Con un presupuesto tres veces mayor al de este año, la Fiscalía Anticorrupción proyecta ampliar en 2019 los ministerios públicos especializados y aumentar los policías investigadores.Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la dependencia, informó que en su proyecto presupuestal se contempla la creación de seis nuevas agencias del Ministerio Público (MP), cada una conformada por tres elementos de la Policía Investigadora.De concretarse esos planes, la dependencia tendrá nueve MP y 27 elementos investigadores. El fiscal reiteró que arrancaron trabajos con una estructura precaria, pues al inicio sólo tenían un Ministerio Público. Cerrarán el año con tres agencias y nueve policías investigadores. En el Presupuesto de Egresos estatal de 2019 se etiquetaron 63.5 millones de pesos para el gasto de la Fiscalía Anticorrupción. En su primer año ejerció sólo 20 millones.A un año de la entrada en operación del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha recibido 12 denuncias por presuntos actos de corrupción que se revisan en las Salas Unitarias, pero ninguna ha concluido en sentencia.El magistrado Avelino Bravo Cacho, presidente de la Sala Superior del TJA, negó “tortuguismo” en el tema, ya que los casos, dijo, han seguido un proceso ordinario. Agregó que en la segunda instancia no han tenido conocimiento de casos relacionados con corrupción. El magistrado reconoció que son válidos los cuestionamientos al funcionamiento de la estructura creada como parte del SAE. Sin embargo, consideró que los resultados llegarán a mediano y largo plazo.“Todas las críticas son válidas, lo que sí hay que entender es que los temas anticorrupción no son de inmediatez, son temas desde mi opinión de mediano y largo plazo. Se tendrán resultados en la medida que trabajemos en conjunto y, que en mediano y largo plazo, tengamos los resultados visibles y tangibles”, planteó.En respuesta a una solicitud de información, el TJA reportó que en lo que va de año se presentaron tres denuncias por presuntos actos que pudieran constituir faltas administrativas graves o actos de corrupción al interior del Tribunal. No se informó contra quiénes son los señalamientos, con el argumento de que se trata de procesos abiertos.Con relación al rezago que se tiene de todos los temas que analiza el Tribunal, Bravo Cacho, informó que en la recta final del año, la Sala Superior podría resolver todos los pendientes.El juzgador refirió que con el nombramiento de Fany Lorena Jiménez Aguirre, como tercer integrante de la Sala, lograron agilizar las sesiones y la segunda instancia pudo sesionar para atender los asuntos que tenían acumulados desde enero pasado tras su conformación.“El rezago está a punto de acabarse. Tenemos unos 50 o 100 expedientes…, eran entre 600 y 800 más o menos los que se tenían. El rezago sí está concluido; obviamente el trabajo que se ha generado en el transcurso del año y, que se va a segunda instancia, se ha estado trabajando. Si acaso van a quedar algunos por cuestiones naturales”, explicóEn materia de presupuesto, Bravo Cacho comentó que esperan que el TJA cuente con los recursos necesarios para su función y garantizar su autonomía. Sostuvo que durante su primer año de creación no tuvieron los recursos necesarios.Además del proyecto presupuestal por 200 millones de pesos, el TJA solicitó una ampliación por 94 millones de pesos para cubrir laudos y adeudos en el pago de impuestos, 84.4 millones para cubrir un pasivo laboral por concepto de laudos y 18.2 millones para liquidar un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SA T) de pagos pendientes de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Se argumentó que estas deudas les fueron heredadas por el antiguo Tribunal Administrativo.Con cuatro carpetas de investigación concluidas y 11 personas señaladas por abuso de autoridad, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, ha enfrentado cuestionamientos por el trabajo realizado en los primeros 10 meses de su gestión. El ex diputado, Augusto Valencia López, recriminó en diversas ocasiones el desempeño del fiscal. Minutos después de que De la Cruz Tovar tomó protesta como zar anticorrupción, Valencia López le entregó en mano la primera denuncia por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud. Posteriormente, sumó querellas por supuestas anomalías en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y en Ciudad Creativa Digital. “Solamente escuchamos de la Fiscalía Anticorrupción que no tiene dinero, que no tiene personal, que la ley está mal hecha y que es culpa del Poder Legislativo. Se quiere justificar que no ha hecho ningún trabajo de fondo importante porque responsabiliza al Congreso, pero lo cierto es que despacha en unas oficinas de lujo”, cuestionó el ex legislador. Ejidatarios de El Zapote también criticaron el desempeño del zar anticorrupción, solicitaron su renuncia tras acusarlo de omisiones en el seguimiento a querellas que presentaron contra funcionarios estatales por el conflicto de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.El coordinador del Consejo de Colegios de Abogados del Estado, José Luis Tello, cuestionó los resultados dados por el Sistema Anticorrupción del Estado y criticó al Congreso por el retraso en el nombramiento del tercer magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Afirmó que se mantienen “cotos de poder” para repartir los cargos, sin considerar a los mejores perfiles. Tras superar el primer año de operación, el Sistema Anticorrupción del Estado deberá pasar de una etapa de integración a una fase de consolidación de procesos, coincidieron integrantes del SAE.Jesús Ibarra Cárdenas, que forma parte del Comité de Participación Social, refirió que el principal logro en los primeros 12 meses de operación del Sistema es que finalmente está completo, algo que no sucede en el sistema nacional y en otros estados.Ibarra Cárdenas comentó que el siguiente paso debe ser que todas las instituciones que conforman el sistema trabajen de manera alineada con políticas y acciones de combate a la corrupción más directas. “Crear instituciones cuesta trabajo. Ahora ya que están, tienen que alinearse a una lógica de control de corrupción, y alinear esa lógica no es fácil. Esperaría que se dé para el segundo año y que en los planes de trabajo esté claro. Alinear instituciones es que puedan, con una sola visión, todos los que están en el Comité Coordinador, ir en una misma dirección. Es parte de los retos”, detalló. Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, refirió que en sus primeros meses de gestión enfrentó críticas que vinieron directamente de actores involucrados con la conformación del SAE. Confió en que para el segundo año, éstas se logren superar. Destacó que gracias a la presión de universidades, sector empresarial y la sociedad civil organizada, se consiguió dar autonomía al área especializada en combate a la corrupción. Reconoció que también fue clave la disposición del Poder Ejecutivo y el Legislativo: “Muchas de las críticas que llegaron contra la Fiscalía fueron de actores que tuvieron que ver con su creación. Algo que nosotros señalamos fueron complicaciones que se generaron desde el Poder Legislativo. Los diputados determinaron los delitos que conocemos. Tuvimos más de 350 carpetas de investigación por casos de tortura y no se acotó de forma adecuada la competencia de esta Fiscalía Especializada”, explicó. Uno de los pendientes que arrastró el SAE fue la integración de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Debido a la falta de acuerdos entre fracciones parlamentarias, en diciembre de 2017, el Congreso nombró sólo a dos de tres magistrados del Tribunal. Fue hasta octubre pasado cuando finalmente se designó a Fany Lorena Jiménez como la tercera juzgadora de la Sala. Pese al retraso de 10 meses en su integración, el presidente de la Sala Superior del TJA, Avelino Bravo Cacho, afirmó que cumplieron con su trabajo y revirtieron el rezago que recibieron con alrededor de 800 expedientes pendientes. “Este año sirvió mucho para dejar los cimientos para lo que viene para el Tribunal de Justicia Administrativa, y es un balance favorable. Fue complejo el arranque en el que estuvo la Sala con sólo dos de tres magistrados, pero fue un trabajo adecuado, aunque no estábamos en la idealidad, siempre actuamos en la legalidad”, aseveró.Además de ampliar el número de ministerios públicos y policías investigadores, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contempla la creación de una unidad de inteligencia financiera durante 2019.Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la dependencia, destacó que se requiere de un área más técnica para realizar seguimientos financieros y labores de inteligencia.“Las investigaciones que se realizan en términos de corrupción tienen que ver con investigaciones técnicas, así que no es sólo crear agencias de Ministerio Público, se requieren policías investigadores especializados y un área apoyada por auditores, contadores y abogados que se dediquen a una pesquisa más técnica y seguimiento de dinero. Entrarle a más cuestiones de inteligencia”, explicó. El próximo año, la Fiscalía contará con una bolsa presupuestal de 63 millones 584 mil pesos.A nivel nacional, se ha propuesto que la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual se encarga de prevenir y combatir el lavado de dinero, se integre al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, aún no se presenta una propuesta formal.En 2016, en Jalisco se creó la Unidad Especializada para la Investigación Patrimonial, Económica y de Extinción de Dominio a cargo de la Fiscalía General. Sin embargo, a poco más de dos años de su creación, ésta no ha dado resultados.Este medio publicó en abril pasado que, hasta esa fecha, ningún bien había sido asegurado al crimen organizado.Vía transparencia, la dependencia informó que sólo se habían podido iniciar cuatro procedimientos, mientras que el 10 de agosto de 2016, el entonces fiscal, Eduardo Almaguer, informó que se interpusieron las primeras demandas por extinción de dominio.Las demandas fueron por dos inmuebles ubicados en Bugambilias que se utilizaron para un secuestro, otro ubicado en Tlaquepaque que se usó para narcomenudeo y, una denuncia más, por dos vehículos que se utilizaron para un plagio.El entonces encargado de la unidad, Jorge Adalberto de la Rosa, reveló que sólo contaba con tres elementos, mientras que la Fiscalía tiene alrededor de 11 mil. Luego de aprobar un aumento en su presupuesto, en el Congreso del Estado confían en que el Sistema Anticorrupción local se consolide durante 2019. El diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, afirmó que en su primer año el Sistema enfrentó restricciones en presupuesto e infraestructura, pero sostuvo que el escenario cambiará con el gasto de 113.6 millones que le asignaron.La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de la que depende el Comité de Participación Social y el Comité Coordinador, tendrá un presupuesto de 50.1 millones de pesos y la Fiscalía Anticorrupción de 63.5 millones.El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano argumentó que la estructura creada para combatir la corrupción debe superar la etapa de conformación y empezar a dar resultados claros.“El principal avance es que ya quedó establecido, que ya definió sus rutas de trabajo. Ya tienen diagnósticos para poder arrancar y se están dando los primeros pasos para resolver problemas. Todos los servidores públicos deben tener claro que la única actitud que se puede tener es la inhibición ante cualquier acto incorrecto”, comentó. El legislador emecista negó que tengan entre sus pendientes analizar una reforma para que las recomendaciones del Comité de Participación Social sean vinculantes.Por su parte, el diputado Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, presumió que aprobaron los recursos necesarios para la operación del Sistema y crear las condiciones para que sea más efectivo. “Vamos a tener que avanzar. Vamos en la dirección correcta. La corrupción no se va a acabar de un día para otro, lo que se tiene que hacer es combatirla”.El legislador reiteró que no se pueden exigir resultados inmediatos al Sistema. Jesús Ibarra Cárdenas, (miembro del Comité de Participación Social) Modificar de fondo los procesos donde se presenta la corrupción debe ser uno de los propósitos para el segundo año de operación del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), afirmó el investigador Jesús Ibarra Cárdenas, miembro del Comité de Participación Social. Explicó que se debe buscar cambiar los procesos de adquisiciones o licitaciones y aplicar las políticas de gobierno abierto, no sólo como discurso, sino que los ciudadanos estén vigilantes de todas las acciones de autoridad y ponerles más difícil meter “mano negra”.“El sistema va a funcionar y va a ser sistema, no cuando los corruptos empiecen a llegar a la cárcel, mejor que eso, va a ser sistema cuando las tramas de corrupción sean más difíciles que en la actualidad. Que haya una administración pública distinta y un gasto en adquisiciones diferente; donde cada vez se pongan más dificultades a los malos servidores públicos y al ámbito privado para eso”, comentó. El académico refirió que es normal que se presenten resistencias, pues se buscan cambios radicales en la forma en que han trabajado las diferentes instituciones. Apuntó que esperan más resistencias no sólo de la parte política, sino por los hábitos y la forma de hacer las cosas de la burocracia en general.El diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez González, destacó que, en general, el SAE ha tenido buen desempeño en sus primeros meses, pero insistió en que es prematuro pretender evaluar su funcionamiento con sólo un año de actividades.“Un organismo de nueva creación siempre va a ser muy complicado que lo evalúes en un año, para un tema como éste (la corrupción) yo creo que vamos a tardar unos tres años para ver cómo ha funcionado y avanzando, algunos pueden querer resultados inmediatos con gente en la cárcel, para otros puede ser la posibilidad de que se inhiban los casos de corrupción y que la gente haga mejor su trabajo”, concluyó.El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, Avelino Bravo Cacho, sostuvo que en los temas de combate a la corrupción no se pueden pedir resultados inmediatos, llamó a aplicar programas para generar cambios a largo plazo. “Todas las críticas son válidas, lo que sí hay que entender y transmitir es que los temas de anticorrupción no son temas de inmediatez; son temas, en mi opinión, de mediano y largo plazo. Se tendrá que dar resultados por los que estamos en las instituciones y también por la sociedad en general, la idea es que trabajemos en conjunto y que en mediano y largo plazo tengamos resultados visibles y tangibles”, explicó el juzgador. Luego de asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseveró que durante 2019 trabajará con el Comité de Participación Social Anticorrupción y la plataforma #FiscalíaQueSirva para revisar los cambios al modelo de procuración de justicia.El fiscal refirió que a partir de enero aplicará el rediseño de todas las áreas de la dependencia estatal.Solís Gómez refirió que durante el año se deberán consolidar los primeros cambios en el funcionamiento. Insistió en que para avanzar a la autonomía primero se debe depurar. “Para pensar en un escenario de independencia de la Fiscalía primero se debe depurar, corregir vicios que arrastra, que se reestructure. Generar una serie de procesos internos para dar certeza a los ciudadanos y a las autoridades. Para que llegue el momento en que sea autónoma, primero hay que sanear la institución”, comentó El académico Jesús Ibarra, integrante del Comité, dijo que confía en la promesa de que se dará autonomía al Ministerio Público y que no se condicione su actuar en la integración y seguimiento de las investigaciones. “La clave está en que la autonomía sea del Ministerio Público, que no reciba órdenes del titular de la Fiscalía en la parte jurídica de las investigaciones. Que no se resuelva con criterios políticos un tema de investigación ministerial”, puntualizó.Reconoció que la autonomía en el nombramiento del Fiscal General es un pendiente, pero argumentó que la ruta de los 22 puntos de la plataforma #FiscalíaQueSirva impulsa la conformación de contrapesos internos, del servicio profesional de carrera y una contraloríaciudadana. El punto 23 que es el último será cambiar la forma de nombrar al Fiscal General, con una convocatoria pública donde el comité participe con una evaluación y el Congreso designe quien será el fiscal, de entre los perfiles revisados. ¿Qué es?El Sistema Estatal Anticorrupción busca establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.¿Quiénes lo integran?El Sistema está conformado por un Comité Coordinador, el Comité de Participación Social y el Sistema Estatal de Fiscalización. En el Comité Coordinador están integrados el titular de la Auditoría Superior del Estado, el fiscal anticorrupción, la titular de la Contraloría estatal, un representante del Consejo de la Judicatura, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y la titular del Instituto Estatal de Transparencia.¿Cuáles son sus facultades?Garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Aprobar lineamientos de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta de información relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción. La aprobación, diseño y promoción de las políticas estatales en la materia. Presentar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
