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Lunes, 16 de Septiembre 2019
Suplementos | Los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara cumplen su primer año de gestión

Expectativa y realidad

Los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara cumplen el primer año de gestión con luces y sombras

Por: EL INFORMADOR

Los presidentes municipales de la Zona Metropolitana aterrizaron en sus alcaldías acompañados de altísimas expectativas. EL INFORMADOR / J. López

Los presidentes municipales de la Zona Metropolitana aterrizaron en sus alcaldías acompañados de altísimas expectativas. EL INFORMADOR / J. López

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2016).- En política, las expectativas se mueven en los bordes del temperamento público. Son aliadas necesarias para la activación de un movimiento político, pero son terribles enemigas cuando de gobernar se trata. La gestión de las expectativas es una de las labores más importantes de un gobernante. No saber administrarlas puede enturbiar y manipular la realidad misma. Son, parafraseando a Octavio Paz, “fuegos artificiales”, se prenden con gran facilidad, pero se apagan con la misma rapidez. Son alimento del ánimo social y el basamento de la frustración ulterior. Las dos caras de las expectativas políticas. Vicente Fox fue presa de las altas expectativas. El hombre que encarnó la alternancia no supo administrar su oxígeno, su impericia y torpeza para modular el contexto que le permitió llegar a la Presidencia lo dejaron al borde de la ingobernabilidad absoluta. Frases como “resolveré el problema de Chiapas en 15 minutos”, fueron rocas pesadas que tuvieron como corolario la pérdida de una mayoría en el Congreso y su dificultad para poner en marcha un proyecto que emocionara a los mexicanos.

Los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara aterrizaron en sus alcaldías acompañados de altísimas expectativas. El mejor termómetro fue la elección: distancias electorales que nadie previó. Y no sólo eso, el propio discurso de los alcaldes de Movimiento Ciudadano trascendía el compromiso de una gestión correcta y eficaz. Un hilo conductor del mensaje político de los ahora alcaldes de MC, en particular de Pablo Lemus y Enrique Alfaro, fue “cambiaremos la historia”. No es menor colocarse bajo esa lógica de transformación. Cuando un político promete cambiar la historia, las expectativas desbordan cualquier aproximación sensata. ¿Cómo mediremos que realmente cambió la historia? ¿Qué significa eso? ¿La reducción de la deuda es cambiar la historia? ¿Gestionar recursos es cambiar la historia? ¿Proponer una marca ciudad es cambiar la historia? Una frase cargada de grandilocuencia como la anterior amenaza con volteársele en la cara a quien la emite.

Tarde o temprano las expectativas se enfrentan a la realidad. Los problemas de una ciudad son complejos y estructurales. No se resuelven por decreto. Son inercias históricas que se institucionalizan e impiden que funcionen bien los servicios públicos, que el municipio pueda brindar seguridad adecuadamente, que la gestión del territorio se haga pensando en el interés público y no en las apuestas privadas de unos cuantos, que el dinero público se gaste en proyectos sociales y no en caprichos privados del alcalde, y que la corrupción no contamine cada espacio de la administración pública. Y es que el estribillo de culpar de todos los males a la administración anterior, tampoco puede durar para siempre. En el caso de la ciudad, los tapatíos entienden que los alcaldes llegaron con poco margen de maniobra. Sustituyeron a autoridades cuestionadas por los ciudadanos y el resultado electoral deja poco margen a interpretaciones. Sin embargo, culpar al de atrás es un colchón que amortigua golpes durante algunos meses, pero que no puede servir como una perpetua válvula de escape.

Hay al menos cinco dimensiones que alimentan dichas expectativas y de las que conviene hacer un corte luego del primer año de las administraciones municipales, particularmente las de MC por ser las que representan la alternancia. Por supuesto que no es todo lo que se puede decir del primer año de los alcaldes, pero es una brújula para definir si las administraciones van para algún lado. Primero, ¿Hay un proyecto? ¿Las administraciones se fincan sobre alguna idea clara y precisa de ciudad? Un proyecto es una narrativa. Dicha narrativa conjuga una explicación del pasado, del presente y del futuro de la ciudad. ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Qué podemos hacer? Y ¿Qué ciudad queremos? Un proyecto es una narrativa que articula líneas de tiempo. Es un productor de sentido.

Creo que los alcaldes tienen proyecto. Unos más definidos que otros. Sin embargo, lo que es innegable es que a través de la marca ciudad o del POT MET, hemos vuelto a tener un proyecto metropolitano, extraviado por algunos años. Dicho proyecto tiene rasgos criticables que especialistas han detectado con precisión, y diría que es una apuesta de futuro que goza de consenso partidista, pero no necesariamente de consenso social. Un año de administraciones municipales nos ha devuelto la identidad de urbe, lo que no significa que las decisiones que se han tomado sobre la forma de conceptualizar la ciudad sean las adecuadas. Es decir, no han defraudado la expectativa de tener un proyecto sobre la ciudad, pero la forma en que se socializó y se gestionó dicho proyecto, sí deja mucho que desear. Faltó diálogo, acuerdos, consensos, no entre los partidos, sino con una buena parte de la ciudadanía que quisiera mayor apertura para discutir la ciudad que queremos de cara al futuro.

En segundo lugar, la seguridad como una obligación irrenunciable de la autoridad municipal. Es innegable que tras las elecciones de junio del 2015, se desataron altas expectativas con relación a la forma en los nuevos alcaldes embestirían el problema de la inseguridad. Recordemos que a media campaña, el primer de mayo, fuimos testigos de los bloqueos en todo Jalisco, que terminaron de sepultar las posibilidad de que el PRI refrendara la Zona Metropolitana. Incluso, como olvidar la frase del comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, en diciembre del año pasado: los tapatíos ya pueden dormir tranquilo.

La inseguridad es el principal problema de los tapatíos. Olvidémonos de los baches que son molestos, pero no atentan contra nuestra vida. Los homicidios es el gran foco rojo. Es cierto, es una realidad que compete al Estado y a los municipios, pero es innegable que el incremento sostenido en todos los municipios de la Zona Metropolitana es un indicativo de que algo está fallando. Y el proyecto de Ciudad Segura, que tiene como eje la Agencia Metropolitana de Seguridad, todavía no ve la luz.  El reto de los alcaldes para el próximo año es precisamente reducir los altos niveles de violencia, especialmente en homicidios y en robo a automóviles. Hay que decir que en robo a casa y a comercios, las cifras presentan una reducción desde abril de este año, lo que contrasta con los indicadores antes referidos. Más que realidades municipales aisladas, la inseguridad es un problema metropolitano, que debe ser atendido bajo esa lógica.

La expectativa de que llegaban alcaldes con mayor posibilidad de defender lo público. El municipio es, bajo cualquier lógica, la instancia encargada de la gestión del territorio. De lo local, lo palpable. Es pequeño para las grandes dinámicas económicas que lo superan, pero el municipio constituye la articulación de la proyección de la ciudad y el espacio público. Lamentablemente, los municipios se han vuelto agencias de colocación, especialistas en subastar lo que es de todos. Municipios concesionados hasta la médula, en donde la mayoría de los servicios y la mayoría de las funciones, son entregadas a empresas privadas.

En nombre de la susodicha eficiencia, el municipio ha delegado funciones como multar o cobrar impuestos. Sólo falta que en el futuro, se concesione la seguridad o el cabildo. En ese sentido, y centrándonos en el caso de Guadalajara, poco se ha hecho para revertir dicha tendencia. Una de las primeras decisiones del alcalde Enrique Alfaro fue apoyarse en una empresa privada para cobrar cuentas atrasadas de predial. Es absurdo que empresas privadas se encarguen de una función esencial de un Gobierno. En contraposición, lo que sí han hecho los alcaldes es reestablecer la rectoría pública sobre los concesionarios, que llevaban años haciendo lo que se les venía en gana. Los casos de Metro Meters y Caabsa con indicativos de la voluntad de renegociar los términos de las concesiones. Es importante el papel regulatorio del Gobierno municipal, pero también es fundamental que recupere la soberanía del Ayuntamiento sobre las funciones que le dan sentido. Otro elemento de defensa de lo público han sido programas como el de Banquetas Libres, con pocos recursos pero en la dirección correcta. Claros y oscuros muestran las administraciones municipales en el primer año.

En cuarto lugar, la justicia transicional. Todos creímos que los alcaldes serían implacables con la corrupción de pasadas administraciones. Los ahora alcaldes, cuando hicieron campaña nos dijeron que la corrupción estaba desbordada en los municipios. Denunciaron moches en obra pública, basificaciones irregulares y hasta la utilización partidista de los programas municipales. Sin embargo, hasta el día de hoy, no sabemos nada de las tramas corruptas que ellos señalaron. Y los alcaldes se excusan en el ya característico: “La Fiscalía no actúa”, no podemos hacer nada. Es un deslinde de responsabilidad que confunde niveles de acción. Por supuesto que los alcaldes no pueden meter a nadie a la cárcel, lo que no impide que ellos mismos asuman el rol de la denuncia pública. La responsabilidad penal y la responsabilidad política implican dos procesos distintos, pero un año después, no tenemos ni lo uno ni lo otro. No habrá rendición de cuentas y no se completa exitosamente la alternancia, si los alcaldes no asumen que nos merecemos saber qué pasó en los trienios anteriores y si en realidad existió la corrupción que ellos mismos denunciaron en campaña.

Y, por último, el discurso del orden. Con mayor énfasis Alfaro, Limón y Chávez, y con menos Lemus y Uribe, pero todos fincaron su narrativa en la idea de ordenar la casa. Nos encontramos un desorden inimaginable, lo dicen en cada entrevista que conceden. Orden y estado de derecho, se convirtieron en piezas fundamentales del discurso de los alcaldes. La labor en esta área es titánica: ambulantes, edificios irregulares, espacio público tomado, pocos pagan impuestos, constructores que cooptan a la autoridad. El orden como proyecto necesita más de un año, pero es fundamental que los alcaldes se salgan de la lógica de ser duros, muy duros, con los ambulantes, por ejemplo, y menos severos con algunos constructores que se han burlado de la autoridad durante décadas. La ciudad necesita respeto a la ley, pero el discurso tendrá credibilidad si la aplicación es justa y no hay amnistías con la élite.

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