SCJN admite juicio para abrir averiguaciones previas

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), Olga Sánchez Cordero, admitió a trámite la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se invalide una reforma que prohíbe que se conozca el contenido de las averiguaciones previas que realiza la Procuraduría General de la República.

Como primera medida, la ministra emplazó a las dos cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, Felipe Calderón, para que respondan a la demanda -registrada con el número 26/2009- que se promovió en su contra por haber aprobado y publicado una reforma que, en opinión de la CNDH, atenta contra el derecho a la información, oculta el proceder del ministerio público, y, en especial, de los funcionarios que traicionan a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.

El presidente de la comisión, José Luis Soberanes, promovió un juicio en contra de dicha reforma porque, entre otras cosas, también impide que la CNDH tenga acceso a las averiguaciones previas, con lo que se evita que pueda realizar "su labor sustantiva de protección a los derechos humanos, pues estará imposibilitada para determinar si los diversos derechos que otorga nuestra Constitución son respetados por las autoridades administrativas relacionadas con el trámite de una averiguación previa".

Mediante la reforma impugnada - que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre pasado y que entró el 23 de enero pasado-, se reformó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que "las actuaciones de la averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere".

Y al mismo tiempo también se estableció que todas las averiguaciones previas tienen el carácter reservado y que sólo se puede acceder a ellas después de tres años de que se haya determinado el no ejercicio de la acción penal y hasta después de 12 años en los casos en los que sus juicios se hayan resuelto en definitiva.

Se trata de medidas que han sido ampliamente cuestionadas en diversos sectores de la sociedad, de la academia, y en especial, por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), quien calificó la reforma -impulsada por la PGR y el gobierno federal- como "un gran retroceso".

Previo a la reforma el IFAI había declarado procedente otorgar el acceso a averiguaciones previas concluidas, es decir en los casos en los que se emiten dictámenes de no ejercicio de la acción penal, o bien, en los que ha determinado consignar penalmente a una persona ante los tribunales.

Dichos criterios enfrentaron al IFAI con la PGR, la cual se negaba a dar a hacer públicas las averiguaciones previas. Y ahora, en su demanda, la CNDH hizo suyos los argumentos del IFAI.