Confusión diplomática

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2015).- En México, la política exterior siempre ha estado, de una u otra manera, atada a la política interna. El reconocimiento de México en el mundo sirvió durante décadas como un escudo de legitimidad del Estado autoritario, su mejor protección para evitar la condena internacional a un régimen sin garantías democráticas. Si revisamos las principales decisiones de la Cancillería mexicana durante el siglo XX —no romper relaciones con Cuba, la política de refugiados, el discurso de los no-alineados—, el objetivo siempre fue alimentar de credibilidad externa al régimen autoritario, fortalecer su posición frente a la disidencia y “maquillar” las condiciones políticas del país con posturas solidarias al exterior. El compromiso con la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, los lineamientos de política exterior contenidos en el artículo 89 de la Constitución, sirvieron como una narrativa muy atractiva que le permitía al régimen mexicano construir una cierta autonomía con relación a las potencias mundiales y a la posible intervención en los asuntos internos del país.

Dichos principios reprodujeron socialmente el nacionalismo mexicano y lo utilizaron para cimentar una política exterior defensiva que le decía al mundo: “yo no me meto con ustedes, ustedes no se metan conmigo”. No por nada la frase juarista del “como entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, se encuentra tan arraigada de forma acrítica en la ideología nacionalista mexicana. El “respeto ajeno” significó mirar a otro lado cuando existían violaciones de derechos humanos en otros países del mundo, exigiendo que el mundo se hiciera “de la vista gorda” cuando en México ocurría la matanza de Tlatelolco o la policía política acosaba a la disidencia y criminalizaba cualquier oposición auténtica al régimen. Ser nobles hacia afuera para ganar impunidad hacia dentro.

La democracia llegó y la política exterior se transformó de golpe. La intervención del canciller Jorge Castañeda, y su afán reformista, provocaron un abrupto choque entre la historia de la diplomacia mexicana y los nuevos objetivos del PAN en el Gobierno. Castañeda Gutman apostaba por una diplomacia activa, el respeto a los derechos humanos como principio rector de la política exterior, la distancia política con respecto a Cuba y a América Latina, así como una apuesta por hacer de Estados Unidos el socio estratégico más allá de las relaciones comerciales. Podemos estar de acuerdo o no con el polémico ex canciller, pero su concepción de política exterior se distanciaba de la ambigüedad histórica de la Cancillería mexicana y asumía nuevos retos globales. Tras su salida del gabinete de Fox, y durante el periodo de Felipe Calderón, la diplomacia mexicana volvió a sus habituales ritos y símbolos. Durante el calderonismo, la política exterior recobró su viejo objetivo de protección del partido en el poder, particularmente en materia de seguridad pública y violencia.

Regresó el PRI. Enrique Peña Nieto designó como canciller a un tecnócrata, un diplomático del comercio y de la economía. José Antonio Meade cumplió su labor de “porrista” de las reformas, un hábil vendedor de la “marca México”. Un publicista ante The Economist, El País o el New York Times, mucho más que un canciller con un proyecto definido sobre política exterior y el papel de México en el mundo. Podemos hablar de cierto éxito de Meade durante sus primeros 18 meses de gestión, pero no pudo impedir que Ayotzinapa o la Casa Blanca mancharan de golpe la imagen del país en el mundo y la credibilidad del Presidente. El arribo de Claudia Ruiz Massieu a Tlatelolco, ex titular de Turismo, constituye la señal más clara de la concepción que tiene Peña Nieto de la diplomacia. Entiende que sus problemas políticos son internos y que el campo de las relaciones internacionales, al día de hoy, no le ofrece respuestas o salidas a la coyuntura crítica de la Presidencia. El “resbalón” del Gobierno de Peña Nieto en la gestión de la tragedia en Egipto es símbolo inequívoco de la improvisación y la falta de objetivos claros en materia de política exterior.

Egipto, ¿cómo calificar la respuesta de México?

El valor máximo de la diplomacia es la protección de la vida de los mexicanos en el exterior. Inversiones, ventajas comerciales o negociaciones políticas nunca serán más importantes que la defensa indiscutible de la integridad de los ciudadanos de México en el mundo. Sean migrantes o turistas, importa poco, la estructura de la Cancillería tendría que estar al servicio de la protección y atención permanente de los mexicanos en el exterior. La tragedia, el asesinato de ocho mexicanos, en Egipto pone a prueba precisamente esa noción inquebrantable de política exterior.

La respuesta mexicana a la tragedia en Egipto fue la menos contundente posible. El abanico de respuestas va desde “pedir una investigación”, “condenar diplomáticamente los homicidios”, “pedir una respuesta multilateral”,  “una comisión de investigación” hasta las medidas más radicales como son la suspensión de las relaciones con Egipto o incluso la ruptura de vínculos diplomáticos, tal vez, excesivas. De entre sus opciones, México respondió con el más tímido de los discursos, nunca condenó con fuerza el hecho de que un Estado, a través de los militares, asesine “por error” a connacionales ni tampoco ha buscado llevar su inconformidad a organizaciones internacionales. Parece que México apuesta por su lógica tradicional en política exterior: no meterse con los demás, sin importar que haya vida de mexicanos que corran el riesgo. La narrativa continuista es inocultable.

No sólo fue débil la respuesta, también deja inexplicables cabos sueltos. De entrada, la poca transparencia del Gobierno mexicano sobre la cifra de muertos. La posición mexicana, desde el principio, fue negar lo que la prensa egipcia ya sostenía: eran ocho los mexicanos asesinados. La diplomacia nacional se sostuvo en la negación hasta el miércoles por la tarde, cuando Ruiz Massieu tuvo que aceptar la realidad. Al igual que en el plano local, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) implementó una estrategia de revelar información a cuentagotas, cuando el objetivo de la intervención de México era precisamente ampliar los canales de información y “auditar” la versión egipcia. Hoy en día, existen sospechas sobre la narrativa del Estado egipcio: ¿Los turistas entraron a zona prohibida sin el permiso  de las autoridades egipcia, a pesar de que sobrevivientes han mostrado fotografías del permiso? ¿Realmente la cantidad de descargas coincide con la versión del “error” que dicen los militares, es realmente proporcional la respuesta del helicóptero militar? ¿Por qué los militares reaccionaron con tanta firmeza contra turistas desarmados que no implicaban ninguna amenaza a la seguridad nacional de aquel país? ¿No se dieron cuenta a tan poca distancia que los tripulantes eran mayoría mujeres y de yihadistas no tenían ni un pelo? México parece desarmado para pedir respuestas. 

La tímida reacción de México es producto de la desconfianza que arrastran Los Pinos desde septiembre del año pasado. En política internacional, la legitimidad es un punto clave. Los gobiernos que cumplen con los derechos humanos, que respetan las libertades de sus ciudadanos y que combaten decididamente la impunidad son los que están en mejor posición de exigir cuentas en el plano internacional. Es el famoso “poder suave”, ese poder que tienen los países para convencer al resto a través de la disuasión y no de la fuerza. El Gobierno mexicano se siente débil, ilegítimo para reclamar por sus acciones a Egipto y totalmente desarmado para exigir justicia. La imagen internacional no sólo nos pasa factura en menos turistas, o menos inversiones; una deteriorada imagen no abona a que  México sea capaz de defender sus intereses en el exterior, comenzando por la vida de sus connacionales. Ni credibilidad, ni firmeza.
Al mismo tiempo, tras los hechos que hemos presenciado en los últimos meses, el Estado mexicano entiende que no debe abrir puertas que luego no podrá cerrar. La SRE  conoce que lo mismo que le exija a Egipto, comenzando por la credibilidad de la investigación y la apertura de los cuárteles del Ejército, serán varas con las que México tendrá que medirse en los siguientes años. Sabemos que en el caso de Ayotzinapa, el Gobierno mexicano ha sido renuente a abrir los cuárteles y a permitir que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevisten con la cúpula de las bases militares y averigüen si los cuerpos castrenses tienen algo que ver con los hechos del 26 de septiembre en Iguala. Como juzgas, serás juzgado; por lo tanto no es extraño que Los Pinos tengan cuidado cuando piden a gobiernos extranjeros que se comprometan a fondo con las investigaciones judiciales.

México apunta ya a 12 años sin una definición clara sobre sus objetivos de la política exterior. La Cancillería no es capaz ni de colocar sobre la mesa una narrativa alterna a las sandeces de Donald Trump; ni de posicionarse de forma categórica a favor de un acuerdo migratorio; ni tampoco encabezar ninguna batalla diplomática en ningún tema. Quitando la Alianza del Pacífico, la apuesta más estructural del Gobierno de Peña Nieto, la diplomacia mexicana “huele a vieja” y sin respuestas ante las coyunturas a las que se enfrenta el país, sea Egipto o el debate migratorio. La desgastada imagen internacional de México hoy conspira contra sus intereses y le da armas a un régimen autoritario, como el egipcio, encabezado por militares en la cúspide.