Llevarán ley de Arizona a la CIDH

TUCSON, ARIZONA (25/MAY/2010).- Senadores de las principales fuerzas políticas de México acordaron con legisladores demócratas de Estados Unidos “denunciar” la ley SB1070 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por atentar contra las garantías individuales de migrantes, y así tratar de frenar una serie de iniciativas similares que están listas en el Congreso estadounidense.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, citadas por senadores, al menos 14 entidades estadounidenses preparan leyes similares a la SB1070 de Arizona.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte; Adriana Gónzalez Carrillo; Emma Larios Gaxiola; Guillermo Anaya Llamas; Ernesto Saro Boardman; el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Silvano Aureoles; la perredista Claudia Corichi García y el priista Alfonso Elías Serrano, tuvieron este lunes por la tarde una audiencia pública con organizaciones no gubernamentales frente al capitolio de Phoenix, ciudad en la que se concentran las protestas de condena por esta ley.

Silvano Aureoles dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó al Senado un diagnóstico en que legisladores republicanos de por lo menos 14 estados tiene preparadas iniciativas similares a la que promueve la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.

El senador Luis Alberto Villarreal citó, entre otros a Georgia, Utah, Texas, Ohio, Carolina del Norte y Mississippi.

Al respecto el senador panista Guillermo Anaya comentó que “como legislador de Coahuila y por lo tanto fronterizo, me preocupa que se pudiera dar un efecto de réplica en otros estados de la Unión Americana, lo cual sería algo verdaderamente lamentable ante lo cual debemos trabajar intensamente para impedir un escenario de esta naturaleza”.

Sin plan de acción inmediata

En conferencia de prensa, los legisladores mexicanos admitieron que el Gobierno federal no cuenta aún con un plan de acción para enfrentar el regreso masivo de connacionales en caso de que esta ley entre en vigor el 29 de julio.

“No venimos a manifestarnos, sino a escuchar, a darles solidaridad a los paisanos, y a exponer nuestros puntos de vista a los legisladores de Arizona para que se den cuenta de todos los riesgos que implica esta ley”, precisó Guillermo Anaya.

Emma Larios dimensionó con dos cifras el riesgo de instrumentar esta ley para la economía de Arizona: “Diariamente cruzan la frontera alrededor de 65 mil mexicanos, que dejan una derrama económica de siete millones de dólares al día”.

Los senadores mexicanos se reunieron con legisladores demócratas para condenar de manera conjunta la llamada “ley Arizona” o ley SB1070.

Al término del encuentro, difundieron una declaración de siete puntos, entre los cuales se establece que en caso de que la ley entre en vigor se diseñará un plan de acción para que los estados puedan recibir la ola de connacionales que podrían ser expulsados a partir del 29 de julio.

El acuerdo se alcanzó durante la Conferencia Binacional de Legisladores y Funcionarios Fronterizos que se prolongó por más de dos horas en Nogales, Arizona.

Imparable el flujo de indocumentados

Las detenciones de inmigrantes indocumentados en Arizona se incrementaron 6% desde el pasado 1 de octubre hasta el 30 de abril con relación al mismo periodo en 2008-2009, informó la Patrulla Fronteriza.

Según este cuerpo que cuenta con cerca de tres mil 200 agentes, en total se hicieron 148 mil 232 detenciones, ocho mil más que en el periodo 1 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2009.

La ley, que entrará en vigor a finales de julio, parece causar más temor en los inmigrantes sin documentos que ya están en Estados Unidos que en los que desean cruzar la frontera a pesar de los peligros.

“Qué le vamos hacer, que sea lo que Dios quiera”, dijo el mexicano Mario Martínez, de 36 años, quien junto a otros cinco hombres, lleva más de siete días en la ciudad fronteriza de Nogales (Sonora) esperando “el mejor momento” para el cruce.

Este grupo ya ha sido detenido dos veces por la Patrulla Fronteriza, la última vez cuando llevaban tres días caminando por el desierto, pero aun así no han perdido la esperanza de llegar a Tucson (Arizona), donde esperan ser transportados hasta su destino final: Los Ángeles (California).

REACCIONES

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Cancillería
Un fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra la Ley SB1070 de Arizona detendría otras legislaciones antiinmigrante en ese país, anticipó el consultor jurídico de la cancillería, Joel Antonio Hernández. 

El funcionario externó que la red consular está lista para defender a los mexicanos contra cualquier abuso. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores acompaña como “amicus curie” (seguimiento amistoso) las tres demandas que hasta el momento han presentado organizaciones de derechos humanos ante la Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana contra la dicha ley. 

Explicó que si se declarara la inconstitucionalidad de esa propuesta, en su momento se podrían combatir otras legislaciones en curso que se pretendan promulgar en diversas entidades de la Unión Americana.

Conapred
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realiza un análisis interno para determinar el programa de trabajo que llevará a cabo a finales de julio, en respuesta a la entrada en vigor de la Ley SB1070 de Arizona.

El titular del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, recordó que el consejo a su cargo está contra esa norma porque “es discriminatoria y racista”, además de que tendrá un efecto contra los mexicanos y otros sectores latinos, incluso de personas que vivan legalmente en Estados Unidos.

En ese sentido, destacó que el Conapred comparte el rechazo a esa legislación expresado ante el Congreso de Estados Unidos por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el mandatario estadounidense Barack Obama.

Asimismo, lamentó la postura de los republicanos en la Unión Americana, quienes por un asunto de filiación partidista desacreditaron el fondo del reclamo de ambos jefes de Estado.