La dulce tentación de prohibir

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2016).- Escribe George Lakoff en “no pienses en un elefante”, que las posiciones políticas suelen estribar entre las distintas imágenes de paternidad existentes en nuestra sociedad. Particularmente dos. Unos, apuestan por el padre protector, que se preocupa porque sus hijos se desarrollen con todas las garantías y en libertad. Si tropieza, el padre tiene la obligación de levantar y animar a sus hijos.  

La otra visión, es la  del padre firme y duro, aquél que no tolera desviaciones del camino, que debe reprender al hijo mal portado y que hace de las sanciones y castigos, su mejor arma para forjar el carácter de sus vástagos. En esta forma de entender el orden en una sociedad, la prohibición es la esencia de la paternidad, la libertad es su excepción.

En Jalisco, esta segunda visión se ha impuesto en la arena pública: los políticos creen que nos deben prohibir aquello que dañe nuestras buenas conciencias y, por ello, sancionar con total energía cada acto que vaya en contra de las buenas maneras. Prohibir, prohibir y prohibir, ésa es la respuesta de los políticos jaliscienses cuando hablamos de consumo de mariguana, de interrupción del embarazo o del abominable video de Gerardo Ortiz. Muchas veces ni lo reflexionan, es un reflejo, que desata los aplausos de muchos tapatíos.

El video de Gerardo Ortiz es condenable bajo cualquier óptica. Machismo, elitismo e incitación a la violencia, todo en una cápsula de cinco minutos. Me aterra pensar que hay millones de jóvenes que ven en este hombre un modelo a seguir. Pero también lo entiendo -no justifico-: como sociedad no hemos construido una narrativa alternativa de lo que significa ser exitoso en la vida. Ni el esfuerzo, ni la justicia social, ni el mérito, ni el civismo, y menos el respeto a las mujeres, son hoy atractivos en el mercado de espectáculos. Como dice Bauman, lo que importa es el dinero, sin importar si éste proviene del esfuerzo y la dedicación, o de la corrupción o la ilegalidad. En esos terrenos, el narco se mueve a sus anchas.

Ante esta realidad cultural y social, es de sorprender como los políticos creen que todo esto desaparece cuando el largo brazo del Estado se encarga de decidir qué deben ver y qué no deben ver las buenas conciencias tapatías. Tal cual, como si “poniendo la suciedad debajo del tapete”, el problema estuviera solucionado. Es la típica reacción del conservadurismo: “si no lo veo, no existe”. No importa que vivamos en un mundo en donde todo corre como agua entre los dedos por las redes sociales, en donde lo prohibido genera una seducción incalculable y en donde la transgresión sea más atractiva que el respeto a la autoridad. No importa, el político sigue creyendo que puede regular “la ley de la gravedad”, tal cual como padre controlador que puede pasearse por la arena pública decidiendo qué podemos consumir y qué debemos evitar.

Como suele suceder, existe una terrible confusión entre el problema, en sí mismo, y sus manifestaciones públicas. El video de Gerardo Ortiz no es producto de un proceso de generación espontánea. Mensajes como los de este cantante son la cotidianeidad en nuestra sociedad. Si fuera un caso aislado, el problema estaría resuelto.

La sociedad condenaría de tajo la emisión de videos de estas características y su venta sería imposible. Lo complejo radica en que millones y millones de mexicanos hacen de estas manifestaciones de machismo e incitación a la violencia, su momento placentero del día. Hombres y mujeres, pobres y ricos, urbanos y rurales, se divierten viendo cómo el valiente cantante se despacha a balazos al amante de su mujer y después a su propia pareja. Pensar que el problema es el video, o que Gerardo Ortiz se presente en Tepatitlán, es tan absurdo como creer que si mañana se prohíbe el alcohol, la ciudadanía optará por no beber. Los políticos le dotan a la prohibición de propiedades mágicas, casi alquímicas.

Censurar no es la solución a estos problemas. No sólo no resulta eficaz porque queda claro que sus alcances son muy limitados. Sino que entra en juego un debate central en la democracia: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Quién traza la línea entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir? ¿Quién debe sancionar a los que utilizan con intolerancia y odio su libertad de manifestarse? ¿Tiene que ser el Estado censurando, o debe ser la sociedad la que censure con una condena frontal a este tipo de mensajes?.

Es ahí en donde debo admitir que la tapatía es una sociedad sumamente conservadora. Sobre la mesa, nunca se pone la posibilidad de construir una sociedad que resuelva sus problemas desde las libertades y no desde las prohibiciones. La discriminación a la mujer no ha perdido tanto peso en países como Canadá o en el Norte de Europa, porque el Gobierno haya tomado la decisión de censurar cualquier video, libro, serie o película que promueve valores erróneos.

Dichos países intervinieron desde las causas, se metieron de lleno en los problemas estructurales que evitan que las mujeres puedan gozar de igualdad real, y entendieron que los argumentos de los intolerantes, los machistas y todo aquel que discrimina, deben ser enfrentados y derrotados en la misma arena pública, deliberando y convenciendo.

De nada sirve mandar a la clandestinidad las ideas que no nos gustan, por más abominables que sean. La democracia, como sistema que se cimienta en la libertad de expresión, es o debe ser lo suficientemente sólida como para disputar la arena pública y alertar de lo que significan mensajes como los de Gerardo Ortiz, los grupos de reggaetón o las películas que deifican a los criminales. Prohibir, o censurar, significa asumir que en la plaza pública esas narrativas son más atractivas y eficaces, que aquellas que se pueden construir desde la honestidad, el respeto,  el Estado de derecho, la igualdad y la justicia. Si no somos capaces de convencer, como sociedad, a esos millones y millones de simpatizantes de mensajes de odio como los de Gerardo Ortiz, entonces nuestro problema es aún más complejo. No hay un futuro que vender, no hay un horizonte con el cual seducir.

Es cierto, la libertad de expresión es un derecho con límites. Como sabemos, demarcar su espacio de acción es una labor casi titánica. Ninguna sociedad se pone cien por ciento de acuerdo en este asunto. ¿Es libertad de expresión que se emitan series en donde el narcotraficante es el símbolo del éxito a través de someter a los políticos y de corromper a toda la sociedad? ¿Es libertad de expresión que los cantantes de reggaetón hagan de la mujer un objeto que sólo sirve para encender las pasiones de los hombres? ¿Es libertad de expresión  que el público del estadio entone un grito homofóbico cada que un portero va a despejar la pelota? Es muy difícil trazar la línea, es un asunto de grados y cada caso implica consecuencias totalmente distintas.

Las soluciones están en otro lado. Qué la censura no sea el camino deseable, y tampoco el eficaz, no quiere decir que el Estado deba mantenerse neutral ante manifestaciones de machismo, exaltación del feminicidio o cualquier otra discriminación. Los gobiernos, de distintos niveles, tienen todas las herramientas a su alcance para promover una cultura de respeto a las mujeres. Una campaña de condena pública de este tipo de manifestaciones sería un buen inicio.

Promover reformas al sistema educativo para que se incorporen asignaturas que hablen de la importancia de los valores democráticos, que van desde el respeto a los otros hasta la igualdad de género. No es cierto que la dicotomía a la que se enfrenta un funcionario público es o prohibir o no hacer nada. Entre la censura y la rendición pública ante este tipo de mensajes, el Estado tiene una serie de responsabilidades que debe asumir. Y si hay delitos que perseguir, evadir la censura no significa prevaricar. Es la respuesta política y social la que debe replantearse.

También, combatir la violencia contra las mujeres es enfrentar estructuralmente los problemas que evitan su igualación con los varones. La indignación mostrada por muchos políticos, y la condena tan enérgica al video de Gerardo Ortiz, bien podría replicarse cuando se discute el presupuesto anual para combatir todas las violencias de género o cuando vemos que en los puestos de toma de decisión en los gobiernos, las mujeres siguen siendo una franca minoría. En estos temas que se vuelven mediáticos hay una hipocresía palpable, de subirse al tren de la prohibición y no hacer nada para cambiar estructuralmente las condiciones que tienen a la mujer violentada y discriminada.

Reza el adagio: “El Estado debe justificar la prohibición y no la libertad”. La plaza pública, sean los medios de comunicación, las redes sociales o la calle, son reflejo de lo que somos. La popularidad de un cantante como Gerardo Ortiz no depende ni de su presentación en Tepatitlán ni tampoco de que sea quien cierre el Palenque de las Fiestas de Octubre. Su éxito es nuestro fracaso. Es decir, el fracaso de confeccionar un imaginario de vida que condene sin ambigüedades la violencia y la dominación como formas legítimas de lidiar con la otredad. El Gobierno puede ayudar condenando este tipo de manifestaciones y haciendo una campaña de concientización profunda sobre los efectos nocivos de este tipo de entretenimiento.

Sin embargo, quien debe condenar lo que hace Gerardo Ortiz es la sociedad misma; la que debe rechazar cualquier manifestación en donde se denigre a la mujer, es la sociedad. La censura es sólo darle la vuelta al problema, poner la suciedad debajo del tapete y fingir que no vemos lo que pasa. Así, prohibir es, bajo cualquier punto de vista, claudicar.