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Martes, 15 de Octubre 2019
México | Violación de dos indígenas

Realizan primera solicitud para que la PRG atraiga caso militar

Experto en derechos humanos afirma que, sin necesidad de cambios constitucionales, las autoridades tienen la obligación de atender estos llamados

Por: EL INFORMADOR

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, espera que la PGR atraiga el caso de Valentina e Inés. ARCHIVO  /

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, espera que la PGR atraiga el caso de Valentina e Inés. ARCHIVO /

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2011).- El organismo civil Tlachinollan, en Guerrero, ha realizado la primera solicitud para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga un caso que se encuentra en la justicia militar, que es el de Valentina e Inés, indígenas que fueron atacadas sexualmente por militares.

Éste es el primer caso en el que se le pide al procurador de justicia militar que decline la competencia y envíe el caso al fuero civil, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 6 de julio que los jueces del Estado deben replicar el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla y en aplicación del Artículo primero constitucional (ver recuadro).

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y ex secretario de la Red Todos los Derechos para Todos, señala en entrevista para este diario que los jueces y la PGR ya tienen la obligación de atraer este tipo de casos en los que militares violaron derechos humanos, aunque haya abogados que interpreten que aún no se puede hasta que se modifique el 13 constitucional que regula el fuero militar.

“Actualmente estamos esperando la respuesta de la PGR. Nosotros sostenemos que ya tienen que atraer el caso de Valentina e Inés, porque la Corte estableció la convencionalidad que obliga de manera inmediata. En ese momento la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado de que la resolución era un criterio orientador, pero no, para nosotros es obligatorio y por eso dimos el paso de solicitar al juez militar que decline en el caso de Valentina. Entonces entramos a esta presión inmediata, que sería el primer caso en el tema”.

El punto 340 de la resolución de la Corte dice que “este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Y en el punto siguiente dice que de cualquier modo tiene que modificarse porque es incompatible con la Convención Americana.

– La población de Temacapulín también buscará cambiar el sentido de su lucha jurídica con la reciente reforma de derechos humanos, ¿ya se puede?

– Ya se puede exigir a los jueces que apliquen criterio de convencionalidad (ver recuadro). Lo que tendrán que hacer (los abogados de Temaca) en los alegatos es argumentar que tal artículo o tal fracción que el juez presume para emitir tal o cual resolución, entra en contradicción con el respeto a los derechos humanos. Pero aunque ya está el criterio de convencionalidad, esto supone un proceso que los jueces no van a aceptar tan fácil. Ya tenemos el cambio legal, falta el cultural, por lo que será necesario presionar y echar luz pública en los jueces que desobedezcan la reciente reforma constitucional.

– ¿El Estado mexicano también podría ser responsable de los desaparecidos de esta supuesta lucha contra el narco?

– La definición de la desaparición implica que se haya cometido contra una persona por parte de funcionarios o con aquiescencia de los mismos, con complicidad, con dejar que suceda. Aquí es importante porque (Alejandro) Poiré y otros funcionarios dicen que son desapariciones cometidas por el narco y que no hay responsabilidad del Estado. El punto es que también se llama desaparición cuando el Estado deja hacer, y sí hay responsabilidad aunque la desaparición no la haya hecho un funcionario. Sí hay aquiescencia, aunque es más bien estructural. Cuando hay penetración del narco en una sociedad, las probabilidades de que haya aquiescencia son altísimas.

– Con la reforma constitucional, ¿cuáles son los retos?

– Tenemos que entrar en una fase de trabajo y vigilancia hacia los tribunales. Segundo, hay que trabajar mucho en el tema de una estrategia de seguridad distinta, que ponga en el centro a las personas y no a las instituciones. Y también donde la seguridad vaya de la mano con políticas públicas, educación, salud, trabajo. Porque construir seguridad solo a través del funcionamiento del sistema penal, por más bien que esté planteado, no va a funcionar. Entonces, faltan políticas que generen alternativas para todo mundo y particularmente para los jóvenes.

Lo que hemos analizado es que tenemos que cuestionar las prácticas de populismo penal, que son la salida más fácil: al tener más delitos, piden penas más altas y más policías. Llevamos años así y no es el camino que los ciudadanos esperan, que es la seguridad. Finalmente tenemos que exigir el cumplimiento del derecho a la verdad. Tenemos que saber qué pasó y también tener idea clara de quiénes son los responsables de la política que nos ha llevado a esta situación.

– ¿La ley de seguridad se contrapone con los derechos humanos?


– En lo que se contrapone es en la idea de plantear la seguridad interna, de desdoblar la seguridad nacional en externa e interna. Es crear una zona gris, nebulosa, que puede generar muchos abusos en términos de restricción de derechos. Además, es una ley que puede darle permanencia a las fuerzas armadas en labores que son propias de autoridades civiles y no tenemos mecanismos institucionales para la vigilancia y el control de esto. Entonces, el riesgo es que se instalen acciones autoritarias de forma permanente.

Los puntos claves

Artículo 1

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

¿Qué es control de convencionalidad?

De acuerdo a los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una comparación entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Reconoce problema en impartición de justicia
La Sedena busca mejorar percepción; invierte en nuevos juzgados

CIUDAD DE MÉXICO.-
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende desarrollar una estrategia global para acercarse más y escuchar a la población civil, así como mejorar “la confianza social en el sistema de administración de justicia militar, fuero de guerra y sistema penitenciario militar”.

Construirá cuatro juzgados militares de ejecución de sentencias y tres áreas administrativas para las secciones de reinserción social en las prisiones militares. La Sedena también evalúa la construcción de dos nuevos penales militares en Mazatlán y Guadalajara para 180 y 100 internos, respectivamente.

Además, adquirirá tres estaciones de servicios periciales del fuero de guerra que serán ubicados en Monterrey, Reynosa y Michoacán, ante la falta de equipo de investigación forense que obliga a la institución a depender de los servicios periciales federales y estatales.

La estrategia prevé ampliar la oficina de Atención Ciudadana y Unidad de Enlace para mejorar la atención a la población civil del país, respecto a solicitudes de acceso a información, ejercer el derecho de petición o tratar cualquier otro aspecto con esta dependencia.

En los documentos que fueron turnados para su aprobación entre el 26 de julio y el 11 de agosto del año en curso, la Sedena reconoce problema en materia de impartición de justicia porque en 2010 aumentaron 68% las averiguaciones previas para su integración fuera de término, de las cuales cinco de cada 10 carecían de dictámenes periciales para integrar de manera eficiente y oportuna dichas averiguaciones.

Los tres proyectos tendrán un costo de unos 182 millones de pesos que serían ejercidos casi en su totalidad el próximo año, a reserva de que la Secretaría de Hacienda decida no aprobar los recursos.

El Universal

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