La PGR enfrenta millonaria demanda

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la que es una de las demandas civiles por reparación del daño más cuantiosas de la historia en México, y que oscila en 3 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la República (PGR) está acusada por partida doble.

Primero, por un empresario farmacéutico a quien acusó indebidamente de piratería a instancias de los laboratorios Bristol Myers Squibb de México; y luego que el acusado fue exonerado, la compañía transnacional responsabilizó a la dependencia federal de ser la que actuó erróneamente al no impedir su demanda, que llevó al afectado a pasar casi nueve meses en la cárcel.

La trama comenzó el 8 de mayo de 2007, cuando el empresario farmacéutico Ricardo Avelino Javer Fernández fue detenido por agentes federales al salir de su casa, en Morelia, Michoacán. Diez horas después, en el Reclusorio Norte del DF, sabría que los laboratorios Bristol Myers lo acusaban de piratería, por dos ampolletas de un medicamento presuntamente alterado y que “curiosamente” detectó en 2005 un médico ligado a una de las empresas distribuidoras de medicinas a la que Javer Fernández rechazó comprar por sus elevados precios.

Ocho meses y 21 días después, tras demostrarse que no existían pruebas sobre la falsificación o alteración del medicamento, y que Bristol Myers carecía de personalidad para acusar a Javer Fernández, el caso culminó con el fallo absolutorio dictado por la juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Olga Sánchez, y fue ratificado tres meses después por el entonces magistrado del Sexto Tribunal Unitario, José Ángel Mattar Oliva, según los expedientes 56/2007 y 109/2008, respectivamente, a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El desenlace judicial dejó abierta la puerta a la demanda civil por parte del afectado y su empresa, Fernández y Javer SA de CV, dedicados a la compra, venta y distribución de medicamentos y material de curación, debido a que los fallos judiciales consideraron “ilegal” la acusación hecha por la transnacional y respaldada por la PGR sobre el presunto delito de violación a la Ley de la Propiedad Industrial, en su modalidad de vender en forma dolosa productos falsificados.

De hecho, las resoluciones judiciales se produjeron luego de que, durante los dos años previos al encarcelamiento del empresario farmacéutico, la propia PGR había considerado archivar por falta de pruebas hasta en dos ocasiones la querella de Bristol Myers, pero en mayo de 2008 —y en menos de 24 horas— la denuncia se reactivó y se consignó con los mismos elementos ante un juez federal.