Zamora avala iniciativa de Calderón en Código de Procedimientos Penales

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2011).- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Zamora Jiménez, avaló la iniciativa del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que pretende la creación de un nuevo Código de Procedimientos Penales.

El legislador tricolor señaló que esta norma busca revertir la impunidad de 98% que existe en el país. Zamora Jiménez dijo que la reforma busca modificar todo el sistema de procedimientos en el ámbito penal para llegar a la verdad y que contribuiría a revertir el rezago judicial y la impunidad en el país, “porque de cada 100 delitos sólo se castigan dos”.

El legislador federal mencionó que la iniciativa es un instrumento que pretende abatir el abuso de la prisión preventiva y disminuir las cargas de trabajo en los tribunales, mismo que será la herramienta de los agentes del Ministerio Público para combatir con más eficacia la delincuencia. Y esto significa —dijo— una “revolución” prácticamente a todo el sistema de justicia penal del país.

Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para expedir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que pretende, entre otros puntos, garantizar los derechos de las víctimas, dotar de mayores instrumentos a las autoridades encargadas de investigar los delitos y, particularmente, “establecer un sistema de justicia que impida la impunidad”.

No obstante, Zamora Jiménez expuso qué propondría modificar: “Se trata de dos figuras en las que no estaremos de acuerdo, una de ellas es la instrucción de cateo sin orden judicial porque no se cumpliría la orden constitucional, y la otra figura en la que no estamos de acuerdo, es la detención por urgencia que haría a un lado la detención flagrante o la detención con orden de aprehensión”.

La propuesta contiene 595 artículos y 11 transitorios en los que destacan lo referente al establecimiento en todo México de los llamados juicios orales, bajo los principios de “oralidad, inmediación, imparcialidad, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad”.

Zamora Jiménez mencionó que instrumentar los juicios orales en todo el territorio nacional implicaría una inversión de por lo menos dos mil millones de pesos.

El Código Federal de Procedimientos Penales que ha sido propuesto al Congreso de la Unión y que fue enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado jueves 22, plasma en el nivel de ordenamiento legal, los preceptos de la reforma constitucional en materia de Justicia de 2008.

Para el diputado federal es una iniciativa completa, ya que contiene las aportaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Procuraduría General de la República (PGR) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La voz del experto
Claroscuros, en propuesta del Ejecutivo
Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del ITESO)

El nuevo Código Federal de Procedimientos Penales instrumentará la reforma constitucional de 2008, pero tiene claroscuros, pues en aras de la lucha contra la delincuencia organizada regula los arraigos por esta acusación, indica el profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona.

El experto en temas de seguridad explica que el nuevo Código Penal forma parte importante del proceso de los juicios orales, la transparencia, el modelo acusatorio adversativo, más derechos y mejor resguardo para las víctimas.

Además, el nuevo Código contiene figuras más adecuadas para concluir investigaciones y orientar más recursos para delitos de mayor impacto. Ello significa despresurizar el sistema, dar atención adecuada y rápida y que los recursos propiamente penales se dediquen a los delitos de alto impacto.

“Es muy positivo que se implemente el sistema acusatorio adversarial que faltaba para acreditar que el Gobierno federal está realmente comprometido con el sistema de Justicia”. No obstante, señala el también asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, los arraigos y cateos “reflejan un trato que se le ha dado a la delincuencia organizada. Se insiste en el esquema de subsidiar las ineficiencias de la Policía y del Ministerio Público”.

La parte negativa del Código Penal es que regula los arraigos: “Una persona puede estar detenida sin cargos; solamente como sospechosos, privados de su libertad, estigmatizados, haciéndose pública su detención, lo que genera un gran problema de legitimidad, de ineficiencia y de violación de garantías”.

Zepeda Lecuona indica que con el nuevo Código, se puede solicitar a un juez autorización para que una persona acusada de delincuencia organizada —no procede para delitos menores— quede en estado de arraigo. “Ojalá pronto podamos desmontar esa figura constitucional y aberrante, que subsidia las exigencias de la Policía”.