playera con el logotipo de la empresa) regando un poco de agua por el terregal. Eso sí: el colorido anuncio con que nos enteran de la buena nueva de su “responsabilidad social” nadie se los quita.

¿Qué pasó, hemos de recordar, con las joyas de la corona privatizadora original, la de los tiempos de Salinas de Gortari, es decir, las carreteras, la banca, la telefonía? Pues que las carreteras tuvieron que ser rescatadas a un costo delirante. Y la banca tuvo que ser rescatada a un costo delirante también. Ambos asumidos por las arcas públicas, es decir, por los ciudadanos que pagamos impuestos. Y la venta de la telefonía nomás nos deparó, luego de unos años de facturas carísimas hasta para los suecos, la satisfacción de que el hombre más rico del mundo sea un mexicano. Pero que le pregunten a la Profeco cuál es la empresa de la que más se queja el público. ¿Y qué decir de las pensiones, convertidas en Afores que no sacan del hoyo a nadie? Resulta bastante difícil sostener que con la llegada de la iniciativa privada esos negocios son más serviciales y útiles.

El Estado mexicano, a todos los niveles, ha sido históricamente inepto y manirroto. Pero los particulares tampoco han destacado por su honestidad ni eficiencia. Como en aquel viejo cuento de Poe, de un lado está el abismo, el pozo, y del otro la guadaña y el péndulo… Y ya sabemos lo que pasa cuando uno se lanza hacia un lado o se resigna a quedarse en el otro.

SABER MÁS

Beneficios, ¿cuáles?

Según un artículo de Federico Plancarte Sánchez en publicado en gestiopolis.com, “la privatización en nuestro país se ha caracterizado por su falta de información y de transparencia, además de la sospecha de corrupción. No se recuerda un caso donde haya habido un beneficio real para el país”.

Basta recordar que de 1988 a 1999, se privatiza el sector siderúrgico, la banca y la telefonía; de 1995 a 2000, se hacen cambios para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite.