Seguridad por mil 500 millones

Mientras las cabezas del sector político y empresarial de Jalisco revoloteaban este 11 de abril alrededor del Presidente Felipe Calderón para reiterar a destiempo sus peticiones de recursos económicos para obras y proyectos, en otro lugar de la ciudad, el Congreso estatal, prácticamente se dio luz verde a una nueva carga para los habitantes del Estado: una deuda pública de mil 500 millones de pesos que, dicen, servirán para combatir la inseguridad.

Los diputados de todos los partidos políticos en la Comisión legislativa de Hacienda votaron a favor del endeudamiento. De esto a la aprobación oficial en la sesión del pleno esta misma semana, sólo faltan formalidades como la de levantar la mano.

El monto de mil 500 millones nació como compromiso público después de los narcobloqueos que según el gober Emilio no existieron, cuando el mes de febrero apenas comenzaba. Preocupados, alcaldes y gobernador anunciaron en Casa Jalisco que debía recurrirse a un crédito para reforzar la seguridad en el menor tiempo posible. Primero se habló de 400 millones de pesos, que luego crecieron hasta la cantidad que avalaron los diputados.

Pero, ¿bastará con este dinero para que los jaliscienses recuperen la seguridad? La mayor parte de los recursos se invertirán en sistemas de video y vigilancia (400 millones), para levantar un nuevo reclusorio (450 millones), para comprar un helicóptero (250 millones) y otra cantidad similar que se agrupa en el concepto “infraestructura de seguridad”.

El único rubro de servicio y de cercanía inmediata a la gente es un plan para homologar los números 066 y 089. A esto se destinarán 10 millones más.

Desde el primer momento, los especialistas cuestionaron la deuda, no por tratarse de un crédito, sino por la forma de gastar.

Evidentemente, se trata de políticas de reacción, no de prevención. No hay inversión para capacitar y profesionalizar policías, para mejorar el sistema educativo, para dar opciones de desarrollo a los miles de jóvenes que consideran una oportunidad de a deveras, meterse a criminales y ganar dinero fácil cueste lo que cueste.

Se construye una cárcel para compensar la sobrepoblación de presos (70%) en los reclusorios ya existentes, pero no se reforman leyes y normas para revertir el problema. Y de remate, se comprará un helicóptero que siendo el único, ofrecerá servicios limitados y quién sabe si completos.

Las cámaras que se instalarán en la ciudad serán más ojos para vigilar a las personas, pero no permitirán información de inteligencia (esto es, conocimientos para actuar antes que los delincuentes).

El punto no es dudar de todo lo que hagan diputados y gobernador, aunque motivos no faltan... la deuda es cuestionable y durante muchos años la pagarán los ciudadanos. Pero como un ejercicio mínimo de honestidad, deben reconocer que las cámaras, el helicóptero y la cárcel nuevecita no son garantía de que se recuperará la seguridad.