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Sábado, 19 de Enero 2019
México | La compañía más favorecida es la contratista Exprab Co.

Paga Conafor a empresas con historial cuestionable

La Comisión ha desembolsado cientos de millones de pesos en compañías que han enfrentado juicios, observaciones millonarias e inhabilitaciones

Por: EL INFORMADOR

La Conafor redujo a la mitad el presupuesto para el Programa Nacional Forestal. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Conafor redujo a la mitad el presupuesto para el Programa Nacional Forestal. EL INFORMADOR / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- Una revisión de los cinco mil 362 contratos que ha asignado la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desde 2013 hasta este mes, arrojó que la dependencia federal ha contratado empresas que se han visto involucradas en cuestionamientos públicos, en anomalías, así como en procesos judiciales.

Con 764.9 millones de pesos, la contratista Exprab Co, con sede en el Estado de México, es la compañía más favorecida en lo que va de la administración de Jorge Rescala Pérez, director general de la Conafor y ex funcionario del Estado de México. Esta empresa se vio involucrada en un proceso judicial, al interponer un amparo de revisión 112/2011, según el Semanario Judicial de la Federación, aunque no se dan mayores detalles del contenido.

La segunda empresa más beneficiada es Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo, con contratos por 499.6 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente 566/2010, la Secretaría de la Función Pública determinó fundada la inconformidad promovida por la empresa Diaaproy sobre el fallo de la licitación pública internacional relativa a la ejecución del muestreo y captura de la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, que realizaría la empresa Consultores para la Investigación Aplicada.

Otra empresa de las más favorecidas por parte de la Conafor, Edenred México, ha recibido 115.3 millones por la compra de vales de gasolina, pese a que el 21 de mayo en 2013 la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por tres meses, emitiendo un comunicado a las dependencias federales y Estados para que se abstuvieran de celebrar contratos con dicha empresa.

Por su parte, la empresa tapatía Amaref ha sido beneficiada con contratos por 192 millones de pesos, pese a que la Auditoría Superior de la Federación reveló en un informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, donde incumplió con un contrato federal.

En 2010, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) tuvo que erogar 161 millones 236 mil pesos por los servicios que prestaron las empresas Tkve Solutions-AMAREF para apoyar y supervisar con la operación del programa de actualización y digitalización de datos y expedientes de Procampo; sin embargo, la Auditoría determinó que, de febrero a agosto de ese año, las actividades realizadas no se hicieron en forma coordinada, lo que implicó que únicamente se digitalizaran 655 mil expediantes, que representaron sólo el 16.8% de los tres millones 888 mil predios que establecieron como compromiso

También existen empresas como Cursa Construcciones, Condominio Industrial León, Bufete de Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas, así como Central Impulsora Embaper, que tienen en curso procesos civiles o mercantiles promovidos por otras empresas.

Otras como Diaaproy han sido denunciadas por colectivos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh, por la realización de estudios en comunidades de la sierra y Costa de Oaxaca.

Al respecto, Mario Vilchis Nava, gerente de Recursos materiales y obra de la Conafor, señaló que la dependencia no tiene la autoridad para negarle a estas empresas la participación en licitaciones públicas mientras no estén inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública. Joel Arreguín, subgerente de Adquisiciones, respondió que la Conafor implementa revisiones de las empresas al momento de recibir y formalizar las propuestas, “tenemos que checar ante la SFP (Secretaría de la Función Pública) para ver si están inhabilitadas las empresas, siempre lo hacemos… en algunos casos hemos encontrado que la empresa está inhabilitada y no se le contrata ni se le reciben propuestas”.

En otras palabras, no importa el historial que tengan las compañías. Si en el momento en el que asignan los contratos no están inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, pueden acceder a los recursos provenientes de la Conafor.
Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señaló que este tipo de irregularidades serán reportadas en la plataforma digital nacional.  “Estas anomalías serían las típicas que mandarían alertas respecto a lo que sucede en cada dependencia… una empresa inhabilitada no tendría que ser contratada”.

Gasta más en proveedores que en apoyos a reforestación

Una comparativa entre el monto total asignado para actividades de reforestación y el presupuesto para pagos a proveedores y terceros que ejercerá este año la Comisión Nacional Forestal (Conafor), arroja que la dependencia destinará más en pagar a sus contratistas que en apoyos a las actividades de reforestación.

Mientras la Comisión prevé gastar mil 168.2 millones de pesos en compras a proveedores, asesorías y pagos a terceros, la partida “Producción y Protección Forestal” dispone de más de cuatro mil millones de los pesos, de los cuales solamente 745.2 millones son para actividades de reforestación.

Esto significa que sólo uno de cada cinco pesos de la partida de “Producción y Protección Forestal” se destina a las actividades de reforestación a través de concursos donde pueden acceder los beneficiarios directos.

Este año, la meta es reforestar 123 mil hectáreas en el país, pero apenas van 12 mil.

Lo que no explica la autoridad es cuántos árboles han sobrevivido en las áreas intervenidas y, aunque una de las metas sexenales de Enrique Peña Nieto ha sido aumentar el número de hectáreas reforestadas, el presupuesto de la política forestal más importante del Gobierno federal, operada por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se ha desplomado en esta administración.

En contraste, los recursos erogados a través de procesos de adjudicación directa, invitaciones y licitaciones públicas registran un crecimiento imparable entre 2013 y el año pasado.  

En este contexto, organismos internacionales como Greenpeace han criticado que las actividades de reforestación que se llevan a cabo en el país no están enmarcadas en un plan integral de restauración, pues la tasa de supervivencia de los predios reforestados es cuestionable al encontrarse una mayoría de los árboles en malas condiciones o enfermos.

El organismo lamenta el grave problema de deforestación que significa pérdida de biodiversidad, recursos y servicios ambientales para el país y su población.

LAS METAS

• Las metas del Programa Nacional Forestal (Pronafor) consisten en impulsar la reforestación y la entrega de apoyos a particulares para cuidar, mejorar y aprovechar los recursos forestales, pero la falta de recursos ha sido una constante.

• Entre 2013 y 2017, su presupuesto pasó de cuatro mil 605 millones de pesos a mil 966 millones. Esto disminuyó considerablemente el número de beneficiarios: de 32 mil apoyos a sólo nueve mil.

• Los antecedentes de este programa se remontan al programa ProÁrbol, que tuvo recursos hasta el año 2012, previo a la consulta realizada en 2013 para integrar una propuesta de reglas de operación y lineamientos que permitiera instrumentar la nueva política pública forestal.

• Fue entonces cuando en enero de 2013, Enrique Peña Nieto anunció la puesta en operación de Pronafor como el instrumento de política pública “más importante” del Gobierno federal para impulsar el manejo forestal en el país.

COMISIÓN NACIONAL

Tienen presupuesto millonario, pero no producen ni un árbol

Mientras la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ejerce alrededor de siete millones 414 mil pesos netos al mes en los sueldos de mandos altos y medios de su estructura orgánica, que se traduce en un gasto de casi 89 millones de pesos al año, sin incluir prestaciones como aguinaldos, vacaciones y el pago de impuestos, la producción de árboles es una tarea en manos de terceros.

Los viveros en los que se cultivan las plantas que utiliza la Comisión dependen de otras dependencias. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene 25 viveros en territorio nacional, en los que se distribuyen 44.4 millones de árboles, según datos de la coordinación de Conservación y Restauración de Conafor.

Se suman otros 18 viveros, con 5.4 millones de plantas, en manos de ejidos y comunidades; 23 viveros con ocho millones de árboles con los Gobiernos de los Estados, a los que se añaden otros tantos que manejan los municipios, centros de educación, organizaciones sociales y particulares.

Al frente del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón consideró que la Conafor no puede “ahogarse en un espacio burocrático que se le va el dinero en diagnósticos y estudios”, los cuales aseguró que deben acompañarse de acciones específicas para combatir los incendios, reforestar hectáreas, restaurar los suelos e impulsar a las comunidades con vocación forestal.

La consecuencia es que, con la asignación de contratos, el gasto en servicios personales y de contratación a terceros, no estás generando la infraestructura necesaria para el desarrollo forestal, “México podría ser una potencia en aprovechamiento forestal y esa es una de las labores de la Conafor”.

LA VOZ DEL EXPERTO

• Alerta en el Sistema Anticorrupción

Alfonso Hernández Valdez (del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción)

Alfonso Hernández consideró que muchas dependencias tanto del ámbito federal como estatal están convirtiendo las adjudicaciones directas en un serio problema, “la ley federal y las leyes locales contemplan esa figura, pero se ha abusado”, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está alerta de esta problemática, “es algo que está muy extendido”.

En este contexto, la creación de la plataforma nacional digital del Sistema Nacional Anticorrupción contribuirá a la solución de este problema, “se tendrá un sistema de todos los servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas, también vamos a tener un sistema de comunicación entre el sistema nacional y el sistema nacional de fiscalización, porque muchas veces no se comunica la información fiscal con la información que está en las dependencias”. Asimismo, se incluirá un sistema de denuncia pública.

En el debate público, el académico del ITESO señala que se discute que, independientemente de los montos, todos los procesos de compra puedan asignarse a través de una licitación pública, “tiene ventajas y desventajas, pero dada la situación en que se encuentran muchas dependencias es un asunto que está discutiéndose”.

El otro problema es que cuando se abre una licitación pública y no hay postulantes, el procedimiento se declara desierto, lo que deriva en que el procedimiento no se concluya como lo establece la ley, “a veces los procedimientos se aceleran sin que haya rendición de cuentas de por qué se hizo”.

Como parte de la solución, también propone una reforma a las Leyes de adquisiciones federal y estatales, “es uno de los temas que hemos establecido como proyecto estratégico… una reforma a fondo que nos lleve a una ley más clara para que tengamos transparencia en todos los tipos de adquisiciones y contratos”.

Con esta reforma, se buscará reforzar las figuras de excepción para evitar que se usen de manera discrecional, “debe especificar de manera muy clara los ámbitos de excepción y se debe poner la lupa donde no esté perfectamente clarificado”.

• Urge auditoría

Augusto Chacón (titular del Observatorio Jalisco Cómo Vamos).

El Observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos recomendó que la Auditoría Superior de la Federación audite el desempeño que ha tenido la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en los últimos años, pues su presidente Augusto Chacón consideró que las adjudicaciones directas “deben estar fundamentadas perfectamente; sin embargo, parece más bien un sistema de estar adjudicando sin licitar y eso hay que impedirlo”.

De acuerdo con Chacón, la Auditoría debe dar cuenta de las adjudicaciones directas anómalas y su impacto, “habría que medir para qué fueron esos contratos y qué beneficios generaron para la actividad fundamental de Conafor”. Recordó que, en otras revisiones, la ASF ha detectado que hay dividendos financieros que no fueron reportados por la Comisión.

Respecto a las empresas con anomalías que han sido contratadas por la dependencia federal, señaló que ésta debe ser muy cuidadosa con los contratistas que se ven beneficiados.

Otro punto a revisar es si los contratos están atendiendo las actividades de reforestación y restauración de suelos que debe tener en cuenta la Conafor, “si el recurso se está yendo en contratistas que no tienen que ver con reforestación o con la compra de semillas, viveros, plantaciones, combate a incendios o restauración de suelos, estamos dejando pasar una oportunidad para dejarle a las generaciones algo distinto a lo que recibimos”.

• Hay opacidad

Carlos Aguirre Arias (del colectivo Cimtra Jalisco)

Carlos Aguirre lamenta que la Conafor recurra a los argumentos como la “conveniencia técnica y la declaración de desierta” de licitaciones públicas para asignar directamente contratos millonarios, “son argumentos que se deben fortalecer y comprobar… y demostrar que técnicamente fue más conveniente asignar que licitar”.

El problema, a decir del especialista, es que la dependencia se refugia en estos argumentos para seguir con la opacidad con lo que se logra beneficiar a ciertas empresas y proveedores, “no sabemos si son capaces de dar el servicio que se necesita”.

Para evitar casos de corrupción, propone la creación de un padrón nacional de empresas sancionadas con historial de irregularidades, incluso con procesos judiciales, de manera que el comité de adquisiciones las vete. También plantea fortalecer las figuras de contralorías ciudadanas y realizar una auditoría interna a la Conafor. “Se deben sancionar los funcionarios que ignoran estas irregularidades de las empresas y las siguen contratando”.

Por otra parte, considera necesario impulsar una reforma para que los funcionarios implicados en los procesos de contratación presenten su declaración 3de3 y se logre la mayor transparencia en los procesos de compras gubernamentales.

En lo que refiere a las licitaciones declaradas desiertas, señaló que “muchas veces utilizan las mismas normas para que se declaren desiertas, como el elevar la cotización para que se asigne a un proveedor”.

TELÓN DE FONDO

A la baja

El presupuesto de la política forestal se ha desplomado en esta administración. Entre los años 2013 y 2017, el Programa Nacional Forestal (Pronafor) pasó de cuatro mil 605 millones de pesos a mil 966 millones.

Las metas del Pronafor consisten en impulsar la reforestación y la entrega de apoyos a particulares para cuidar, mejorar y aprovechar los recursos forestales, pero la falta de recursos ha sido una constante. Sin embargo, ante la caída del presupuesto, también se disminuyó el número de beneficiarios: pasaron de 32 mil apoyos a sólo nueve mil en el periodo en referencia.

Para Jorge Fernández, gerente de Planeación y evaluación de la Conafor, “la reducción del presupuesto obedece a circunstancias del contexto económico tanto a nivel nacional e internacional, que han obligado a hacer ajustes”.

Con ese contexto, si bien existe una reducción en la plantilla de la Conafor de 239 burócratas entre 2016 y 2017, su costo aumentó de 882.4 millones a 912.6 millones de pesos. Menos apoyos forestales y más gasto en la nómina.

Sergio Humberto Graf Montero, investigador de la Universidad de Guadalajara, remarca que el principal problema que enfrenta Comisión es la reducción de presupuesto a programas importantes. Añade que, de mantenerse los recortes federales en materia forestal, el Programa de Pagos de Servicios Ambientales disminuiría hasta 80% en cinco años, lo que dejaría desprotegidas más de un millón 500 mil hectáreas de bosques que hoy reciben este beneficio.

INVESTIGAN ANOMALÍAS POR 844 MILLONES

Por las presuntas anomalías detectas por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto de la Conafor, la dependencia tiene siete investigaciones en proceso por posible responsabilidad administrativa, contra servidores públicos que habrían incurrido en irregularidades en el manejo de recursos correspondientes a los ejercicios presupuestales de 2011 a 2014.

Con corte al 31 de marzo de 2017, el monto de las probables anomalías son por 844.2 millones de pesos.

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