Seguridad pública no justifica violación a derechos humanos: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2011).- No existe justificación alguna para que en su pretexto de garantizar una efectiva seguridad pública se violen derechos humanos, afirmó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el informe anual de la CNDH en Los Pinos, ante el Presidente Felipe Calderón, advirtió que en 2010 hubo un incremento de la violencia derivada de la lucha anticrimen, pero destacó que hay víctimas inocentes que esperan justicia. "En 2010 la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles derivados de la violencia del crimen organizado, así como de los enfrentamientos entre autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia, dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, entre estas, de personas ajenas a la comisión de delito u operativos cuyos familiares en la mayoría de los casos aún aguardan se haga justicia", dijo.

En materia de secuestro, Plascencia señaló temor y desconfianza en las víctimas. "La falta de atención y la indolencia provocada por una escasa capacitación en los servidores públicos origina en la mayoría de los casos nuevas situaciones de victimización, temor y confianza", dijo. Del total de quejas, Plascencia explicó que de 16 mil 66 presentadas, seis mil 916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron: las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, además del IMSS, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República. Reconoció la disposición de la Secretaría de Marina a aceptar tres recomendaciones que inicialmente había rechazado.

En materia de migración, el ombudsman anotó diversos casos de violación a los derechos humanos de las personas, incluyendo homicidios y secuestros masivos en Tamaulipas y Oaxaca. "Estos hechos demuestran la problemática a partir de este fenómeno que representa una afrenta para la sociedad en su conjunto", aseveró.

En materia de agresiones a periodistas se recibieron e investigaron 80 expedientes de queja de presuntas violaciones y se emitieron nueve medidas cautelares. "Las agresiones al gremio periodístico no sólo representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho y a la libertad de expresión, sino también la ineficacia de las autoridades competentes en la prevención e investigación de los delitos", acusó.

Censuró los atrasos en la actualización en materia de ley para prevenir y sancionar la trata de personas, pues la cifra de consignados por este delito es mínima y sólo nueve estados han promulgado una ley especial en la materia. "En relación a los defensores civiles de los derechos humanos no existe justificación alguna para que se limite su trabajo", apuntó en su discurso.

Además dijo que su labor ha sido apegada al derecho "buscando hacerlo del conocimiento público pero alejado de cualquier pretensión de polarizar los problemas nacionales. Queremos colaborar en la solución de los problemas, no exacerbarlos", indicó.