La batalla educativa

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2015).- Ninguna reforma generó tantos consensos como la educativa. Muchos especialistas dicen que no es una reforma educativa en sí, sino una modificación de las condiciones laborales del magisterio. Ser eso, no le resta ningún mérito: sabemos que los incentivos y condiciones laborales de los profesores son, fueron, y serán, razones que explican el rezago educativo del país. Había que hacer algo con el control sindical de las plazas; la comercialización de los espacios en el magisterio; el faltismo sin sanción; la discrecionalidad de los salarios, y la ausencia de meritocracia en la carrera magisterial. No son los únicos frenos para una educación de calidad en el país, pero sí son vicios que impiden la modernización del sistema. Por ello, la reforma educativa suscita el respaldo de más del 60% de los mexicanos en el estudio demoscópico de BGC y hasta 82% en la encuesta de Buendía y Laredo. Incluso, entre los profesores, los niveles de consenso son muy altos.

Sin embargo, para nadie es una sorpresa que cuando hablamos de reforma educativa, estamos hablando más de política que de educación. La implementación de la reforma ha provocado resistencias en algunos sectores del magisterio, lo que ha elevado el tono de respuesta de Los Pinos. Las resistencias son naturales ante un proceso de cambio, ante la modificación de status quo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que opera de forma hegemónica en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se volvió el principal opositor a la reforma. Los argumentos de la CNTE en contra de la reforma: privatiza la educación pública; no toma en cuenta las condiciones de los estados más atrasados; es punitiva; resta recursos a la educación, y no toma en cuenta los contenidos en el aula. Algunos de sus argumentos son francamente irrisorios, otros habría que tomarlos en cuenta.

La educación es un campo político de disputa permanente. Lo ha sido entre conservadores y liberales. Entre la iglesia y el Estado. Entre lo privado y lo público. Sin embargo, a los elementos inherentes de la disputa ideológica por la educación, le tenemos que agregar la importancia que reviste esta reforma para el futuro del proyecto sexenal de Peña Nieto. Ante la falta de efectividad de otras reformas, como la energética o la financiera, el priista ha visto en la educativa su “salvoconducto”. En un periodo en el que su administración pasa por una crisis de credibilidad, la educación, más que el petróleo o el crecimiento económico, es el tema del que quiere hablar el Presidente. Con una tasa de aprobación de 35%, Peña Nieto entiende que se juega mucho en la reforma educativa. No es una coincidencia que el encargado de implementarla y encargado de defenderla sea Aurelio Nuño, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, y uno de los amigos más cercanos del Presidente. Tras la reforma educativa no sólo está en juego el futuro de los niños mexicanos, está también la elección de 2018 y el legado peñanietista.  

La polarización

Faltaban pocos días para la elección. La CNTE amenazaba con impedir la instalación de urnas si no tenían respuestas a sus demandas. El entonces titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet, anuncia: “se suspende la evaluación educativa en Oaxaca, Guerrero y Michoacán para no afectar las elecciones del domingo 7 de junio”. La reacción de la prensa y de la opinión pública fue de notable estridencia: “el Gobierno capituló. La CNTE lo venció con la amenaza del boicot electoral”. El Gobierno Federal tuvo que enfatizar que la medida era temporal, sólo para evitar algún enfrentamiento el día de la elección. Al final, Los Pinos recularon y horas después del día de los comicios, la evaluación volvía a ser indiscutible incluso en los estados hegemonizados por la CNTE. La pifia del Gobierno de Peña Nieto sirvió para que Peña Nieto se diera cuenta que la evaluación educativa gozaba de amplias simpatías entre la mayoría de los mexicanos. Fue cuando decidió “lanzarse al ruedo”.

Mucho se ha especulado sobre la decisión del Presidente de suspender temporalmente la evaluación. Algunos dicen que sí había un riesgo de que algo se saliera de control el día de la elección, y tras Ayotzinapa, Tlatlaya y demás escándalos, uno más hubiera sido el acabose. Otros dicen que no, que por el contrario, todo estaba fríamente calculado. Peña Nieto quería cohesionar a la opinión pública ante el inminente choque con la CNTE, buscando tener el respaldo de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil. La explicación de aquella decisión, sigue en el aire.

Tras la suspensión de la evaluación, el Presidente se ha montado en la reforma educativa como principal narrativa de su Gobierno. Los estudios de opinión revelan que la CNTE tiene una pésima imagen entre los ciudadanos. Solamente 28% de los mexicanos tiene una opinión positiva de la organización. Ante esta realidad, el Presidente de la República, a través de su secretario de Educación Pública, ha tomado la decisión de encorralar a la CNTE. La estrategia va desde la desaparición del famoso Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cooptado hasta la médula por la CNTE, hasta la vía penal de ir por las cabezas de algunos dirigentes de la Sección 22. También se han retenido cheques y, en esta semana, Aurelio Nuño anunció la llegada a Oaxaca de 10 mil elementos de la Policía Federal para resguardar la aplicación de la evaluación a docentes en aquella Entidad. No hay alternativa descartada, derrotar a la CNTE se ha vuelto una prioridad para Los Pinos.  

El efecto Nuño

Aurelio Nuño tomó la SEP semanas después de la contienda electoral. Nuño es un cercano colaborador, un amigo del Presidente. Un factor de poder al interior del Gabinete de Peña Nieto, y un presidenciable en toda la extensión de la palabra. Ante la debilidad de algunos aspirantes a la nominación presidencial del PRI, como Miguel Ángel Osorio Chong o Luis Videgaray Caso, Nuño emerge como el “Delfín” de Peña Nieto. Y es que dos años y medio es apenas tiempo para construir a un candidato que es poco conocido y tampoco es bien visto al interior del PRI. Parece más un tecnócrata panista, que un priista de la “vieja guardia”. Y Educación era la única cartera desde la cual podía construir una candidatura presidencial, en Gobernación, en Hacienda o en Desarrollo Social hay muy pocas cosas buenas que contar. Nuño necesitaba una buena batalla, y la educativa cumple con los requisitos.

Un proyecto político siempre necesita un adversario. Para Nuño, el adversario es la CNTE. Un adversario que reúne todas las cualidades: cuenta con el rechazo de una mayoría social; cohesiona a las clases medias; permite reconquistar algunas zonas perdidas en estados como Guerrero, Oaxaca o Michoacán; se hace de un capital político importante entre la prensa; permite la construcción de un candidato presidencial férreo, “que no negocia con la ley”; obliga a elegir a los ciudadanos: o ellos o nosotros. La elección de la batalla es políticamente muy rentable y le permite al secretario aparecer un día sí y otro también en las primeras planas de los medios de comunicación.

Sin embargo, si bien es entendible la estrategia política del Presidente y su intención de fortalecer a Nuño como su candidato a la Presidencia de la República en 2018, es innegable que la politización de la implementación de la reforma educativa plantea al menos dos riesgos: reducir el problema educativo del país a “derrotar” a la CNTE y pensar en la implementación de la reforma como una lucha de ganadores y perdedores, dejando de lado los consensos que necesitan reformas como la impulsada por Peña Nieto en el marco del Pacto por México.

La reforma educativa no es la panacea, ninguna lo es, pero es un avance importante en materia de evaluación, introducir mérito al servicio magisterial y devolver la rectoría al Estado. Falta mucho en materia de contenidos y modernización, pero es un paso no despreciable. Sin embargo, la politización del conflicto con la CNTE puede llevarnos a olvidar que el problema educativo en México trasciende a la Coordinadora. Utilizar la reforma como plataforma de construcción de un candidato extravía los verdaderos retos del sistema educativo y subordina su implementación a los tiempos políticos. Lamentablemente, el incentivo es al enfrentamiento, por lo que el riesgo es un choque estéril que no abone realmente a la implementación de los aspectos relevantes de la reforma.

En segundo lugar, entender las reformas como una batalla de “ganadores” y “perdedores”. La CNTE, a diferencia de lo que se suele retratar en los medios de comunicación, es una organización tremendamente heterogénea, donde hay moderados, suaves y duros. Y de acuerdo a lo que manifiestan crónicas periodísticas, muchos de ellos tienen la intención de dedicarse a dar clase y no a paralizar sus respectivos estados cada que algo no les gusta a sus dirigentes. Esto lo debe tener muy en claro el Gobierno Federal, “derrotar” a la CNTE no debe significar llevarse entre las patas a miles y miles de profesores que quieren hacer bien su trabajo y colaborar para sacar de su rezago educativo a los estados del Sur del país. Las cúpulas, con su cooptación del magisterio, son las culpables de muchas inercias y prácticas nocivas que afectan al sistema educativo estatal. Las únicas derrotadas de esta batalla política deben ser las prácticas corruptas y corporativas de la CNTE, pero no los profesores y menos los alumnos.

La educación es el “talón de Aquiles” en nuestro país. Lo revelan todos los indicadores de desempeño educativo y profesional. Si no cambiamos el sistema educativo del país, todo esfuerzo será estéril. Los casos de Corea del Sur y Finlandia nos demuestran precisamente ese vínculo entre educación y prosperidad. La reforma educativa contiene elementos positivos, y aunque no son suficientes para propiciar un cambio radical en la educación del país, son disposiciones que pueden simbolizar el primer paso hacia un mejor modelo educativo. La disputa por la educación en México es histórica. Sin embargo, el uso electoral de la reforma sí podría poner en riesgo sus principios fundamentales. Derrotar la corrupción de la CNTE es un objetivo inexcluible, pero reducir la reforma a eso, sería otro fracaso para el país.