Tren parlamentario

Justamente en la recta final del periodo ordinario de sesiones, que concluirá el sábado, el Congreso de la Unión se ha metido una borrachera legislativa de órdago, con la aprobación de dictámenes que ya festejarán como suelen festejarse los asuntos de marca mayor. Pero los costos y beneficios de cada uno de las reformas que han comenzado a aprobar no están del todo sopesadas, según han estado advirtiendo, ominosas, voces del sector de la oposición más recalcitrante: PT, Convergencia y PRD.

En San Lázaro, anoche, continuaba el frenesí en torno del cabildeo por concluir el dictamen de la ley de seguridad nacional, del que juran el PRD y PT que es Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y el más factible precandidato presidencial priista, quien está insuflando una ley que hará retroceder 50 años al país, en materia de defensa de las garantías individuales. Y, además, que hará que México caiga en un “estado de excepción” al permitir que el Ejército y la Marina cobren una gran preeminencia ante la sociedad. Podrían, por ejemplo, detener a sospechosos y a ponerse a investigar por su cuenta,  e incidir en la instauración de estados sitio.

Gravita con tanta intensidad este asunto que, en el Senado, los senadores del PRI, PVEM, PT y PRD, abominaban de ella, porque, coincidían, pretenden los diputados del PRI, y PAN la instauración llana de un Estado policíaco-militar.

Ahí mismo, en el Senado, la borrachera legislativa ocurría, al parecer, sin temor a cruda alguna. Primero, aprobaron reformas a la ley de armas de fuego y explosivos en las que han avalado que agentes del Ministerio Público, peritos y secretarios porten armas, como sólo había sido permitido a los oficiales del Ejército.

Segundo, aprobaron, en lo general, la ley contra el “lavado” de dinero de procedencia ilícita, que ya cacaraqueaban algunos senadores desde la Semana Santa.

Tercero, refrendaron los senadores la ley antimonopolio, que los diputados les enviaron hace unos días.

Y cuarto, aprobaron y presentado al Pleno para su primera lectura, la reforma política que plantea la creación de figuras de participación ciudadana, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas ciudadanas.

Este tema, que desde el lunes sonaba con el rumor sordo y fuerte de las barrancadas, ha despertado suspicacias. Y sonoras advertencias que tiene la virtud de anunciar los debates que vienen.

En el pasillerío se ha comenzado a preguntar en qué consistirá el mecanismo de la ley en ciernes sobre los recursos que destinará el IFE a las candidaturas ciudadanas.

¿Cómo va a evitar la ley para que, en el caso de los candidatos ciudadanos, éstos no terminen subvencionados por particulares, más allá de lo permitido legalmente?

¿Una ley como la que acaban de aprobar en comisiones los senadores –y, presumiblemente, el Pleno mañana, jueves– traerá los candados suficientemente fuertes como para que poderes fácticos legales e ilegales no puedan incidir con dinero o con recursos mediáticos más allá de lo que maniatarían  las leyes?

El Pleno lo discutirá. Si  éste lo avalara, entonces sería turnada la reforma a la Cámara de Diputados, adonde se abrirían dos posibles vertientes: que la dictaminen y la aprueben antes del sábado, día de la clausura del periodo ordinario. O que sólo se turnase a comisiones, para que sea dictaminada y votada en un periodo ordinario de sesiones, hasta antes del 30 de junio, fecha en que las reformas de marras podrían ser vigentes para 2012. En octubre comenzará el proceso electoral. Tres meses después de aquel hipotético 30 de junio.