Prisioneros de La Mesa se amotinan de nuevo

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- La cifra de reos fallecidos durante el motín que ocurrió la tarde del miércoles (17) en la penitenciaría local de La Mesa, se incrementó a 28, según testigos que vieron llegar ese número de cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

No obstante, el procurador de Justicia, Rommel Moreno Manjarrez, informó de 17 decesos; antes, el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, habló de 19.

Además, oficialmente se reconoció que el número de heridos ascendió a 45, la mayoría por arma de fuego.

Estas víctimas se suman a las de la revuelta que sucedió en el mismo penal el domingo pasado, cuando cuatro internos murieron y 25 resultaron heridos. En total, 32 occisos —las autoridades no han reconocido las últimas 11— y 70 lesionados, algunos policías con golpes de piedras y objetos que los internos arrojaron.

Y aunque la situación aparentemente está controlada por las autoridades y ya se iniciaron los trabajos de limpieza y reconstrucción de los destrozos, aún persiste el riesgo de estallidos violentos, porque los familiares no conocen la condición de los presos, alertó el procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona.

El titular de la Procuraduría de Justicia, Moreno Manjarrez, confirmó la detención de tres funcionarios por los delitos de violación a la administración de la justicia y por haber incurrido en omisiones durante las revueltas del miércoles y del domingo, que costó la vida a otros cuatro internos.

Se trata de la subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario, Simona Gamiño Gurrola; el director de Centros Penitenciarios, Miguel Ángel Canet Sánchez, y el director del reclusorio de La Mesa, Carlos Arturo González García.

Torturas detonaron la revuelta

Las torturas constantes contra reclusos de la Penitenciaría de La Mesa de Tijuana provocó dos motines de internos en un lapso menor de 72 horas.

El Gobierno del panista José Guadalupe Osuna Millán estaba advertido de la situación por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que en abril de este año envió la recomendación 01/2008, confirmó el titular del organismo, Francisco Javier Sánchez Corona.

Familiares de los internos también hicieron denuncias constantes por la situación que prevalecía en el penal, donde los presos no sólo eran torturados y humillados, sino que tenían que pagar por cada actividad que realizaban, desde comer hasta salir de las celdas y hablar por teléfono.