La CNDH podrá sancionar desacato de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO (02/FEB/2012).- El Senado de la República aprobó reformas que facultan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer denuncia penal y administrativa en contra de los servidores públicos que no acaten las recomendaciones que emita dicho organismo.

Además, la CNDH investigará violaciones graves de derechos humanos cuando así lo decida el presidente del organismo o lo pida el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso, algún gobernador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas estatales.

Según los cambios, avalados con 80 votos a la Ley de la CNDH, esta podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y estatales que vulneren los derechos humanos.

Ello incluye también los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

De igual manera, podrá solicitar al Senado, a la Comisión Permanente y a los congresos locales, que cite a comparecer a las autoridades o servidores públicos, para explicar su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones.

Por su parte, los servidores públicos deberán atender los llamados a comparecer para explicar su negativa a acatar las recomendaciones, y la CNDH determinará si la explicación es suficiente o no, acordaron los legisladores en la primera sesión ordinaria de 2012.

Si la CNDH decide que la explicación es insuficiente, se lo informará al funcionario y se le preguntará si acepta o no cumplir la recomendación, y si la negativa persiste, la CNDH levantará una denuncia ante el Ministerio Público por la reiteración de la conducta.



FICHA TÉCNICA

Las modificaciones

El dictamen no incluía otorgar facultad a la CNDH para presentar denuncias penales.

El legislador Tomás Torres propuso modificaciones para otorgar dicha potestad, lo que fue avalado unánimemente con 72 sufragios a favor.

Los cambios turnados a la Cámara de Diputados, armonizan dichas legislaciones con la reforma constitucional en derechos humanos que aprobó el Congreso en 2011.