Viernes, 10 de Octubre 2025
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La verdad y el fango

La máquina del fango opera desde las agencias judiciales, los ministerios públicos y las procuradurías

Por: EL INFORMADOR

La máquina del fango se regodea con la exaltación de las pasiones de la ciudadanía. EFE / ARCHIVO

La máquina del fango se regodea con la exaltación de las pasiones de la ciudadanía. EFE / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (17/ABR/2016).- En su último libro, publicado en 2015, bajo el nombre “número cero”, Umberto Eco nos alerta de la peligrosa tentación de que el debate político se convierta en lo que él llama: “la máquina del fango”. Así lo explica el filósofo, y experto en Semiótica en una entrevista a La Sexta de España: “la máquina del fango es una forma de deslegitimación del adversario mostrando aspectos secretos de su vida”. La máquina del fango es en sí mismo un distractor, es un cambio de juego si utilizamos el léxico futbolístico.

El discurso que deslegitima al adversario busca deconstruir a un personaje creíble para la opinión pública. Históricamente, la máquina del fango opera desde las agencias judiciales, los ministerios públicos y las procuradurías. O los medios de comunicación. Así, en la actualidad, basta con divulgar una conversación privada, que muchas veces no incluye delito alguno, para destrozar la credibilidad del adversario. No por nada, Michael Ignatieff en su obra “fuegos y cenizas”, reconoce que la política se ha convertido en el arte de despedazar el prestigio del rival.

Más que en el fortalecimiento de la credibilidad propia, la máquina del fango encuentra su sentido en el desmantelamiento de la legitimidad pública de alguien que se percibe como amenaza.


La máquina del fango se regodea con la exaltación de las pasiones de la ciudadanía. Se olvida del verdadero debate, y exhibe a los personajes públicos “de cuerpo entero”. Pablo Iglesias en España, por ejemplo.

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Podemos representa una amenaza para algunos intereses, y la respuesta de sus adversarios ha sido llenar de lodo su pasado, que incluye relaciones personales, simpatías políticas externas y hasta sus gustos musicales. Convertir a un joven profesor universitario, con una narrativa de cambio atractiva, en un peligroso marxista chavista que convertirá a la España del Siglo XXI en la Venezuela bolivariana. La máquina del fano en plena operación. Un disparate, pero que a fuerza de repetición se convierte en una narrativa que agita el miedo entre algunos sectores de la sociedad ibérica. Algo similar ocurrió con el candidato a la Gubernatura de Jalisco, Arturo Zamora en 2006 o con el propio Andrés Manuel López Obrador en los mismos comicios.

La máquina del fango busca enlodar a todos, es como un ventilador que dispara podredumbre a diestra y siniestra. El objetivo confesado es el conformismo de la legendaria frase: “todos son iguales”.
El fango cubre ahora las investigaciones sobre la tragedia del 26 y 27 de septiembre en Iguala. La pugna por la “versión oficial” o la “verdad histórica”, no enfrenta dos posiciones informadas y sensatas sobre lo sucedido en esa trágica noche. El tacticismo político y vencer al adversario se han vuelto los únicos objetivos. Incluso, diría, que existe una renuncia explícita y rotunda del Gobierno Federal a convencer a los mexicanos sobre la veracidad de la versión que ha defendido la Procuraduría General de la República desde los días de Jesús Murillo Karam.

De acuerdo a la encuestadora Parametría, 64% de los mexicanos no creen la versión del Gobierno Federal, porcentaje que ha escalado 10 puntos desde noviembre de 2014. Es decir, la tendencia de la opinión pública, a partir de toda la información vertida por los medios de comunicación, es a alejarse de la postura que ha sostenido el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El intento de cierre, la obsesión de Los Pinos por poner punto final al problema, sólo ha provocado que la narrativa oficial cuente con muy pocos respaldos. Al igual que otros episodios tristemente célebres de la historia nacional, el asesinato de Colosio o la muerte de dos secretarios de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, la versión oficial goza de un respaldo minoritario entre los mexicanos.


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aterrizó en México para coadyuvar en las investigaciones. Su encomienda nunca fue encontrar la verdad, sino señalar las inconsistencias en las pesquisas de la PGR. No son fiscales, son auditores. Ante la falta de credibilidad de las instancias de procuración de justicia en el país, el GIEI se convierte en un contrapeso ante la tentación del Gobierno Federal de cerrar el caso de buenas a primeras. Se equivocan quienes piensan que el GIEI debe plantear una “verdad alternativa”. No es su razón de ser. Su presencia en México se limita -que no es poca cosa- a decirnos a los mexicanos si nuestro Gobierno tiene los elementos necesarios como para sostener pública e históricamente una verdad sobre los hechos de Iguala. El GIEI es ciego a los resultados, ya que pone luz sobre los procesos y su presunta infalibilidad.

El punto de inflexión en la relación entre los expertos y la PGR fue en septiembre de 2015. Justo cuando nos aproximábamos al primer año de la tragedia, el GIEI decidió “destrozar” la verdad histórica del Gobierno Federal. Con una crítica puntual a los elementos procesales y los vicios de la investigación, los expertos independientes pusieron a Los Pinos contra las cuerdas.

Es cierto, la versión oficial de la PGR no había convencido a una mayoría de mexicanos, sin embargo los argumentos del GIEI significaron un baldazo de agua helada para el Presidente Peña Nieto. Al mismo tiempo, si bien los expertos independientes patinaron al negar cualquier posibilidad de que hubiera habido fuego en el basurero de Cocula, opinión que han matizado al transcurrir los meses y un hallazgo fundamental del tercer peritaje, la auditoría del equipo de la CIDH desnudó muchos de los vicios que hacen de nuestro sistema de procuración de justicia, uno de los más endebles del mundo.

El documento presentado no sólo puso en duda la verdad histórica, también colocó sobre la palestra pública otras líneas de investigación que habían sido menospreciadas o francamente ignoradas: la participación activa o pasiva del Ejército en aquella trágica noche y la rotundidad con la que Murillo Karam aseguró que los 43 habían sido incinerados en el Basurero de Cocula. Periodistas como Héctor de Mauleón, que han seguido de cerca el caso, señalan que si bien el Basurero es un lugar clave, no habría que descartar que alrededor hayan existido otros espacios de incineración de las mismas proporciones.

 La indiferencia ante líneas de investigación que podrían involucrar a más actores en los hechos de Iguala, causa mayor sorpresa cuando la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en rueda de prensa el jueves pasado, sostuvo que un testigo clave en la investigación señala que en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, también participaron al menos dos agentes de la Policía Federal (PF) y elementos policiacos del municipio de Huitzuco. Murillo Karam negó, reiteradamente, cualquier tipo de involucramiento de las esferas federales en la tragedia de Iguala.

A partir del cuestionamiento a la versión oficial, la relación se rompió. El Gobierno Federal comenzó a ver a los expertos independientes como adversarios y no como aliados para diluir toda esa incredulidad que se instaló en la opinión pública. Hay que decirlo, los expertos desmontaron una versión que tenía la ambición de convertirse en irrefutable. Faltaron matices y “mano izquierda”, eso es innegable, pero los expertos no se salieron de la ruta que tenían contemplada para coadyuvar con la credibilidad de la investigación.

Y tras eso, la cooperación fue una quimera. La PGR y la SEGOB no se movieron ni un ápice, dijeron que seguirían con la investigación, pero que el caso estaba resuelto. Al igual que con otros organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, Los Pinos se vieron a la defensiva, descalificando el trabajo de sus contrapartes y sin voluntad de descubrir una verdad consensuada que al Gobierno le dotaría de legtimdad para darle la vuelta a la página a uno de los episodios que más lastimaron la imagen de México en el mundo.
Y al final, la primera damnificada fue la verdad. La participación del GIEI, de los peritos argentinos y hasta del laboratorio de Innsbruck en Austria, tenía como objetivo que, por primera vez en este país, se realizara una investigación autónoma e imparcial, un proceso que convenciera a los mexicanos y que nos permitiera conocer la auténtica verdad histórica.

La pugna política, el revanchismo y el fango, se llevó entre las patas a la verdad, a la rendición de cuentas y a la historia. Los expertos independientes saldrán del país el próximo 30 de abril y el Gobierno Federal podrá bajarle el volumen a una voz crítica que no sólo cuestionó los hallazgos de la PGR en este caso en particular, sino que desnudó la ineficiencia, obsolescencia e incapacidad del ministerio público mexicano para construir una investigación sustentada y creíble. La desaparición de los 43 normalistas es tan simbólica e icónica porque exhibe todos esos problemas estructurales que hacen de México el reino de la impunidad. Decían los argentinos tras la dictadura militar de los setentas que “no hay presente vivo con pasado muerto”. Sin una verdad creíble y sustentada, ni los padres, ni la sociedad mexicana, podrá darle vuelta a una de las páginas más dolorosas de la historia del país.

Tapatío

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