México dice defender derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (01/ABR/2011).- El Gobierno mexicano reiteró, ante representantes de la ONU, su plena voluntad y compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, así como sus obligaciones en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Guerrero.

Ayer, mediante un comunicado, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que México examinará de forma cuidadosa cada una de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como parte de su pleno compromiso para la protección y promoción de las garantías individuales.

Ambas dependencias informaron, de manera conjunta, su satisfacción por la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, iniciada el 18 de agosto y que incluyó más de 25 reuniones con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como giras por Chihuahua, Coahuila y Guerrero.

En ese contexto, la cancillería y la Segob resaltaron la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que incluye medidas para garantizar la reparación del daño y armoniza el orden jurídico interno con los compromisos internacionales de México.

Igualmente destacaron la entrada en vigor de la reforma constitucional relativa al juicio de amparo y de la reforma constitucional en materia de justicia penal. Se trata de más de 40 modificaciones que favorecen los derechos de las víctimas e incorpora el principio de presunción de inocencia y la prohibición de toda incomunicación o tortura, entre otros.

Durante el encuentro con el grupo en que participaron autoridades de los tres niveles de Gobierno y de los distintos Poderes de la Unión se resaltó la presentación, efectuada por el Ejecutivo federal, de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que propone excluir de la jurisdicción militar el delito de desaparición forzada.

Además el proyecto de reforma al Artículo 215-A del Código Penal Federal, que armoniza la tipificación del delito de desaparición forzada con los estándares internacionales en la materia.

En ese marco, el Gobierno mexicano reiteró su plena voluntad y compromiso con sus obligaciones en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco.       

Otros temas

La SRE y la Segob comentaron que debido a la escalada de violencia generada por el crimen organizado se vio obligado a que las fuerzas armadas participen de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país.
 
De igual forma señalan que el Ejército Mexicano, en su convicción por respetar y proteger los derechos fundamentales de los mexicanos, ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lucha anticrimen

Naciones Unidas pide al Ejército dejar las calles “en el corto plazo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Porque el personal militar no está entrenado para realizar actividades propias de la Policía o interactuar con civiles, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) pidió al Gobierno mexicano que considere “en el corto plazo” la retirada de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

Los expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitaron Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo y Saltillo, señalaron en una rueda de prensa que basaban su petición en un amplio número denuncias contra fuerzas castrenses, y explicaron que esta recomendación forma parte de un informe preliminar cuyo texto final será dado a conocer en marzo de 2012.

Tras concluir una visita a México de dos semanas, el grupo señaló en el informe preliminar que las desapariciones forzadas en el país han sucedido en el pasado “y continúan ocurriendo en la actualidad. La lógica del Ejército y la Policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados”, dice el documento del GTDFI.

El Grupo de Trabajo de la ONU recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas: mientras que grupos civiles reportan tres mil casos desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que se ha pasado de cuatro quejas en 2006 a 77 el año.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón, cuyo mandato inició en 2006 y concluye en noviembre de 2012, estableció como estrategia central el combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, desplegando a miles de militares y agentes federales en distintos puntos del país.